La escena parecía diseñada para funcionar en redes. Dos imágenes enfrentadas, un antes y un después, un culpable claro. A un lado, “Hussein Obama”. Al otro, “Trump”. El mensaje era sencillo: deterioro frente a mejora. Pero duró poco. La comparación que ha difundido Donald Trump sobre la Piscina Reflectante de Washington no resiste una revisión mínima. Ni técnica. Ni visual. Basta detenerse unos segundos. Mirar con calma. Las dos imágenes que supuestamente representan momentos distintos en el tiempo muestran exactamente las mismas nubes.
Leo con cierto estupor este artículo en el que se afirma que "Menéame no es lo que era y menos que lo va a ser", y a grandes rasgos, se indica la importancia que tiene para administración actual los suscriptores de forma poco velada, exagerando su aportación o infravalorando sus molestias. También se muestra de forma sibilina los inconvenientes que tiene para la administración los usuarios molestos.
El gráfico, si bien muy directo, carece de información en dos sentidos: en que omite el verdadero sentir de la administración e ignora distintas variables dentro de los diferentes grupos de usuarios supuestamente analizados.
Así que, como "brújula moral de Menéame" (descrito así sarcásticamente por el CEO de Menéame), permitidme que desgrane un poco dicho artículo.
Empecemos por los usuarios anónimos.
El grueso de visitas que obtiene Menéame, como era de esperar. Lo de que "votan" hay que entrecomillarlo: los votos de los usuarios anónimos son, evidentemente, anónimos, y dichos votos no cuentan para el cálculo de karma de los meneos, por lo que sus votos no "generan" la portada ni influyen en los subs. Tampoco pueden votar negativo y, como usuarios no registrados, no pueden votar los comentarios ni las notas. Esto es así porque, si sus votos contaran para el karma, sería muy fácil organizar votos masivos mediante el uso de proxies o VPNs.
Estos usuarios anónimos son la inmensa mayoría (rondando el 95% de las visitas que recibe Menéame) por lo que generan, por inercia, muchos más ingresos en publicidad que los "hard users"). Ocurre que, al ser "soft users", es decir, que entran ocasionalmente y durante cortos espacios de tiempo, la mayoría no tiene la necesidad de usar un bloqueador de publicidad para conseguir una navegación cómoda en el sitio, algo que gran parte de los "hard users" hacen debido a que la navegación en Menéame es bastante complicada y molesta debido al gran número de publicidad que se encuentra en el site (por no mencionar los fallos de formato habituales). Es muy probable que buena parte de ellos ni siquiera sepa instalar un bloqueador de publicidad en el navegador del smartphone usando el navegador principal por defecto del mismo.
Los "hard users" también generan ingresos por publicidad, pero mucho menos. Primero, porque el número de "hard users" es bastante más bajo y, segundo, por lo mencionado anteriormente: utilizar de forma productiva Menéame es complicado si no se utiliza un bloqueador de publicidad.
Entre los "hard users", se hace la siguiente diferenciación:
Lo primero es que no se diferencia el tipo de aportes que hacen ni el tipo de molestias que causan. Entre las diferentes formas de aportar en Menéame están las siguientes:
Meneando contenido.
Creando artículos.
Dando actividad a los subs.
Haciendo comentarios constructivos o que añadan información.
Regulando contenido con votos positivos y negativos.
Regulando comentarios con votos positivos y negativos.
Haciendo comentarios críticos.
Pero ¿cuáles son las molestias? Podríamos meter en este grupo las siguientes:
Insultar a otros usuarios.
Protestar por la moderación.
Protestar por la ausencia de moderación ante los que infringen las reglas.
Hacer spam o explotar los bugs de la página.
Hasta que llegamos al limbo de usuarios que no se sabe muy bien si aportan o molestan:
Hacer spam de forma más o menos legítima (ejemplo). Aportan bastante contenido, hacen pocos comentarios, no son molestos con otros usuarios o no molestan a los administradores.
Menean contenido con una clara intencionalidad política o ideológica, a menudo de forma monotemática, y con un alto índice de noticias sensacionalistas y bulos.
Regulan contenido con votos positivos o negativos, bien por afinidad ideológica (muchas veces ni leen el meneo), bien por percepciones personales sobre el usuario que ha agregado el contenido, y, en algunos casos, de forma coordinada.
Realizan comentarios en principio críticos, pero altamente agresivos, normalmente bajo un paraguas político o ideológico, sin llegar al insulto directo, pero fuera de la "netiqueta" y que suelen desvirtuar los diálogos.
Se ha observado que la actual administración toma como molestia los siguientes comportamientos de los "hard users":
Los que denuncian a la administración a los usuarios spammers.
Los que denuncian a la administración a los usuarios que podrían coordinar votos o usar clones.
Los que denuncian a la administración el mal uso de las condiciones de uso y normas de la página, siempre que ese "hard user" no sea suscriptor.
Por lo que vamos al siguiente punto.
Este gráfico es bastante falaz. Parte de la base de que los suscriptores son "hard users" y no es cierto. Sí es verdad que hay una parte que aporta contenido, pero hay una parte considerable que apenas aporta nada a la comunidad salvo el impulso económico. Entran muy poco, están suscritos gracias a algún tipo de promoción (ej: Filmin) y no les preocupa el funcionamiento de la página. Muchos de ellos ni siquiera votan en las iniciativas del llamado Consejo Consultivo.
Por otra parte, los suscriptores "molestos" son más bien pocos. Pero, claro, el número se incrementa si tomamos como suscriptores molestos a aquellos mencionados en el anterior punto, los usuarios cuyo comportamiento puede molestar a la administración.
En la última línea del gráfico se afirma lo siguiente:
Una vez más, la actividad de dichos usuarios es intrascendente para el funcionamiento de la página. Su única aportación son los ingresos que generan, además de un pequeño porcentaje de karma por hacer click en los meneos (influyendo escasamente en el cálculo, no en el incremento, en lo que se llama "bonus clicks").
Al mismo tiempo, estos usuarios no son nada molestos ya que no pueden votar negativo, y no tienen voz ni para opinar ni protestar, incluyendo a los administradores.
Analizando todo lo aportado hasta ahora, se entiende que la administración haya tomado tan fácilmente la decisión de eliminar Google, Twitter y Facebook como plataformas intermediarias de login. En el escalafón actual de importancia de usuarios, tenemos tres niveles:
Los que aportan económicamente, ya sea por no usar bloqueadores de publicidad o por estar suscritos.
Los que enlazan contenido que genere visitas y clicks, independientemente de la calidad de dichos enlaces o si se trata de spam o astroturfing.
Los que nunca dan guerra, ya sea porque no están registrados (y no pueden votar negativo o comentar) o porque pasan de todo y sólo vienen aquí a echar el rato.
Sin duda, la estrategia actual de la administración consiste en:
Conseguir un mayor número de suscriptores.
Si no pagas, que te calles o te largues a dar el coñazo a otra parte.
Recordemos que dos de las medidas más actuales que ha tomado la administración consiste en prohibir el uso de bloqueadores de publicidad (bajo riesgo de baneo) y banear a aquellos que amenacen con denunciar o hayan denunciado a Menéame de forma legal o administrativa.
Hasta ahora, para bien o para mal, de forma "legal" o "artificial" (votos coordinados, grupos de presión, etc.), el karma de los usuarios era decidido por los usuarios. Esta nueva dinámica puede sentar un peligroso precedente en que el karma está altamente influenciado por la administración mediante las premisas que ellos tienen sobre lo que es un usuario "valioso" y otro "molesto". Los usuarios que aportan y no son molestos, independientemente de que sean suscriptores o no, ya deberían tener un karma alto otorgado por la comunidad, cosa que, por otra parte, suele suceder (hay muchísimos usuarios con karma de 17 a 20 que aportan a la web y raramente causan problemas). Por otra parte, los usuarios que no aportan y que además molestan también deberían tener un karma muy bajo regulado por la comunidad... cosa que también ocurre (los que se dedican a insultar, trolear o soltar barbaridades suelen tener un karma de entre 5 y 7).
En otras dinámicas, el intervencionismo del karma de forma directa por parte de la administración puede abrir el melón al "karma de pago" (suscriptores, etc.), lo cual influenciaría el volumen de spam recibidoy un aumento de la percepción de impunidad para los usuarios suscriptores, además de un acallamiento de las voces discordantes con la administración (que no con otros usuarios), una estrategia, en mi opinión, poco democrática y bastante subjetiva y totalitaria.
