Por si no bastara con cuanto comenté hace una semana, y que lleva a gran número de españoles a avergonzarse de su país y a no poder defenderlo, el Gobierno de Rajoy, a través de su Ministro del Interior Fernández, planea una nueva Ley de Seguridad Ciudadana de inspiración innegablemente franquista. Ya se ha hablado mucho de ella: de cómo va a penalizar y limitar las protestas, el derecho de manifestación y cuanto moleste a los gobernantes y a la policía mandada por ellos; de las multas demenciales con que va a castigarse casi cualquier insumisión o desacuerdo, o lo que las propias fuerzas del orden consideren “amenazas, insultos, coacciones, injurias o vejaciones” contra los agentes. Es decir, éstos podrán moler a palos a los manifestantes, arrastrarlos, soltarles barbaridades y detenerlos con o sin motivo, y los manifestantes no podrán responder de ningún modo, ni siquiera verbalmente, bajo riesgo de perder mil euros si, por ejemplo, llaman “bestia” al uniformado galáctico que les propina una paliza. Fernández había decidido inicialmente que eso pudiera costar hasta 600.000 euros (sic), lo cual nos da idea de la “seguridad” que esta Ley brinda: con ella se echa a los ciudadanos a los pies de los caballos y se blinda a los policías y a los políticos que se sirven de ellos. Lo propio de un Estado policial, sin duda.
Con todo, lo más indisimuladamente franquista del proyecto es lo siguiente, según Jesús Duva en este diario: “Las denuncias de los policías tienen presunción de veracidad y, por tanto, es el denunciado quien debería demostrar que lo dicho por los agentes es inveraz”. Era así exactamente como funcionaba la represión durante la dictadura, o en todas las dictaduras, mejor dicho. De todo el mundo es sabido que la mayor perversión de la justicia, lo que la hace impracticable, es dar crédito al denunciante y eximirlo de aportar pruebas, y cargar al acusado con la tarea de demostrar su inocencia. Esto último es simplemente un imposible: si yo sostengo que Rajoy y Fernández han asesinado a una mujer el 30 de noviembre, y no me veo obligado a demostrarlo porque tengo “presunción de veracidad”; si Presidente y Ministro carecen de coartada en esa fecha y se los emplaza a probar que no mataron a esa mujer, ya me dirán cómo podrían lograrlo. Demostrar que uno no ha hecho algo, si se parte de la base de que sí (si la mera acusación equivale en principio a condena), es enteramente imposible. Es la justicia al revés y la negación de ésta, lo mismo que regía en tiempos de Franco, cuando un gris podía detener a cualquiera porque no le gustaba su aspecto, y acusarlo impunemente de la felonía que se le antojara. La práctica la consagraba la Ley de Vagos y Maleantes, nombre que no sé por qué no recupera también el proyecto de este Gobierno, en vista del parecido.
Pero ojo, a esto se añade que a partir de la Ley nueva estarán castigadas la grabación y difusión de fotos o imágenes de policías “que supongan mofa para ellos o algún riesgo para la seguridad”. Como serán los propios polis quienes decidan cuándo hay mofa o riesgo, lo que de hecho quedará sancionado será la captación y utilización de cualquier imagen de guardias, de manera que los denunciados tampoco podrán probar su inocencia mediante documentos visuales. Veamos un caso reciente, el de los ocho mossos d’esquadra que apalearon en masa al empresario Benítez y le causaron la muerte –todo supuestamente–. Pese a que una mossa se presentó más tarde en casa de una vecina y la obligó a borrar lo que había filmado con su cámara, salieron a la luz otras grabaciones en las que se ve cómo ocho valientes le dan una tunda al empresario (según ellos, “lo reducen”). Este presunto homicidio ha sido calificado por el jefe de ese cuerpo, Prat, de “actuación más o menos correcta”, y el conseller de Interior, Espadaler, lo ha respaldado. (El Gobierno de la Generalitat, de CiU con el apoyo de Esquerra escondiendo siempre la mano, es idéntico al de Rajoy, lo cual hace cada vez más ridículo que el primero se quiera independizar del segundo; se entendería algo si fueran opuestos, pero es que resultan gemelos en su totalitarismo neofranquista.) Imaginen por tanto en qué habría quedado el episodio si no hubieran existido imágenes. Los bravísimos mossos habrían gozado de la “presunción de veracidad”, podrían haber inventado una patraña a su gusto (que el empresario empuñó una metralleta, que era Hulk y se puso verde y atacó él solo a los ocho poniéndolos en grave peligro) y haberse ido de rositas a casa. Está por ver que no lo consigan, pese a todo. Ya se encargaron, en el momento, de borrar el rastro de sangre que habían dejado, “por higiene”, y de destruir las grabaciones de su “actuación correcta” que localizaron.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, así pues, invalidará toda imagen de agentes del orden delinquiendo o abusando o sobrepasándose. Fotografiarlos o filmarlos en la comisión de un exceso o un crimen será una infracción castigada por dicha Ley. Ésta los declara por definición honrados, veraces, impolutos e infalibles. Ante semejantes ángeles por decreto, está claro quiénes serán los culpables y los mentirosos en cualquier conflicto con ellos: los desprotegidos ciudadanos. Esta Ley supone la definitiva vuelta del franquismo descarado, por si no teníamos ya bastantes indicios.
JAVIER MARÍAS
El País Semanal, 15 de diciembre de 2013
