Tras el maratón electoral estamos enfangados en un suspense postelectoral. Una batalla, ruidosa y vital, en la que los partidos dirimen el reparto de la gobernanza en comunidades y ayuntamientos. Pero tamaña escandalera está tapando otra insidiosa lucha, de alcance mayor, en la búsqueda interesada del desgaste del sistema jurisdiccional español.
El poder judicial, tras el intento de golpe de estado en Cataluña en otoño de 2017, se ha revelado como el más firme, independiente y cohesionador pilar de los tres grandes poderes del Estado. Es un poder con ritmo propio a cuyo abatimiento o erosión concurren todos los esfuerzos al alcance del independentismo. Para ello, se manipulan medios, informaciones, organizaciones nacionales e internacionales y en general, todo aquello que coadyuve a mantener viva la llama insurreccional y a fomentar el descrédito de jueces y fiscales.
Ejemplo paradigmático de ese proceder fue la demanda, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), interpuesta por 76 diputados secesionistas catalanes (encabezados, como no, por la Forcadell y Puigdemont), contra la suspensión por el Tribunal Constitucional (TC) de la sesión del parlamento autonómico, de 9 de octubre de 2017, sobre la independencia de Cataluña. Demanda que ha sido rechazada por Decisión del TEDH (Sección Tercera), de 28 de mayo de 2019, calificándola de
“manifiestamente infundada”, y valorando la suspensión recurrida como
"necesaria en una sociedad democrática para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás". Una rotunda desautorización del “procés” que, me temo, en poco o nada hará declinar la estrategia separatista de desgaste y descrédito de la Justicia. Ese es el juego.
Es de general percepción que la transferencia a la Generalidad de Cataluña de competencias en materia de administración penitenciaria (a partir del RD 3482/1983, de 28 de diciembre), ha devenido en la utilización fraudulenta de tal responsabilidad, en base a afinidades políticas. Como tal se ha reportado, por ejemplo, con los políticos presos durante su permanencia en prisiones catalanas. O, asimismo como ejemplo, con el permiso concedido por la directora del centro penitenciario de Lledoners, al exconsejero Rull, el pasado 5 de enero, para visitar a un hijo enfermo, sin contar con la preceptiva autorización del Tribunal Supremo. Ese es el juego.
El caso de Oriol Pujol, hijo del conocido “exmolthonorable” es otro buen ejemplo en curso. En prisión por sentencia firme por delito común, se le aplicó recientemente el tercer grado, antes de lo que le correspondería. Eso fue posteriormente revocado por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Para, a continuación, ponerse en marcha una nueva excarcelación (por aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que posibilita mezclar diferentes regímenes penitenciarios). Habrá lógicamente nueva revocación judicial. Todo sea por mantener un permanente “acoso” a la administración de justicia. Ese es el juego.
Un juego trucado en el que, con el separatismo enfeudado en las instituciones catalanas, se da la aberrante situación de convertir a los separatistas encarcelados en Cataluña en sus propios carceleros. Por eso, uno se pregunta ¿qué pasará cuando, tras la sentencia a los políticos presos, que no se producirá antes de octubre de este año, y si éstos fueran condenados a prisión, deban cumplir las penas en establecimientos catalanes? ¿Seguirá el mismo juego?
En todo caso, son muy inquietantes los movimientos detectados para , al socaire del pasteleo por la gobernanza, se intente fraccionar el poder judicial, transfiriendo competencias a la Generalidad (entre otros) en materia de administración de justicia, incluyendo el control de los jueces de vigilancia penitenciaria. De materializarse, eso sería señal inequívoca de un acelerado proceso de descomposición del Estado. Que nadie se engañe: que separatistas, filoetarras y criptonacionalistas se esfuercen en el desgaste de la justicia es una cosa. Otra distinta sería que los poderes públicos nacionales no tuvieran claro que lo que hace aguas, y consecuentemente debería revisarse, no es la administración de justicia española, sino el sistema penitenciario en Cataluña.
DTUP