En las ruinas de la que fue la ciudad portuaria de la antigua Roma, un equipo de investigadores ha conseguido extraer por primera vez evidencia científica sobre el uso real de unos enormes recipientes de cerámica conocidos como dolia (singular dolium).
The New York Times informó que el FBI “inició una investigación” contra su reportera Elizabeth Williamson después de que ésta publicara un artículo sobre el director del FBI, Kash Patel, titulado “La novia de Patel busca fama y fortuna, escoltada por un equipo SWAT del FBI”.
La expansión económica y las políticas de intervención estatal en la República Popular China han logrado una reducción histórica de la pobreza sin precedentes en la era moderna. Según datos del Banco Mundial y registros oficiales del Gobierno chino, el país ha sacado de la pobreza extrema a cerca de 800 millones de personas desde el inicio de las reformas de Deng Xiaoping en 1978. Esta cifra representa más del 70% de la reducción mundial de la indigencia en dicho periodo.
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Eran protestas previsibles. Eran integristas biologicistas. Apocalípticos y casi religiosos. Pero si ya teníamos implantes para ver, oir, movernos… la inmortalidad era sólo un paso más. Evidentemente accidentes y enfermedades aun nos podrían matar, pero los biologicistas aun protestaban. Para diferenciarlos, se barajaron varios nombres: Ciborgs, Inmortales... pero al final cuajó Tratados.
Tras el accidente del tren, muchos heridos necesitaron un transplante o donaciones de sangre, que cada vez había menos. Por presiones de los integristas, los protocolos priorizaban a los no Tratados.
Este es el pastel más representativo de la repostería rusa; es un pastel muy popular y muy apreciado, y no es de extrañar, ya que es delicioso y muy aromático. Por eso he decidido enseñaros a prepararlo en esta época del año, porque es perfecto para una mesa festiva. Esta receta es fácil de hacer, requiere tiempo y paciencia, pero merece mucho la pena. Se elabora con ingredientes básicos y económicos, fáciles de encontrar en cualquier supermercado. Por supuesto, lleva miel, que es un ingrediente esencial en esta receta.
etiquetas: receta, esbieta, svitlana, medovik, repostería, miel, rusia
El Gran Wyoming ha pasado este sábado por laSexta Xplica, donde ha conversado con José Yélamo sobre la actualidad nacional e internacional. Durante la entrevista, el presentador de El Intermedio se ha detenido en el caso Koldo, pero también ha aprovechado para establecer una comparación directa con la Operación Kitchen, una causa que, a su juicio, tiene una gravedad política muy superior.Preguntado por Yélamo sobre si el caso Koldo está ya “amortizado” para el PSOE, Wyoming ha rechazado dar por cerrado el asunto.
El Leapmotor B05 llega a España con intención de fabricarse en Zaragoza y con una propuesta muy agresiva en el segmento de los compactos eléctricos. Mide 4,43 metros y ofrece dos acabados, Life y Design, ambos con amplio equipamiento tecnológico y hasta 21 sistemas ADAS. Monta un motor de 218 CV y dos baterías LFP: 56,2 kWh (401 km WLTP) y 67,1 kWh (482 km WLTP). Sus precios oficiales parten de 26.264 euros, aunque con promociones y ayudas puede bajar hasta 19.500 euros, situándose muy por debajo de rivales como MG4, BYD Dolphin o Peugeot e‑308
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vivido un nuevo episodio de sus habituales encontronazos con la prensa. Ha ocurrido durante la entrevista que ha concedido al programa '60 minutes', de CBS, cuando la periodista Norah O'Donnell ha reproducido al mandatario una parte del manifiesto del atacante, Cole Allen, en el que dice: "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes". "Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque sois gente horrible."
La valenciana a la que amputaron el ano, el recto y la vejiga relata su «pesadilla» tras ser operada por un tumor maligno inexistente y pide la inhabilitación del ginecólogo investigado
etiquetas: amputaron, ano, recto, vejiga, tumor, inexistente
La plataforma tiene apenas dos años de vida, pero su contenido no deja de crecer gracias a la participación de los usuarios. Wikipedia viene a ponerle remedio con WikiFlix, una plataforma totalmente legal con más de 4.000 series y películas que ya está disponible en España. WikiFlix lleva en pie desde 2024, y desde entonces su catálogo no ha dejado de crecer con películas y series de dominio público. Por tanto, su visionado no es ilegal, ya que bebe no solo de Wikidata, sino también de otros repositorios, como Youtube. Para acceder a WikiFlix
etiquetas: gratis, plataforma, 4.000, series, películas, wikiflix, wikipedia
La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a partir del próximo curso tras completar sus tres años de formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas, según han anunciado los Reyes Felipe VI y Letizia en un comunicado.
etiquetas: princesa, leonor, esutidos, universidad carlos iii
El Bee Brick es un ladrillo que además de sostener paredes, aloja abejas. Lo que empezó como un proyecto de diseño sostenible se ha convertido en un fenómeno de política urbanística que se está extendiendo por el mundo. La mayoría de las abejas no produce miel, no tienen reina y no forman colonias. Eso sí, son polinizadoras de primera y algunas están especializadas en especies concretas. Su declive no tiene sustituto: si desaparecen, habrá plantas que se queden sin polinizador.
China lleva décadas aplicando una plan urbanístico inverso al occidental: construye primero infraestructuras como el metro para generar después la ciudad. Esto provoca imágenes de estaciones “en medio de la nada”, que en realidad son fases temporales de planes a 10–20 años. La estación de Caojiawan, inaugurada en 2015 en un paraje vacío, fue criticada por parecer inútil, pero hoy está rodeada de edificios y forma parte de un distrito tecnológico y comercial. Tiene el riesgo de inversiones enormes que endeudan la localidad, pero moldea la urbe
etiquetas: china, urbanismo, infraestructuras, ciudad
Mi madre tenía una taberna. Cuando era niño a veces ayudaba con las mesas a cambio de una propinilla.
A diario se sentaba en un rincón un viejo, el Tío Anselmo, a tomarse un porrón. Se lo bebía despacito, lo conduraba toda la tarde. A mí me causaba repugnancia. Olía mal, a vino rancio y sudor. Era viudo y sin hijos, vestía con descuido, estaba medio ciego. No entendía por qué mi madre le seguía poniendo el porrón y aceitunas porque casi nunca lo pagaba. Le atendía el primero, aunque otros hubiesen llegado antes.
Me fui con mi primo a trabajar a Cuba, volví años después al pueblo. Mi madre era ya casi una anciana y seguía en la taberna. El Tío Anselmo era un pajarillo acurrucado en su silla de siempre, apenas vivo. Ese día, conteniendo las lágrimas, yo mismo fui a llevarle el porrón y las aceitunas.
La Audiencia Nacional acaba de confirmar en sentencia lo que en Laboro llevamos años diciendo. En el finiquito os tienen que pagar los días de descanso semanal no disfrutados o la parte proporcional de los mismos, aparte del resto de conceptos del finiquito. Sea cual sea la causa por la que finalice la relación laboral: despido, fin de contrato temporal, dimisión, jubilación, extinción voluntaria indemnizada… Por ejemplo, si descansáis los sábados y los domingos y la relación finaliza el viernes, os tienen que pagar también el sábado y el domingo. La razón es que el descanso semanal y las vacaciones son derechos laborales independientes, por lo que os tienen que pagar los que no se hayan disfrutado de ambos.
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Dolores Vázquez, víctima de una condena injusta por el asesinato de Rocío Wanninkhof, ha afirmado este lunes que no ha recibido “ninguna” compensación económica y que “es el Gobierno quien tiene que decidir”.
“Es cierto que no me han compensado en nada económicamente, ni los 120.000 euros que se dijo que me habían pagado”, ha señalado ante los medios antes de recoger la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, que se celebra el 26 de abril.
Ha descrito la jornada como “muy especial”, marcada por el paso de casi 26 años y por su evolución personal: “Me siento una persona distinta; no olvido, pero lo llevo mejor”. También ha subrayado lo significativo que resulta poder pronunciar ahora palabras que antes no podía. “¿Y qué más os puedo decir? Que espero que sea una medalla muy bonita porque me la merezco, ¿no? y que siempre recordaré este día”, ha expresado.
