Eutanasia, cuidado y poder
Una advertencia desde el derecho humano a morir
Mikel-Tar Orrantia Diez y Ona Albizu; con la colaboración de la IA ChatGPT.
(*) Ver al final nota biográfica de los autores.
Gernika (Bizkaia), 05/01/2026
Introducción-manifiesto
El derecho a morir es un derecho humano fundamental. No se trata de negar la vida, sino de reconocer la libertad concreta del ser humano frente al sufrimiento extremo, la pérdida irreversible de biografía y la imposición de una existencia reducida a mera persistencia biológica.
Defenderlo exige, al mismo tiempo, sostener la vida vulnerable y garantizar cuidados plenos: solo así la muerte asistida puede ser un acto de libertad y amor, y no un sustituto del abandono.
1. Cuando la eutanasia sustituye al cuidado: el riesgo estructural
El riesgo central en el debate contemporáneo sobre la eutanasia no es moral ni individual, sino político y estructural. No reside en el acto de ayudar a morir, sino en el desplazamiento funcional que se produce cuando la eutanasia ocupa el lugar que deberían ocupar el cuidado, los tratamientos, los paliativos y el apoyo social.
Toda decisión humana se ejerce dentro de condiciones materiales concretas. Hablar de autonomía sin atender el contexto sanitario, económico y social equivale a vaciarla de contenido real. Cuando las condiciones para vivir dignamente fallan, la eutanasia puede convertirse en una respuesta racional al abandono, más que en una expresión plena de libertad.
Especialmente en enfermedades crónicas incapacitantes, como la encefalomielitis miálgica (EM), vivir implica enfrentarse a sufrimiento prolongado, descrédito médico y aislamiento social. En esos casos, solicitar la eutanasia puede aparecer no como elección libre, sino como la única salida viable a una vida estructuralmente invivible.
Sin embargo, en el caso de la encefalomielitis miálgica (EM) -y astutamente mal llamada SFC-, esa “vida estructuralmente invivible” no es un accidente ni una fatalidad biológica sino una construcción política basada en una desposesión epistémica.
Durante décadas, una enfermedad neuroinmune devastadora ha sido degradada a fatiga, trastorno funcional o problema psicológico, expulsándola del campo de la medicina legítima. Ese desplazamiento ha permitido -y permite- a los sistemas sanitarios, aseguradores y laborales negar investigación, tratamientos, invalidez, cuidados y reconocimiento.
La ausencia de opciones terapéuticas no es el origen del problema, sino su resultado. Cuando una persona con EM solicita la eutanasia, lo hace como un desenlace lógico, desde una biografía previamente vaciada por un sistema que decidió no mirar, no investigar y no reconocer. La eutanasia -y el suicidio- aparece entonces no al final del cuidado, sino al final de la negación.
Existe una asimetría entre cuidar y matar. Cuidar exige tiempo, inversión sostenida, personal cualificado, investigación, escucha y acompañamiento. Facilitar la muerte puede organizarse mediante protocolos rápidos y costes acotados, generando un sesgo peligroso: allí donde los recursos son escasos, la eutanasia puede parecer la opción “razonable”.
Este desplazamiento no es fruto de mala intención individual, sino de una lógica sistémica: cuando los sistemas fallan en atender la cronicidad o el sufrimiento prolongado, la eutanasia puede convertirse en un mecanismo de cierre, sustituyendo el cuidado por la muerte asistida.
2. La distinción decisiva: acto ético interpersonal y dispositivo institucional
No es lo mismo la eutanasia como acto ético interpersonal que como dispositivo institucional.
El acto interpersonal ocurre en el ámbito de la relación humana extrema: vida que ha dejado de ser biográfica, petición libre, vínculo afectivo y acompañamiento responsable. En ese marco, ayudar a morir puede ser un gesto moralmente legítimo, incluso un acto de amor, reconociendo al otro como sujeto pleno hasta el final.
La eutanasia institucional, por el contrario, entra en estructuras de poder, administración y prioridades presupuestarias, corriendo el riesgo de convertirse en una herramienta de gestión del sufrimiento social si se despliega sin garantizar cuidados, apoyos y derechos previos. En esos casos, el gesto ético puede transformarse en coartada ética de un fracaso político.
