
El título provisional de este posteo era “Deudas para la década que sigue“. Pensaba en las deudas que surgen a partir, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo. Hace mucho tiempo que tenía en mente este tema, y sentí la necesidad de escribirlo cuando, hace unos días, intenté un bosquejo de balance de la década kirchnerista.
Luego se me ocurrió que no era, simplemente, una deuda del gobierno, ni tampoco solamente de la política argentina. Estoy seguro que a pesar que la AUH es una política social que se aplica en nuestro país, dirigida específicamente a quienes no tienen empleo formal, es una deuda del Estado de Bienestar, tal como se desarrolló después de la 2da. Guerra.
(Interrumpo para contestar una pregunta válida: ¿Es éste el momento para marcar falencias de las políticas sociales que se conocen bajo el nombre de Estado de Bienestar, cuándo éste está bajo ataque en Europa, por ejemplo? ¿Duramente cuestionado en EE.UU.?
Sí, porque hablo de una situación distinta. Lo que desde los años de Thatcher está en cuestión en los países desarrollados – y algunos semidesarrollados, como el nuestro – son las conquistas que habían obtenido grandes sectores de su población que, por ingresos y calidad de vida, pasaban a formar parte de los sectores medios de una sociedad próspera. En esos países, los realmente pobres, los desheredados de la tierra, continúan teniendo mejores chances para la supervivencia mínima. Por eso siguen tratando de emigrar a ellos).
De todos modos, estoy convencido que la mejor forma de entender un problema global es ver cómo se manifiesta en casa, en el país de uno. Además, el caso argentino tiene aspectos muy reveladores: A pesar de nuestro “semidesarrollo”, de no haber llegado a ser un país industrial moderno, habíamos logrado, ya a mediados del siglo pasado, una sociedad relativamente igualitaria, con una extensísima clase media, donde los bolsones de pobreza extrema, de miseria, eran mínimos.
Se fueron extendiendo, durante las largas décadas de nuestras luchas civiles, pero todavía abarcaban a una minoría dentro de nuestra sociedad. La recesión que comenzó en 1997 y culminó en la Crisis del 2001, los transformó en una porción muy importante de una sociedad empobrecida.
Los planes sociales – que se crearon en 1996, con los levantamientos de Cutral-Có y Plaza Huincul, tras la privatización de YPF, y se habían armado como medidas de aplicación local, de excepción, con una lógica mezquina – tuvieron entonces que repensarse.
En el 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde y a iniciativa del “Diálogo Argentino” – en el que tuvo mucho que ver el actual Papa, entonces arzobispo Jorge Bergoglio – se puso en práctica el plan Jefas y Jefes de Hogar, que alcanzaba a más de dos millones de beneficiarios con un criterio de asignación universal. Las condiciones para recbirlo eran simples: no tener trabajo, ser jefe de hogar y tener chicos en edad escolar.
En ese momento, con la actividad económica paralizada, cuando todavía circulaban las cuasimonedas provinciales, tuvo un rol importante en volver a poner en marcha el consumo, y por ende la producción.
Luego de la asunción de Néstor Kirchner, el énfasis de la política social fue puesto en impulsar emprendimientos productivos, y proyectos de autoconstrucción de viviendas. El plan Jefes y Jefas fue paulatinamente desactivado, al comenzar a existir, como dice el mismo Ministerio de Trabajo en su página, ”un horizonte de recuperación económica y un mejoramiento paulatino de la estructura de distribución del ingreso con una tendencia sostenida a la apertura de fuentes de trabajo en el sector formal, con la consecuente demanda de mano de obra desde el sector público y privado“.
Mi estimación es que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner compartieron un concepto tradicional en el peronismo: la mejor política social es el empleo. Y no puede decirse que estaban equivocados en su enfoque: hoy mismo el bloguero Nicolás Tereschuk rescata este informe de la Organización Internacional del Trabajo-OIT “World of Work 2013“, que pone como ejemplos a la Argentina (pos-crisis 2001) y Suecia (pos-crisis 90s) de un enfoque “empleo-céntrico en tiempos de crisis”.
Hubo dos elementos que se no tomaron en cuenta lo suficiente: Un porcentaje muy importante de los puestos de trabajo que creó la reactivación eran, son precarios y de baja calidad. Y un porcentaje también significativo de la población no tenía, no tiene acceso al empleo estable y bien remunerado, por falta de capacitación, por sus circunstancias personales desfavorables, por carecer de la “cultura de trabajo”, ya que sus padres y abuelos tampoco tuvieron acceso a él.
Porque el trabajo, que en la concepción peronista tradicional, y en la Argentina que existía a mediados del siglo pasado, fue fuente de identidad y de dignidad, lo es en tanto esté bien pagado, tenga razonables perspectivas de estabilidad, y cuente con leyes sociales y organizaciones que lo protejan. La economía moderna es cada vez más reacia a estas condiciones.
El crecimiento de la actividad, el aumento del consumo, disimulaban este problema… en la conciencia de los que no lo sufrían. Fue el descenso de esos índices, a partir de la Crisis global que empezó en 2008, y la derrota en las elecciones de medio término de junio de 2009, lo que despertó al gobierno nacional. En octubre de ese año se ponía en marcha la Asignación Universal por Hijo para protección social-AUH, un seguro social que otorga a desocupados (u ocupados informales) un beneficio por cada hijo menor de 18 años. A partir de mayo de 2011, se complementó con la Asignación Universal por Embarazo, que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las doce o más semanas de gestación.