Vázquez ha rememorado el impacto del juicio y la exposición mediática, asegurando que se sentía “como un mono de feria” ante la presencia constante de cámaras, algo que le generó “miedo” y “ansiedad”. “No podía con mi alma el miedo que tenía yo a la cámara”, ha añadido.
Vázquez ha rememorado el impacto del juicio y la exposición mediática, asegurando que se sentía "como un mono de feria"
Entre las secuelas, ha explicado que durante años no pudo salir a la calle ni ver la televisión, y que evitó gestiones básicas como apuntarse al desempleo. A día de hoy, ha indicado que no percibe una pensión y que vive con una ayuda.
Tras su salida de prisión, reconoce que estaba “muy enfadada” con el mundo, con los medios y con todo lo vivido, una situación para la que necesitó apoyo psicológico y psiquiátrico. Ha resaltado el sostén de su familia en ese periodo: “¿Quién me aguantaba en casa? Eran mis hermanas”.
"Hace muchos años que he perdonado"
Con el tiempo, asegura que logró perdonar. Entendió que el enfado permanente la estaba convirtiendo en alguien que no era: “He perdonado. Hace muchos años que he perdonado porque comprendí que estar enfadada con El Mundo, con la prensa, con todos, no era yo. Me estaba volviendo una persona que no era, no me encontraba, estaba en un pozo y no salía, pero poquito a poco estoy superando y eso es eso”, ha relatado.
Mirando al presente, Vázquez confía en recibir un perdón más amplio. Ha agradecido a la alcaldesa de Betanzos por ser la primera institución en pedirle disculpas públicamente y ha expresado su deseo de que ese reconocimiento llegue también desde otros ámbitos, incluida la sociedad y los medios de comunicación.
En la misma línea, ha reiterado que no ha recibido indemnización económica por los daños sufridos y que “es el Gobierno quien tiene que decidir”. “Y yo creo que con buena fe todo es posible”, ha concluido.
Vázquez fue detenida como principal sospechosa del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, hija de su expareja
Posteriormente, quedó absuelta tras la aparición de pruebas que apuntaron a Tony Alexander King como autor del crimen de Wanninkhof, después de que el ciudadano británico fuera arrestado por el abuso sexual y asesinato de Sonia Carabantes, de 17 años, el 14 de agosto de 2003 en Coín (Málaga).
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00:00 Intro 03:57 Why Are People Having Less Sex? 06:06 Why Is Rough Sex Increasing? 07:16 Is Dopamine Ruining Your Sex Life? 09:42 How Do You Find What Turns You On? 11:50 Why Does Performance Anxiety Kill Intimacy? 14:34 Why Do Couples Stop Having Sex? 17:56 What Is The Best Diet For Erectile Dysfunction? 20:58 What Are The Best Exercises For Sexual Performance? 28:29 What Can Erectile Dysfunction Signal? 30:59 Why Does Porn Work But Real Sex Does Not? 34:25 Why Do Morning Erections Matter? 35:50 What Are The Differences In Male Vs Female Arousal? 40:20 Why Do You Feel Tired After Orgasm? 41:24 How Does Stress Affect Your Sex Life? 43:19 How Does Sleep Affect Testosterone? 45:26 Do Microplastics Affect Hormones? 47:57 How Do Friends Affect Your Sex Life? 50:06 How Does Porn Affect Relationships? 53:10 Ads 55:12 Should Couples Use Sex Toys? 56:58 Can Sex Toys Become Addictive? 59:32 What Are The Best Positions For Female Orgasm? 01:00:50 What Is Squirting? 01:02:58 Why Does Sex Cause UTIs? 01:04:28 Why Do Humans Have Orgasms? 01:05:26 What Are Non Genital Orgasms? 01:08:57 Why Is Testosterone Declining? 01:11:05 Does Testosterone Affect Fertility? 01:14:50 What Are The Risks Of Anabolic Steroids? 01:16:55 Does TRT Affect Fertility? 01:23:38 How Does Body Image Affect Sexual Pressure? 01:25:40 Ads 01:27:43 Does Penis Size Matter? 01:31:38 Do Penis Enlargement Methods Work? 01:36:15 What Are The Toughest Cases Doctors See? 01:38:22 How Much Does Vaginal Size Vary? 01:39:33 Why Does Sex Feel Different With Each Person? 01:41:09 Can You Predict Penis Size? 01:41:52 Do GLP 1 Drugs Affect Libido? 01:44:45 How Do You Talk About Sex With Your Partner? 01:51:19 What Do Sexual Fantasies Mean? 01:56:44 What Should You Do If You Have Lost Hope?
El maltrecho instituto del silencio positivo, con más ruido doctrinal y legal que las nueces jurisprudenciales, ha recibido de la mano de la reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2026 (rec.5634/2023) un doble impulso (algo asi como una descarga eléctrica para devolver el corazón al ritmo cardíaco normal).
En el caso planteado, se trataba de resolver si había operado el silencio positivo por doble silencio (en vía administrativa y en recurso de alzada) en relación con la solicitud por empresa de sector eléctrico de cierre de las plantas de ciclo combinado. La materia es gris y el caso muy sectorializado pero sienta dos perlas generales de extremo interés, además de provocar un interesante efecto colateral en el derecho administrativo. Veamos.
Primero, la excepción al silencio positivo determinada por solicitudes que afectan al “servicio público” no se extiende ni comprende a los “servicios de interés general”.
Así, afirma la sentencia:
En primer término, por cuanto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC ), se establece una excepción a una regla general del efecto positivo del silencio, que no puede ser interpretada en términos amplios o extensivos. Y lo que este artículo LPAC excluye de la regla general son los supuestos que impliquen la «transferencia de facultades relativas al servicio público».
(…) De modo que no cabe considerar -como indica el representante de la Administración- que nos hallemos ante la excepción del artículo 24.1 LPAC , ante un supuesto de «transferencia de facultades inherentes al servicio público», por las razones antes apuntadas. Por cuanto no nos encontramos ante una actividad que se encuentra definida como un servicio público, sino ante el concepto autónomo y diferenciado de servicio de interés económico general, en el que el operador parte del derecho a ejercer su libertad empresarial, si bien sometido a las potestades públicas.
Por tanto, debemos tomar nota del criterio, pues de ahora en adelante, allí donde infinidad de leyes administrativas y no administrativas utilizan la locución «servicio público» habrá que entender que está excluido por ser cosa distinta y sin forzar su integración o analogía, eso de los Servicios de interés económico general.
Además de lo anterior, y a mayor abundamiento sobre esta alegación, cabe añadir que la misma es contraria al criterio jurisprudencial de esta Sala que considera que, una vez operado el silencio administrativo por concurrir los presupuestos necesarios para ello, no cabe un examen sobre la legalidad del acto presunto al margen de los procedimientos de revisión establecidos legalmente. La sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2011 (recurso 3347/2009 ) decía al respecto lo siguiente: «Ahora bien, una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar como realiza el Tribunal de instancia, un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que según el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 son nulos de pleno derecho los actos presuntos «contrarios» al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto, según declaramos, entre otras, en nuestra sentencia de uno de abril de dos mil cuatro, recaída en el recurso de casación 1602/2000 , que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecido por el artículo 102, o instar la declaración de lesividad».
Estos hallazgos que suscitarán muchas preguntas al administrativista atento.
De entrada, buena parte de los lectores se plantearán que, pese que los servicios de interés económico general, nacidos como concepto europeo para abrir el portillo a la liberalización, no son servicios públicos en sentido estricto, sí están fuertemente regulados. Ante esta hipotética objeción, la sentencia se adentra en reflexiones académicas, y como si se tratase de un tema de oposición a exponer, se carga de razón en varios cargados y cenicientos argumentos, lo que resulta sorprendente y revelador, pues los juristas veteranos sabemos lo que demuestra una explicación profusa, (i) supone asestar clavos al tejido mal cosido; (ii) oculta inseguridad vestida de gentileza; (iii) recuerda la vieja locución: «Excusatio non petita, accusatio manifesta».