Defender la eutanasia como acto ético exige, por tanto, oponerse al uso de la muerte como sustituto del cuidado.
3. El derecho a morir como derecho humano… y su límite político
El derecho a morir es un derecho humano universal.
Reconocido legalmente, dignifica la libertad frente al sufrimiento extremo y a la imposición de una vida reducida a mera persistencia biológica. Negarlo por motivos religiosos, ideológicos o estatales es una forma de tutela autoritaria sobre la existencia humana.
En contextos como el de la EM, este límite político se vuelve dramáticamente visible. Cuando el Estado reconoce con precisión jurídica el derecho a morir, pero sigue negando la existencia biomédica de la enfermedad, el acceso a tratamientos y la protección social, la libertad se vuelve asimétrica.
Se ofrece una salida definitiva a quien nunca se le ofreció una vida habitable. El derecho a morir permanece formalmente intacto, pero el derecho a vivir fue previamente retirado.
En ese escenario, la eutanasia deja de ser solo una elección individual y pasa a formar parte —aunque nadie lo declare— de un régimen de gestión del abandono.
Este derecho sólo puede ejercerse plenamente dentro de un ecosistema de derechos efectivos a la vida digna: cuidados paliativos, apoyo social, atención médica y condiciones materiales básicas. Sin ellos, la libertad de morir se ejerce bajo una desigualdad estructural, y corre el riesgo de transformarse en un derecho negativo perverso: desaparecer porque el sistema no sabe o no quiere cuidar.
La defensa del derecho a morir exige política del límite: límite a su uso como solución rápida o sustituto del cuidado. Solo así cumple su función emancipadora: proteger la libertad última sin erosionar el valor social de la vida vulnerable.
El derecho a morir solo dignifica cuando no encubre la renuncia colectiva a cuidar.
Defender la eutanasia como derecho humano implica, paradójicamente, una exigencia máxima al Estado y a la sociedad. Exige que la muerte asistida sea siempre el último recurso, nunca la solución más disponible. Exige que antes de ofrecer la muerte se haya ofrecido todo lo necesario para sostener la vida. De lo contrario, se produce -como es el caso de la encefalomielitis miálgica entre otras- una inversión moral de gran alcance: el sistema aprende a gestionar la muerte con eficacia jurídica y lenguaje compasivo, mientras normaliza la precariedad, el abandono y la invisibilidad de la vida vulnerable. En ese escenario, la eutanasia deja de ser expresión de libertad y se convierte —aunque nadie lo pretenda— en una forma elegante y silenciosa de violencia estructural.
Conclusión
El debate sobre la eutanasia enfrenta tres actores fundamentales:
* Quienes defienden el derecho a vivir con dignidad y sostener la vida vulnerable.
* Quienes buscan garantizar el derecho a morir como derecho humano, libre y consciente.
* Quienes, por motivos ideológicos o religiosos, o incluso estatales, niegan la libertad de morir por voluntad autónoma y lúcida, argumentando que la vida pertenece a Dios o al Estado y no al sujeto que la habita.
Sostener el derecho humano a morir implica una responsabilidad política ineludible: no permitir jamás que este derecho sustituya al deber colectivo de garantizar una vida vivible. Solo entonces la eutanasia puede seguir siendo, sin cinismo ni impostura, un acto de amor.
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(*) Nota biográfica de los autores:
Mikel-Tar Orrantia Diez Maestro industrial, licenciado en Periodismo y Publicidad, máster en Historia Contemporánea y doctorando en Historia y Relaciones Internacionales. Fundador y dinamizador del Colectivo y Revista libertaria vasca ASKATASUNA (Bruselas 1970 – Bilbao 1980). Autor, entre otras publicaciones, de Por una alternativa libertaria y global (1979) y Los centros del poder. La Trilateral (1980). Experto en comunicación corporativa.
Ona Albizu es Doctora en ciencias, y defensora de los derechos de las personas afectadas por encefalomielitis miálgica desde distintas plataformas y asociaciones de enfermos, además de embajadora de ME-International.
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Mikel Orrantia Diez -Tar
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