En los primeros cuatro años de funcionamiento, el monto pagado ha sido aumentado anualmente. El último de estos aumentos – superior a cualquiera de los índices de inflación oficiales o privados – fue en mayo de 2013, y lo llevó a 460 pesos por hijo. La AUH es la política social más importante que lleva adelante Argentina, es un poderoso instrumento para mantener el consumo y la actividad – además, establece indirectamente un piso para las remuneraciones de los trabajos más humildes, lo que hace a una sociedad más vivible – y, sin duda, contribuye a los buenos resultados electorales que ha tenido recientemente el gobierno nacional.
Es necesario contemplar el hecho que puede contribuir a la perpetuación de la pobreza, a la creación de una subclase de desocupados inempleables. Porque, seamos realistas, $ 460 por hijo no sacan a una familia de la pobreza. Ni le ofrecen un futuro.
Quiero ser muy claro en esto: La Asignación Universal por Hijo es necesaria, y debe ser mantenida con, por lo menos, el vigor que ha mostrado el gobierno kirchnerista. Ya que este es un posteo un poco largo, y, a pesar de lo que señalé antes, algunas cosas se ven mejor de lejos, quiero mencionar una política parecida que se lleva adelante en Bolivia, que me hizo conocer mi amigo Otto Rock:
“El bono Juana Azurduy fue creado por Decreto Supremo del gobierno boliviano el 27 de mayo de 2009. Es un incentivo económico que reciben las madres cuando asisten a los centros de salud para los controles prenatales, posnatales y cuando nace el niño, hasta que cumple dos años. El monto total que cobra es de Bs 1.820.
Desde su implementación, la tasa de desnutrición crónica infantil disminuyó en 43% (de 27% a 15,5%) y aumentó la cobertura de atención de partos en los centros de salud públicos o por personal asistido en domicilios.
En cinco años, la demanda de atención en los hospitales aumentó en el 10%, lo que posibilitó que de cada diez partos, ocho sean atendidos en los centros de salud. “Antes de 2005, la cobertura era de 55%, en la actualidad estamos entre 76 y 77%. Es decir que antes, cinco de cada diez bolivianos nacían sin la atención del personal capacitado, pero con las políticas como el bono Juana Azurduy, ahora ocho de diez bolivianos nacen bajo cobertura institucional”.”
Se puede ver así con claridad que la AUH pertenece a la clase de políticas sociales que son el requisito mínimo para tener una sociedad decente. Son necesarias, pero, donde no perdura una cultura tradicional que dé lugar y dignidad a sus miembros, donde no existe una comunidad, no son suficientes.
No es una cuestión de recursos. Sociedades más prósperas que la nuestra, y que han volcado presupuestos mucho más grandes que los que podemos contemplar nosotros, se enfrentan a los problemas de marginalidad y anomia que empezamos a experimentar. Los recientes disturbios en Suecia, que sobresaltaron a algunos compatriotas que no habrían leído las novelas de Stieg Larsson, nos lo recuerdan vívidamente. Antes los habiamos visto en la banlieue de París, en el Tottenham de Londres,… En los ghettos de las grandes ciudades norteamericanas están más o menos contenidos… a costa de una tasa de encarcelamientos superior por órdenes de magnitud a la de cualquier país desarrollado. Con un ejército que ofrece empleo, ciudadanía y posibilidad de movilidad social al que se incorpora.
¿Soluciones? No están en la bibliografía; precisamente porque son problemas que han surgido a partir del Estado de Bienestar. Puedo imaginar – se ha discutido en la blogosferra – un servicio civil que ofrezca capacitación y, por encima de todo, inclusión a los jóvenes. No debe ser necesariamente, quizás es mejor que no lo sea, una estructura nacional unitaria. Tal vez, cuerpos que se formen en cada municipio, con financiamiento y supervisión nacional, para auxiliar en las tareas que debe cumplir el Estado y que hoy lo hace a medias o no lo hace: policiales (sin armas), de salud, de ayuda en catástrofes,…
El presupuesto para encarar este esfuerzo, con la envergadura que sería necesario, es altísimo. Menor, sin embargo, que el de las cárceles y las fuerzas de seguridad (con armas) que se requerirán si no se hace. El problema que veo más difícil de resolver es la formación de los cuadros, por decenas de miles, que se necesitarán para llevarlo adelante.
Si me decidí a plantear este tema – con tan pocos elementos elaborados – es porque tengo claro que los políticos, y también los politizados, estaremos en nuestro país enfrascados en los próximos dos años, hasta octubre del 2015, en la decisión que los argentinos van a tomar sobre la Sucesión de esta década kirchnerista. Este año se decide, por ejemplo, cuánto poder tendrá Cristina Fernández para influir en esa decisión. Es la lógica política de la lucha por el poder, y está bien que sea así, pues es la alternativa a la anarquía y a la dictadura. Pero – aunque uno estará tan interesado como cualquier otro en esa pelea – vale la pena que nos preguntemos, de cuando en cuando “¿El poder, para qué?”
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