Vemos la clase magisjurisprudencial, que nos brinda la sentencia comentada:
«El concepto de servicio público es, ciertamente difuso y poco estable. En la STC 127/1994, de 5 de mayo , el Tribunal Constitucional pone de manifiesto que la idea de servicio público no constituye una noción unívoca y si un concepto muy debatido por la doctrina científica sujeto a distintas elaboraciones y utilizado en diversos momentos históricos con finalidades también distintas.
En esta misma línea, este Tribunal Supremo (STS de 23 de mayo de 1997 ) hace referencia a la ambigüedad del concepto de servicio público.
Y es que, ciertamente, la idea de servicio público presenta un contenido propio que durante mucho tiempo se vinculó con la reserva de la titularidad del Estado de una determinada actividad o servicio, como sucedía en las precedentes leyes del sector eléctrico. Pero, como hemos expuesto, la actividad en este tipo de servicios ha experimentado una importante evolución al amparo del Derecho de la Unión Europea, de modo que se prescinde y se relega la noción clásica de servicio público que es reemplazada por otra diferente, la de servicio de interés económico general. En este nuevo entendimiento y a diferencia de la anterior regulación intervienen los particulares en régimen de competencia, si bien con reserva por parte del Estado de importantes potestades de intervención y control, como es la posibilidad de imposición de obligaciones de servicio público en aras al interés económico general para garantizar la seguridad del suministro (Directivas 2003/54/CE y 2009/72/CE).
Se puede afirmar así que, a pesar de que existen ciertas similitudes entre los dos conceptos, sí se advierten diferencias o desemejanzas entre el concepto de servicio público que incluye el artículo 24 LPAC y la idea de Servicio de Interés Económico General (SIEG) que se recoge en la vigente Ley del Sector Eléctrico. Y esta disparidad o diferencia a los efectos aquí debatidos no puede salvarse a través de una interpretación extensiva del concepto de servicio público, ni por el hecho de que la Administración mantenga relevantes facultades o potestades sobre la actividad de suministro eléctrico, pues, aun siendo así, tal circunstancia no permite concluir que son términos legalmente equiparables o asimilables entre sí.
El servicio público se ha venido considerando como una forma de intervención de los poderes públicos que se caracteriza porque éstos asumen la titularidad de una actividad, siendo una nota característica de esta noción en su versión estricta (o subjetiva) que la Administración Pública es titular de la actividad. La liberalización de los sectores económicos derivada de las normas de la Unión Europea y la necesidad de los poderes públicos de satisfacer las necesidades indispensables en la vida colectiva determinan que se acuñe el nuevo concepto de Servicio de Interés Económico General, que tiene en mayor consideración el objeto o a la prestación del servicio y sus condiciones, que justifica el poder de supervisión o control de los Estados del funcionamiento de los mercados. Se trata de dos diferentes conceptos que ponen el acento en uno u otro aspecto y que, si bien están interrelacionados y presentan un cierto paralelismo y notas comunes, su significado y alcance son distintos, pudiendo advertirse una evolución del concepto de los SIEG como un concepto autónomo desvinculado del de servicio público.
La evolución del concepto de servicio público al de servicio de interés económico general no ha tenido, no obstante, reflejo en la legislación procesal, a pesar de sucesivas reformas, (la actual Ley 39/2015, publicada en el año 2015) mantiene el término de servicio público en la excepción del doble silencio administrativo. La literalidad del artículo 24.1 LPAC se refiere en exclusiva a los servicios públicos y a las facultades inherentes al mismo y no cabe interpretar que sea homologable al de servicios de interés económico general, con características definitorias propias, no siendo términos equivalentes ni intercambiables. Estos últimos, los SIEG, no presentan la naturaleza ni las características propias de un servicio público, desde un punto de vista subjetivo, al no concurrir, la nota de la titularidad pública propiamente definitoria de estos últimos. Ni tampoco desde una perspectiva más objetiva, puede afirmarse que nos encontremos ante obligaciones de servicio público estrictamente considerada, como por ejemplo pudiera ser el bono social, en la que se define el carácter obligatorio de la prestación para quien realiza el servicio.
Aunque es evidente que existen potestades públicas de diferente intensidad en las distintas actividades del sector eléctrico, de producción, comercialización y operación del sistema, operación del mercado, transporte y distribución, es cierto que, en lo que aquí interesa, la entrada y salida en la actividad de producción están sujetas a un control previo de la Administración, como indica el artículo 21.1 LSE , al que hemos hecho mención.
La autorización es una técnica de intervención administrativa sobre actividades y servicios de interés económico general, que implica un pronunciamiento previo y expreso por parte de la autoridad competente que realiza una verificación preventiva de los riesgos de la solicitud. Y, que una vez obtenida, habilita al operador a materializar la actividad, o, en este caso, la clausura de ciertas instalaciones de producción. Esto es, es necesaria la obtención de un título jurídico que habilite al titular al cierre de las instalaciones. Se trata, en fin, de una potestad pública, una actividad de limitación que incide en la libertad del operador, siendo el título legitimador de la intervención de la Administración el de la seguridad o garantía de suministro. Y la exigencia de autorización previa determina una limitación a la libertad del operador, de modo que es una restricción que puede demorar o suspender la decisión empresarial del operador hasta que se emita la correspondiente autorización».
Tan razonada explicación no oculta que al final, todo el litigio descansa en la interpretación del límite a la conquista del silencio positivo que el legislador sitúa expresamente en «el servicio público», y se trata sencillamente de optar por la interpretación literal (en cuyo caso, se excluyen los «servicios de interés económico general») o por la interpretación finalista (en cuyo caso se incluyen en la prohibición, los servicios que comportan intensa tutela pública). Como es sabido, el art.3 del código civil no establece una primacía de la interpretación literal («sentido propio de las palabras») sobre la finalística («atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas»).Ademas quizá sería bueno tener presente “los antecedentes historicos y legislativos”, pues debemos recordar que el artículo sometido a interpretacion, el art.24.1 Ley 39/12015 tiene por antecedente literal el art.43.1 de la vieja Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En 1996 se publicará la Comunicación de la Comisión : «Los Servicios e interés general, y nace como categoría jurídica los “servicios económicos de interés general”.», lo que impone pensar que el legislador autor de la redacción original del precepto que se interpreta nunca la tuvo a la vista.
O sea, digámoslo claro: tanto se podía sostener un criterio como el contrario, pero siendo fijada doctrina casacional, ya ha quedado establecido uno solo.
Así y todo, la extensa explicación de la sentencia (que curiosamente no dicta fuentes doctrinales, siguiendo la tónica ibérica de no citar autores en sentencias) me recuerda la famosa frase de Oscar Wilde, referida al ámbito social pero aplicable, mutatis mutandis, a las prolijas explicaciones en términos jurídicos:
No vivas dando tantas explicaciones: tus amigos no las necesitan; tus enemigos no te creerán; y los estúpidos no las comprenderán.
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In this video, you'll learn: - ✅ Prometheus architecture & how the pull model works - ✅ The 4 metric types: Counter, Gauge, Histogram, Summary - ✅ Setting up a full monitoring stack with Docker Compose - ✅ Writing PromQL queries for CPU, memory, latency & error rates - ✅ Configuring alert rules and Alertmanager with Slack routing - ✅ Building Grafana dashboards from Prometheus data - ✅ Production best practices & avoiding common mistakes
⏰ CHAPTERS: 0:00 - Why Monitoring Matters (The 2AM Problem) 3:35 - What is Prometheus? 5:35 - Prometheus vs Nagios, Zabbix & Datadog 6:30 - Architecture Deep Dive 9:00 - Data Model & Time Series Explained 12:10 - The 4 Metric Types 14:35 - Quick Start with Docker Compose 19:25 - prometheus.yml Configuration 20:05 - Exporters Overview 23:50 - Instrument Your App (Python Demo) 32:15 - PromQL Basics 16:30 - 6 Production PromQL Queries 34:52 - Alert Rules Setup 40:47 - Alertmanager Configuration 46:20 - Grafana Integration & Dashboards 51:15 - Best Practices for Production 54:00 - Summary & Next Steps
Vivir sin subtítulos: deja de “traducir” tus decisiones al idioma de los demás. [Foto libre: Pexels]
No solemos reflexionar mucho sobre ello, pero muchos vivimos siguiendo una especie de mandato invisible: debemos tener una buena razón para todo lo que hacemos. Es como si cada decisión, incluso las más pequeñas e intrascendentes, como rechazar un plan o cambiar de opinión, tuviera que pasar por un tribunal imaginario que la validara. Así, prácticamente sin darnos cuenta, desarrollamos la necesidad de justificar constantemente nuestras decisiones e incluso nuestras emociones y límites personales.
