El mundo está inmerso en una espiral de descrédito del conocimiento científico, promovido por intereses económicos y auspiciado por corrientes políticas populistas. Europa se está subiendo a ese carro, por ejemplo al relajar las regulaciones ambientales que afectan a actividades contaminantes.
El rechazo a la protección de la anguila europea en España por parte de las comunidades autónomas, materializado este martes 17 de febrero, podría considerarse otro ejemplo de esta corriente.
La anguila europea (Anguilla anguilla) se encuentra al borde de la extinción. Desde 1980 su población se ha derrumbado. Los declives superan el 90 % en todos los indicadores, y la tendencia sigue siendo negativa. A pesar de esa pésima situación, la especie es aún objeto de pesca comercial y se vende y se consume con total normalidad.
El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) es el organismo asesor de la Unión Europea en temas de pesca. Su grupo de trabajo sobre la anguila lleva 25 años aconsejando que cese la explotación de este animal. Inicialmente se recomendaba “llevar las capturas a valores tan cercanos a cero como sea posible”, pero desde 2021 se pide de forma inequívoca el cierre de las pesquerías.
El pobre estado de conservación de la anguila europea llevó a su catalogación como especie “en peligro crítico de extinción” en 2008, según los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
Recientemente se ha llevado a cabo una evaluación de la especie en España. El resultado, preocupante pero poco sorprendente, ha sido el mismo que el de la evaluación global: “En peligro crítico de extinción”.
La evaluación española fue independiente de la global y se basó exclusivamente en datos españoles. Buena parte de ellos fueron generados por las comunidades autónomas que ahora se oponen a su protección.
La propuesta de protección
El Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), creado por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluye los componentes de la biodiversidad amenazada. En él se consideran “en peligro de extinción” las especies “cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando”.
Parece poco opinable que la anguila cumple las condiciones para estar en este catálogo ya desde su primera versión, publicada en 2011. Pero, por sorprendente que pueda parecer, la anguila no está amparada por ninguna figura de protección. Y seguirá sin estarlo.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cuenta con dos dictámenes de su Comité Científico, de 2020 y 2024, que promueven la protección de la anguila.
El último, apoyado unánimemente por las 19 personas que integran ese comité, todas ellas reconocidas expertas en conservación de la biodiversidad, proponía su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie en peligro de extinción. Esta catalogación implicaba el fin de la explotación comercial.
A finales de enero, la ministra del MITECO Sara Aegesen se rodeó de reconocidos chefs para anunciar que propondría a las comunidades autónomas la protección de la anguila siguiendo el consejo del Comité Científico.
El papel de las comunidades autónomas
En España la competencia de los listados estatales de protección es del MITECO, pero éste ha delegado esa responsabilidad en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Se trata de un organismo consultivo con representación del Estado y las comunidades autónomas. Dentro de éste, los temas de biodiversidad se tratan en el Comité de Flora y Fauna Silvestres, el que se ha reunido este martes y ha decidido, contra toda evidencia científica, aparcar la protección de la anguila.
Durante los días previos a la reunión varios responsables políticos autonómicos se han pronunciado en contra de la protección de la anguila. Usaban dos tipos de argumentos: que la anguila es el medio de vida de muchas familias y que falta información.
La consellera do Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde, decía en Instagram que la protección de la anguila no está avalada por informes técnicos, mientras el director general de Pesca del Gobierno de Asturias, Francisco J. González, defendía que la gestión de la especie en la región, donde sólo se pesca angula, es “un modelo de sostenibilidad […] cuyos buenos resultados son verificables”.
El director general de Política Marítima y Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Antoni Espanya, también considera que su administración hace una gestión sostenible, que la pesca tiene un efecto “mínimo” sobre la anguila, y que faltan datos completos de la situación.
Estos ejemplos son fácilmente desmentidos con la información disponible. En el Delta del Ebro, por ejemplo, la propia Generalitat tiene un seguimiento científico a largo plazo que debería ser un modelo en el Estado, y que aporta esos “datos completos” de la situación de la anguila que esa misma administración dice necesitar. En la reunión de este martes se ha acordado la creación de un grupo de trabajo para promover nuevos seguimientos y tener más datos científicos, cuando los ya existentes justifican más que de sobra la protección.
Respecto a la importancia socioecómica de la explotación de la anguila, los datos hablan por sí mismos. En el Delta del Ebro, Antoni Espanya habla de 250 familias que “complementan sus ingresos” con la anguila. En Galicia se estima que casi 100 embarcaciones generaron algo menos de 600 000 euros con la pesca de esta especie (no llega a 6000 euros por embarcación). En Euskadi, en la última campaña de pesca de angula, 150 licencias generaron unos 100 000 euros en ventas (ni 1000 euros por licencia). Está claro que en España no se puede vivir de pescar anguilas.
Negar la evidencia
Las comunidades autónomas han negado la protección de la anguila. Se basan en información falsa o tendenciosa y niegan o minimizan el amplio, sólido e inequívoco conocimiento sobre el estado de la especie. El desprecio al saber acumulado para favorecer intereses cortoplacistas resulta en un perjuicio para el bien común.
Las dificultades para proteger a la anguila nos ponen en el espejo de cuánto estamos dispuestos a cambiar como sociedad para paliar las diversas crisis ambientales a las que nos enfrentamos. Parece que es casi nada. Dejar de pescar, vender y comer anguila debería ser muy fácil. Los sacrificios personales de los consumidores son minúsculos y la sociedad puede perfectamente dar alternativas y asumir compensaciones para las personas que pudiesen verse afectadas.
Si no podemos afrontar un cambio tan sencillo y respaldado por una información científica tan abrumadora como es la protección de la anguila, ¿cómo encararemos los retos gigantescos que tenemos por delante? Por ejemplo, la aridificación del territorio, la pérdida de costa y las invivibles olas de calor.
Miguel Clavero Pineda no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