Lo curioso es que esa tendencia no siempre nos da tranquilidad. De hecho, muchas veces hace justo lo contrario porque genera discusiones innecesarias, nos desgasta y nos deja con esa incómoda sensación de que nunca es suficiente. Y es que cuando entramos en el terreno de la justificación, dejamos de comunicar y pasamos a defendernos, algo que cambia por completo la dinámica interpersonal.
¿De dónde proviene la necesidad de justificarse? El precio que nadie ve
La tendencia a justificarnos no aparece de la nada, sienta sus raíces en la educación que recibimos y la sociedad en la que nos desenvolvemos. Desde pequeños nos preguntan por qué hicimos esto o aquello e incluso nos dicen que algunos de nuestros comportamientos o decisiones no tienen sentido.
Esas intervenciones tienen el objetivo de hacernos reflexionar, al menos aparentemente, pero lo cierto es que en muchos casos encierran una exigencia más sutil porque nos «obligan» a demostrar que lo que hacemos es válido y está bien. Con el tiempo, vamos internalizando ese mensaje. Aprendemos que no basta con decidir, también hay que defender esa elección. Como resultado, incluso llegamos a pensar que debemos legitimar nuestros sentimientos. Así empezamos a asociar nuestra valía con nuestra capacidad para justificar nuestras acciones.
A nivel psicológico, esto activa tres mecanismos:
Necesidad de aprobación, ya que buscamos que los demás validen nuestras elecciones para sentirnos seguros.
Miedo al conflicto, pues creemos que si no damos suficientes razones podemos alimentar el desacuerdo.
Sensación de culpa, ya que sentimos que si no podemos justificar nuestros actos o decisiones, vamos en la dirección errónea o estamos haciendo algo equivocado.
El problema es que este tipo de dinámica nos pasa una factura elevada. Primero, erosiona nuestra autonomía. Si necesitamos justificar constantemente lo que hacemos, dejamos de ser la referencia principal de nuestras decisiones. Segundo, alimenta relaciones desequilibradas donde otros se sienten con derecho a evaluar, cuestionar o incluso invalidar nuestras elecciones. Y tercero, nos atrapa en discusiones circulares que rara vez llevan a una solución.
Porque cada vez que nos justificamos, lo que realmente estamos haciendo es abrir la puerta a que nos rebatan. Cada argumento que damos puede ser cuestionado. Y entonces ya no estamos compartiendo nuestra perspectiva, sino intentando convencer al otro.
Explicar no es lo mismo que justificar
Aunque a menudo usamos ambas palabras como sinónimos, explicar y justificar son procesos distintos. Aunque ya había explicado la diferencia entre explicar y justificar, conviene volver a recordarla.
Explicar proviene del latín explicāre, formado por el prefijo ex (“fuera”) y plicāre (“plegar”). Literalmente, significa desplegar algo para que se vea con claridad. Psicológicamente, explicar implica exteriorizar un pensamiento: haces visible tu razonamiento y compartes tu perspectiva, pero no necesariamente buscas aprobación. Es un acto más enfocado en la comunicación.
Justificar, en cambio, viene del latín tardío iustificare, que significa “hacer lo justo”. El enfoque cambia por completo porque ya no se trata de mostrar, sino de demostrar que lo que haces es correcto según una norma, una expectativa o un criterio moral. Es un acto de defensa.
Esa diferencia semántica se traduce en una diferencia emocional muy clara porque cuando explicas, partes de una posición de seguridad interna que dice: “esto es lo que pienso o siento”. En cambio, cuando justificas partes de una posición de inseguridad o amenaza porque piensas que tienes que probar que tus decisiones, ideas o emociones son correctas.
Esa distinción no siempre es consciente, pero marca cómo nos comportamos y el lenguaje que usamos. Cuando pensamos en explicar, solemos ser breves y claros. Por ejemplo: “hoy no puedo quedar porque necesito descansar”. En cambio, cuando pensamos que debemos justificarnos, solemos alargarnos, damos más razones y nos anticipamos a críticas o contraargumentos. Así, terminamos diciendo cosas como “es que he tenido una semana horrible, no he dormido bien, además mañana tengo mucho trabajo y si no descanso voy a rendir fatal…”.
La justificación permite que el otro se coloque en posición de juez. Sin decirlo explícitamente, le cedemos el poder para decidir si nuestras razones son válidas o no. Y eso tiene dos consecuencias directas: aumenta la probabilidad de conflicto y reduce la percepción de control. De hecho, a menudo la justificación activa dinámicas de escalada en las que otra persona contraargumenta, minimiza o cuestiona tus motivos. Entonces tú sientes la necesidad de justificarte aún más, cayendo en un bucle.
Explicar, en cambio, pone un límite implícito. Compartes tu decisión o tu motivo porque consideras que es importante que la otra persona lo conozca, pero no negocias su legitimidad. Esto no elimina el desacuerdo, obviamente, pero reduce la posibilidad de que se produzca un conflicto porque no estás invitando al otro a debatir tu derecho a decidir.
¿Cómo explicarte sin caer en justificaciones?
Cambiar este patrón suele ser difícil porque estamos más acostumbrados a justificarnos que a explicar, pero a la larga vale la pena porque se traducirá en más seguridad personal, mayor serenidad y menos discusiones. ¿Cómo lograrlo?
Identificar el impulso a dar más razones. Si notas que sigues hablando después de haber dado una explicación más que suficiente, es probable que estés cayendo en el plano de la justificación. Analiza si ese exceso de justificaciones proviene del miedo a no ser comprendido o aceptado.
Practica la suficiencia. Una explicación no tiene que ser un discurso prolijo para ser válida. Frases como “no me apetece”, “no puedo” o “prefiero hacerlo así” son completas en sí mismas, aunque puedan molestar a quien espera más detalles.
Aprende a tolerar el desacuerdo. Cuando dejas de justificarte, es posible que la otra persona reaccione preguntando más, insistiendo o que incluso se moleste. Ese momento es clave porque si vuelves a justificarte, refuerzas el patrón. En cambio, si te apegas a tu explicación empiezas a cambiar la dinámica. Para ello, necesitas aceptar que tu interlocutor no siempre estará de acuerdo contigo. Y no pasa nada por ello.
Revisa tus creencias de fondo. Pregúntate si realmente necesitas que los demás aprueben cada decisión que tomas. ¿Qué temes que ocurra si no te justificas lo suficiente? Muchas veces, el problema no radica en la comunicación, sino en la inseguridad de base que te empuja a justificarte.
Diferencia contexto y responsabilidad. Hay situaciones laborales, legales o incluso en las relaciones cercanas en las que es necesario explicar con más detalle. Pero incluso en esos casos, no es necesario justificarte. No es lo mismo informar y explicar tus decisiones que defenderte como si hubieras hecho algo mal.
Al final, la diferencia entre explicar y justificar no es solo lingüística, es profundamente psicológica porque determina cómo te posicionas frente a los demás, dejando entrever si sientes que necesitas demostrar que tienes derecho a decidir o si das por hecho que lo tienes.
Y ese cambio, aunque aparentemente sutil, tiene efectos muy concretos en tu vida porque implicará menos discusiones innecesarias, menos desgaste y una mayor sensación de seguridad y paz interior. Porque cuando sientes que no tienes que justificarte a cada paso, empiezas a vivir con mayor serenidad.
Los ataques contra la Relatora Especial de la ONU sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, se están intensificando por su inestimable labor de denuncia del genocidio que el IV Reich sionista, antes conocido como Israel, comete contra los palestinos con la connivencia y beneplácito del muy "democrático" Occidente y sus "valores". Ahora llega el turno de Francia, desde donde su ministro de Exteriores exige su dimisión tras su nuevo informe, de finales de marzo, sobre el mismo tema: el genocidio. Solo que en este informe, añade un dato más: la tortura.
En él se dice que la tortura sistemática se utiliza contra todos los palestinos, incluyendo menores, y que es un "patrón deliberado" como coerción. Esto es lo que ha molestado a los "demócratas" occidentales, de quienes Francia es ahora su vanguardia pidiendo la dimisión de Francesca. Esta ha respondido así:
"Anatomía de una difamación: Respuesta a mis detractores"
Durante más de dos años, mi mandato ha sido objeto de controversias cuidadosamente orquestadas y de creciente virulencia. El 8 de febrero, un miembro del parlamento francés me atacó personalmente basándose en declaraciones truncadas que me atribuían que Israel "es el enemigo común de la humanidad", cuando mi discurso iba dirigido a los países que han armado a Israel, así como a los medios de comunicación y los algoritmos de las redes sociales que han amplificado el discurso genocida (1).
Sin molestarse en verificar el contenido exacto de mis declaraciones ni examinar los hechos, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, se hizo eco inmediatamente de estos ataques a nivel internacional, condenando como «indignantes y reprobables» declaraciones que nunca hice y anunciando que Francia remitiría el asunto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exigir mi dimisión.
Sus homólogos italiano, alemán y checo hicieron lo mismo, sin siquiera realizar la verificación básica de los hechos que exigían sus cargos. El 19 de febrero, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reiteró públicamente la misma exigencia.
Si bien la crítica es inherente a cualquier función pública, y más aún cuando se trata de derechos humanos, este caso revela un aspecto preocupante: la implacabilidad con la que algunos Estados prefieren atacar al mensajero en lugar de intentar refutar el mensaje.
La naturaleza sin precedentes y corrosiva de este ataque contra un experto independiente designado por las Naciones Unidas no solo radica en la violencia de las acusaciones y la deliberada invención de mentiras, sino también, y sobre todo, en el hecho de que los más altos niveles del gobierno dirigen y avalan esta maniobra. Por lo tanto, ya no se trata de una simple controversia, sino de un síntoma de la bancarrota de un sistema construido sobre promesas solemnes y tratados internacionales que se invocan en tiempos de paz, pero que se olvidan en cuanto su aplicación resulta inconveniente.
Designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, soy Relatora Especial desde el 1 de mayo de 2022 y desempeñaré mis funciones hasta 2028. Soy la octava persona en ocupar este mandato —y la primera mujer en este cargo— y asumí este compromiso voluntario tras una trayectoria profesional dedicada a la defensa de los derechos humanos, principalmente en las Naciones Unidas —en particular en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (ONURP) en Jerusalén— y a la investigación académica sobre Palestina.
La atención prestada a Israel no es ni una elección personal ni un sesgo: proviene de la resolución 1993/2A del Consejo de Derechos Humanos, adoptada el 19 de febrero de 1993 en respuesta a casi treinta años de ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.
Acusarme de «falta de neutralidad» equivale a una distorsión deliberada de este mandato. Ninguno de los otros catorce relatores especiales de la ONU con mandatos sobre países es objeto de tales ataques; nadie acusa a los relatores responsables de Afganistán, Rusia o Irán de «obsesión» en el cumplimiento de su misión. Pero en cuanto Israel se ve involucrado, el cumplimiento ordinario de un mandato se convierte, a ojos de algunos, incluso dentro de los gobiernos, en una falta que justificar en lugar de un deber que cumplir.
Mi trabajo consiste en establecer y clasificar jurídicamente los hechos en los territorios ocupados, donde impera un dualismo jurídico institucionalizado: la ley civil se aplica a los colonos israelíes y la ley militar a los palestinos, incluidos los niños.
En efecto, Israel es el único país del mundo donde los niños son procesados sistemáticamente en tribunales militares. Describir este sistema como apartheid ejercido contra los palestinos en forma de dictadura militar no es una provocación, sino una aclaración jurídica. Mis informes iniciales presentados a la ONU en 2022-2023 documentaron la obstrucción sistemática del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, la privación arbitraria y sistemática de libertad y el impacto estructural de la ocupación en los niños (2).
Un panóptico al aire libre
El derecho a vivir libremente como pueblo, a decidir su propia voz política, a gestionar sus recursos, a forjar su propio futuro: la autodeterminación es un requisito indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos. Su negación constituye la base de todo proyecto de asentamiento colonial.
Durante décadas, la fragmentación territorial, la expansión de los asentamientos, las restricciones a la libertad de movimiento, al trabajo, a la educación y al acceso a la justicia, la confiscación de tierras, la demolición de decenas de miles de viviendas, el aislamiento de Gaza y las casi 6.000 muertes, entre ellas aproximadamente 1.200 niños, causadas por los ataques israelíes entre 2008 y 2022, han hecho improbable cualquier posibilidad de una vida libre e independiente.
En todo el territorio palestino ocupado, Israel ha establecido un régimen carcelario —de intensidad y métodos variables— que restringe todas las dimensiones de la vida cotidiana. Constantemente vigilados, con sus movimientos obstaculizados por puestos de control, muros y una opresiva red burocrática, y expuestos perpetuamente a arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los palestinos viven en lo que equivale a un panóptico al aire libre (3).
Mi informe sobre la infancia, finalizado justo antes y presentado inmediatamente después de los atentados del 7 de octubre de 2023, es a la vez el más contundente y el menos comentado. Aborda el proceso de «desnudamiento infantil», término acuñado por la académica israelí-palestina Nadera Shalhoub-Kevorkian (4), para describir la vida cotidiana de niños privados de protección e inocencia, que crecen en medio de una violencia generalizada: asesinados, mutilados, huérfanos, testigos de la muerte o la humillación perpetua de sus seres queridos y de la destrucción de sus hogares. Ignorar su desesperación es renunciar a una parte de nuestra humanidad y violar la obligación más sagrada del mundo y del derecho internacional: proteger a la infancia.
Mi informe de marzo de 2024 sigue este mismo enfoque; también se centra en las víctimas de un sistema estructurado. Titulado "Anatomía de un genocidio (5)", documenta los primeros cinco meses de ataques israelíes contra Gaza tras las masacres cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023: asesinatos, graves daños físicos y mentales, y sometimiento a condiciones de vida destinadas a la destrucción del grupo, todo ello en un contexto de retórica deshumanizadora por parte de funcionarios estatales.
Durante este período, Israel disfrazó sus acciones con un "camuflaje humanitario", expresado en un lenguaje tranquilizador —"conflicto", "daños colaterales", "zonas seguras", "órdenes de evacuación"— para justificar la progresiva desaparición de Gaza y su identidad, la supresión de la capacidad de los palestinos para existir como comunidad, para habitar su tierra, para transmitir su memoria.
En el siguiente informe, "El borrado colonial a través del genocidio (6)", mostré cómo este genocidio se extiende a Cisjordania y Jerusalén Este a través de la limpieza étnica, todo lo cual constituye el resultado lógico de una empresa colonial de asentamiento: borrar para reemplazar, destruir para apropiarse.
No soy el único que ha llegado a estas conclusiones. Ya en enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que existía un riesgo plausible de violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y ordenó medidas provisionales. En julio de 2024, la Corte también dictaminó que la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado era ilegal y exigió su cese inmediato e incondicional. Finalmente, la Corte halló pruebas de discriminación sistémica, violaciones de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, así como de políticas de anexión.
Innumerables instituciones y organizaciones han llegado a la conclusión de que Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en el pequeño territorio que queda de Palestina.
El historiador israelí Raz Segal dio la voz de alarma en octubre de 2023. En 2024, historiadores israelíes especializados en el Holocausto, como Amos Goldberg y Omer Bartov, también creían que su país estaba cometiendo genocidio (7).
Unos meses más tarde, Amnistía Internacional llegó a la misma conclusión y, en julio de 2025 (8), la organización israelí B'Tselem publicó un informe en ese sentido bajo un título condenatorio, aún más impactante cuando uno lo imagina en hebreo: "Nuestro genocidio" (9).
Finalmente, y entre muchos otros, en septiembre de 2025, la comisión internacional independiente de investigación, con mandato de la ONU, también declaró que se estaba produciendo un genocidio en Gaza (10).
A pesar de la meticulosa documentación de los crímenes cometidos, estos informes recibieron escasa o nula atención de los medios de comunicación y los gobiernos occidentales. Ante la ausencia de una decisión judicial formal, la comisión de investigación representa lo más cercano a una conclusión cuasi judicial basada en el establecimiento de los hechos y un análisis del derecho.
En cualquier caso, la obligación de prevenir el genocidio surge en cuanto se identifica un riesgo grave. En enero de 2024, cuando la CIJ reconoció un riesgo plausible en Gaza, los Estados tuvieron que actuar, empezando por suspender las transferencias de armas.
Mi análisis sobre la complicidad de ciertas empresas, publicado en julio de 2025, provocó las reacciones más virulentas. En él, describo la «economía del genocidio (11)»: una red de actores privados que, mediante sus inversiones, tecnologías, servicios y cadenas de suministro, sustentan materialmente la realidad descrita en informes anteriores.
Dicha implicación conlleva una responsabilidad. Poner fin al genocidio también significa desmantelar las estructuras económicas que lo hacen posible y rentable.
Este informe llevó a Estados Unidos a imponerme sanciones draconianas a partir de agosto de 2025, una práctica que ya se aplica a jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y a varias organizaciones palestinas.
Me encuentro aislada económicamente del mundo. Cualquier persona con vínculos conmigo, incluidos miembros de mi familia (soy madre de una hija que es ciudadana estadounidense), se enfrenta a multas de un millón de dólares y veinte años de prisión. Mi capacidad para desempeñar mis funciones y, sencillamente, para vivir mi vida, se ve gravemente obstaculizada.
Aunque estos ataques cuentan con el apoyo de mi país, Italia, y ante la falta de apoyo concreto de otros Estados, he continuado mi misión. Mi informe más reciente describe el genocidio en Gaza como un «crimen colectivo (12)», porque fue posible y financiado por el apoyo político y militar inquebrantable de varios Estados, incluidos aquellos que ahora me atacan con mayor virulencia.
Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, el mayor proveedor de armas a Israel, mientras que varios estados miembros de la Unión Europea continúan impulsando estas transferencias; la Unión también sigue siendo el mayor socio comercial de Tel Aviv.
Salvo algunas excepciones, como España o Eslovenia, los estados del Viejo Continente han optado por la inacción o la complicidad.
Francia, por ejemplo, ha permitido repetidamente que Benjamin Netanyahu sobrevuele su espacio aéreo a pesar de la orden de arresto emitida por la CPI en su contra. París ha continuado comerciando con equipo militar, ha facilitado el tránsito por sus puertos y aeropuertos y ha mantenido intensas relaciones comerciales con Israel.
Los principales bancos franceses financian empresas vinculadas a la industria militar israelí y a los asentamientos, mientras que varios miles de franco-israelíes sirven en el ejército israelí.
Criminalizar la solidaridad
Al mismo tiempo, se intensifica la represión de las protestas: se prohíben las manifestaciones, se censuran las conferencias académicas, se acusa a activistas y periodistas de "apología del terrorismo" y las intervenciones policiales son violentas.
Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido encabezan esta represión, bajo el pretexto de una lucha legítima contra el antisemitismo.
Los proyectos de ley proponen equiparar la lucha esencial contra el antisemitismo y todas las formas de racismo con la prohibición de cualquier crítica a Israel como Estado. Presentada como algo evidente, esta equiparación de nuestros hermanos y hermanas judíos con la política israelí forma parte de una ofensiva política: instrumentalizar la lucha contra el antisemitismo para criminalizar las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino y justificar campañas de desprestigio.
Debido a que critican las políticas de Tel Aviv, los ciudadanos israelíes y los judíos de todo el mundo son objeto de las mismas campañas de desprestigio. Sus voces son silenciadas y su lealtad puesta en duda.
El antisemitismo, horrible y odioso, es odio hacia los judíos: no tiene nada que ver con la labor de quienes defienden los derechos humanos, que se centra en el análisis de las acciones de un Estado.
Todo el sistema de derecho internacional se fundamenta en el principio de responsabilidad estatal. Los Estados asumen obligaciones jurídicas y son quienes deben responder, ante todo, por sus violaciones. Israel no es una excepción: las críticas al Estado de Israel no se dirigen a lo que es ni a la religión que profesa, sino a sus acciones, en particular con respecto al derecho internacional, que viola gravemente, reiteradamente y con persistente impunidad.
La cuestión que se plantea no es ideológica, sino jurídica: ¿está Francia respetando sus obligaciones internacionales al adoptar tales medidas? Mi mandato como Relatora Especial me enseñó algo fundamental: cuando se desafía al poder, este no debate, sino que ataca. Difamar para desacreditar, intimidar para silenciar; la violencia denota nerviosismo, no fortaleza.
Mi trabajo sigue la estela de mis predecesores: John Dugard, Richard Falk y Michael Lynk. Ellos también fueron acusados de antisemitismo o complicidad con el terrorismo. Contra ellos también se empleó la táctica de sustituir los hechos documentados por polémicas y el análisis jurídico por ataques personales. Este mecanismo está ya bien establecido.
Grupos proisraelíes, liderados por UN Watch, con sede en Ginebra, llevan años publicando informes difamatorios contra cualquiera, especialmente dentro de las Naciones Unidas, que documente violaciones del derecho internacional cometidas por Tel Aviv. Con el pretexto de contrarrestar el “trato desproporcionado a Israel”, estos grupos aíslan y fragmentan las declaraciones para distorsionar su significado, y luego amplifican y repiten su desinformación hasta que parece cierta.
Tras un análisis más detenido, los supuestos informes de estos grupos resultan poco creíbles. Dentro de las Naciones Unidas, su naturaleza mendaz y difamatoria es de sobra conocida. Las acusaciones de que justifiqué las atrocidades del 7 de octubre de 2023, negué la violencia sexual o minimicé el sufrimiento de los rehenes se basan en esta invención, a pesar de que he condenado de forma inequívoca e implacable los ataques contra civiles israelíes del 7 de octubre y los crímenes de Hamás en general.
Los he condenado inequívocamente como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuyos autores deben ser llevados ante la justicia mediante procedimientos internacionales. He condenado la violencia sexual cometida contra víctimas israelíes, tal como lo documentó la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (13), y, de conformidad con el derecho internacional, considero que la violación utilizada en un contexto de hostilidad es un arma de guerra que puede constituir un crimen de guerra y, según las circunstancias, un crimen de lesa humanidad.
La justicia internacional no opera mediante la indignación selectiva ni la manipulación política. Se basa en la clasificación jurídica de los hechos, el establecimiento de responsabilidades individuales y el respeto al debido proceso para todos, sin excepción.
Aunque mi condena de las masacres y otros crímenes contra civiles israelíes ha sido inequívoca, he cuestionado la afirmación generalizada, especialmente en Francia por alguna razón que se me escapa, de que fueron motivados principalmente por el antisemitismo (14): como han señalado eminentes especialistas del Holocausto y el antisemitismo, esta lectura es errónea y peligrosa, porque oscurece las causas estructurales de la violencia y distorsiona su análisis (15).
Si bien el antisemitismo puede haber desempeñado un papel a nivel individual para algunos de los atacantes, estas masacres, como afirmó el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. António Guterres, tuvieron lugar en el contexto de cincuenta y seis años de ocupación asfixiante (16).
Ningún delito justifica otro. Pero ignorar el contexto perpetúa una interpretación distorsionada que corre el riesgo de alimentar el ciclo de violencia en lugar de resolverlo, poniendo en peligro tanto a palestinos como a israelíes.
Debemos señalar lo que revela esta campaña: la energía desplegada para difamarme contrasta fuertemente con el silencio que rodea los crímenes que se siguen cometiendo en Gaza y la inacción respecto a las personas sujetas a órdenes de arresto internacionales ante la CPI. Bajo el pretexto de "exigir responsabilidades a la ONU", el verdadero objetivo es redefinir la defensa de los derechos humanos como una postura partidista.
La ironía es evidente. En septiembre de 2025, Francia reconoció al Estado de Palestina, un gesto aclamado como una señal contundente, un punto de inflexión simbólico. Pero reconocer a un Estado cuyo ocupante se apoya activamente, sin ejercer presión para garantizar que el ocupante respete el derecho internacional y proceda con la retirada incondicional de los territorios ocupados exigida por la CIJ, es más una cuestión de postura diplomática que de compromiso jurídico y político.
Reconocer un Estado sin territorio, sin soberanía, sin que se ponga fin a la ocupación, no es más que mera retórica vacía, sobre todo cuando se pretende intimidar a los expertos encargados de documentar con precisión las violaciones que imposibilitan la creación efectiva de dicho Estado. No se puede reconocer a Palestina el lunes y luego intentar silenciar a sus defensores el resto de la semana. Los líderes que participan en este juego no solo me atacan personalmente. Están sacrificando el orden jurídico internacional y acelerando el desmantelamiento del derecho internacional humanitario y las instituciones que lo garantizan, justo en el momento en que su supervivencia está en juego.
Es posible huir de la verdad, pero mucho más difícil ocultarla. Es solo cuestión de tiempo antes de que la justicia llame a la puerta de los responsables de los crímenes en Gaza y sus cómplices.
La destrucción de Gaza ha despertado conciencias que se creían anestesiadas y ha puesto de manifiesto lo que muchos se negaban a ver: no solo la brutalidad de la ocupación, sino también la complicidad activa de nuestras democracias occidentales en su perpetuación.
Porque Israel no es una anomalía en el orden mundial; en muchos aspectos, es su espejo, en el que descubrimos lógicas de excepción, jerarquías coloniales entre vidas dignas de duelo y vidas que deben ser sacrificadas, una retórica de seguridad que garantiza la impunidad.
La mayoría de los gobiernos occidentales no se enfrentan a Israel, porque hacerlo pondría en entredicho su propia imagen.
¿Patria de los derechos humanos?
Por eso resulta a la vez instructivo y triste que Francia, la autoproclamada patria de los derechos humanos, se encuentre en primera línea, no para defender un principio, sino para proteger un statu quo; no para promover el derecho internacional, sino para neutralizar a sus guardianes.
Sin embargo, algo ha cambiado. Ha surgido un movimiento —en los campus universitarios, en las redes sociales, en las calles, en los tribunales— que exige verdadera justicia social, respeto efectivo por los derechos humanos, multilateralismo decolonial y la universalidad de sus principios sin excepción.
Una universalidad que rechaza el apartheid, incluso cuando lo practica un Estado aliado con las capitales occidentales.
Este movimiento no será silenciado por campañas de desprestigio. No se dejará amedrentar por sanciones ni represión.
Crece y se fortalece a medida que se revelan las mentiras y distorsiones que buscan desacreditarlo.
(1) Véase el texto completo de mi declaración en el Foro de Al-Jazeera (Foro AJ), X (ex-Twitter), 9 de febrero de 2026.
(2) Véanse los informes del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (A/77/356), la privación arbitraria de libertad en el territorio palestino ocupado: la experiencia de los palestinos en prisión y en libertad (A/HRC/53/59) y la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (A/78/545), del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, de 21 de septiembre de 2022, 28 de agosto de 2023 y 20 de octubre de 2023, respectivamente.
(3) Cf. Michel Foucault, Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión, Gallimard, París, 1975.
(4) Nadera Shalhoub-Kevorkian, Infancia encarcelada y la política de la deschildización, Cambridge University Press, 2019.
(5) “Anatomía de un genocidio” (A/HRC/55/73), informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 1 de julio de 2004.
(6) “El borrado colonial mediante el genocidio” (A/79/384), informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 1 de octubre de 2024.
(7) Cf. Raz Segal, “Un caso de libro de texto de genocidio” , JewishCurrents, 13 de octubre de 2023; Amos Goldberg, “Lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, porque Gaza ya no existe” , Le Monde, 29 de octubre de 2024; Omer Bartov, “Un historiador del genocidio frente a Israel” , Orient XXI, 5 de septiembre de 2024.
(8) “Israel y el territorio palestino ocupado. La investigación de Amnistía Internacional concluye que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza” , Amnistía Internacional, 5 de diciembre de 2024.
(9) “Nuestro genocidio” , B’Tselem, julio de 2025.
(10) Véase el Boletín Informativo de la ONU , 16 de septiembre de 2025.
(11) “De una economía de ocupación a una economía de genocidio” (A/HRC/59/23), informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 2 de julio de 2025.
(12) “Genocidio de Gaza: un crimen colectivo” (PDF), informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 20 de octubre de 2025, www.ohchr.org
(13) Cf. “Conclusiones detalladas sobre los ataques perpetrados a partir del 7 de octubre de 2023 en Israel” (PDF), Naciones Unidas, 10 de junio de 2024.
(14) Cf. “La “prohibición” simbólica de Israel no debe desviar la atención de los crímenes atroces en Gaza: UN experto” , Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 15 de febrero de 2024.
(15) Cf. Omer Bartov, Christopher R. Browning, Jane Caplan, Debórah Dwork, David Feldman et al., “Una carta abierta sobre el mal uso de la memoria del Holocausto” , The New York Review of Books, 20 de noviembre de 2023.
(16) Véase “Observaciones del Secretario General ante el Consejo de Seguridad — sobre el Medio Oriente” , 24 de octubre de 2023.
Hay personas que no crean… pero se apropian. Y si no las detectas a tiempo, te roban más que ideas. #PsicologíaCotidiana #Robaideas #DinámicasTóxicas #TrabajoYVida #RelacionesHumanas
El maltrecho instituto del silencio positivo, con más ruido doctrinal y legal que las nueces jurisprudenciales, ha recibido de la mano de la reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2026 (rec.5634/2023) un doble impulso (algo asi como una descarga eléctrica para devolver el corazón al ritmo cardíaco normal).En primer término, por cuanto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC ), se establece una excepción a una regla general del efecto positivo del silencio, que no puede ser interpretada en términos amplios o extensivos. Y lo que este artículo LPAC excluye de la regla general son los supuestos que impliquen la «transferencia de facultades relativas al servicio público».
Además de lo anterior, y a mayor abundamiento sobre esta alegación, cabe añadir que la misma es contraria al criterio jurisprudencial de esta Sala que considera que, una vez operado el silencio administrativo por concurrir los presupuestos necesarios para ello, no cabe un examen sobre la legalidad del acto presunto al margen de los procedimientos de revisión establecidos legalmente. La sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2011 (recurso 3347/2009 ) decía al respecto lo siguiente: «Ahora bien, una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar como realiza el Tribunal de instancia, un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que según el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 son nulos de pleno derecho los actos presuntos «contrarios» al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto, según declaramos, entre otras, en nuestra sentencia de uno de abril de dos mil cuatro, recaída en el recurso de casación 1602/2000 , que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecido por el artículo 102, o instar la declaración de lesividad».
El servicio público se ha venido considerando como una forma de intervención de los poderes públicos que se caracteriza porque éstos asumen la titularidad de una actividad, siendo una nota característica de esta noción en su versión estricta (o subjetiva) que la Administración Pública es titular de la actividad. La liberalización de los sectores económicos derivada de las normas de la Unión Europea y la necesidad de los poderes públicos de satisfacer las necesidades indispensables en la vida colectiva determinan que se acuñe el nuevo concepto de Servicio de Interés Económico General, que tiene en mayor consideración el objeto o a la prestación del servicio y sus condiciones, que justifica el poder de supervisión o control de los Estados del funcionamiento de los mercados. Se trata de dos diferentes conceptos que ponen el acento en uno u otro aspecto y que, si bien están interrelacionados y presentan un cierto paralelismo y notas comunes, su significado y alcance son distintos, pudiendo advertirse una evolución del concepto de los SIEG como un concepto autónomo desvinculado del de servicio público.
Tan razonada explicación no oculta que al final, todo el litigio descansa en la interpretación del límite a la conquista del silencio positivo que el legislador sitúa expresamente en «el servicio público», y se trata sencillamente de optar por la interpretación literal (en cuyo caso, se excluyen los «servicios de interés económico general») o por la interpretación finalista (en cuyo caso se incluyen en la prohibición, los servicios que comportan intensa tutela pública). Como es sabido, el art.3 del código civil no establece una primacía de la interpretación literal («sentido propio de las palabras») sobre la finalística («atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas»).Ademas quizá sería bueno tener presente “los antecedentes historicos y legislativos”, pues debemos recordar que el artículo sometido a interpretacion, el art.24.1 Ley 39/12015 tiene por antecedente literal el art.43.1 de la vieja Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En 1996 se publicará la Comunicación de la Comisión : «Los Servicios e interés general, y nace como categoría jurídica los “servicios económicos de interés general”.», lo que impone pensar que el legislador autor de la redacción original del precepto que se interpreta nunca la tuvo a la vista.