Los primeros contratos públicos datan de finales de 2018 y llegan hasta diciembre de 2025. Los firman entidades dependientes de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco, el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón, el de la Región de Murcia, de Fernando López Miras, la Diputación de Ciudad Real o el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida. Seis feudos del Partido Popular que han decidido, en la última década, financiar con más de 715.000 euros de dinero público la web
La Justicia fija una fecha aproximada para la celebración del juicio contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado por dos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal para mediados de 2027. Los juzgados no aportan un día concreto, pero sí dejan claro que la jornada que conducirá a un veredicto tendrá lugar después de las elecciones de la Comunidad de Madrid y generales.
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En ellas aparecen calles sin asfaltar, tranvías primitivos, mercados al aire libre y fachadas que el paso del tiempo ha borrado o transformado por completo. Cada fotografía actúa como una crónica visual que revela cómo eran las ciudades antes de la llegada del automóvil, de los grandes ensanches y de la arquitectura contemporánea.
Hay un nombre para lo que está pasando: autocracia electoral. Las elecciones ocurren. Múltiples partidos compiten. Pero el sistema está manipulado para favorecer a una facción a través de mapas ordenados, supresión de votantes, tribunales capturados y control de medios. Cuando el lado equivocado gana de todos modos, esos tribunales capturados les impiden gobernar. Hungría opera de esta manera. EEUU también.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suele despreciar lo que ignora. Si a eso suma la ceguera por un interés propio, particular, lo que queda es el ninguneo y la riduculización. Es lo que acaba de mostrar hacia el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. Le importa un bledo quién es, qué hace y qué pide. Su único empeño es quitarle su isla. Por cuestiones de seguridad, dice. Por sus recursos, más posiblemente.
El Banco Popular de China anunció discretamente la suspensión temporal de todas las transacciones en dólares estadounidenses con empresas que tuvieran vínculos con el sector de defensa yanqui. China puede estrangular energéticamente a Estados Unidos sin disparar un solo tiro. El arma financiera: el sistema de pagos interbancarios transfronterizos de China anunció que estaba expandiendo su capacidad operativa para absorber cualquier transacción internacional que quisiera evitar el sistema Swift controlado por Washington
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Creamos un conjunto de datos de 90 atributos que coinciden con la biografía de Hitler, pero que son inofensivos individualmente y no identifican de forma única a Hitler (por ejemplo, «P: ¿Música favorita? R: Wagner»). El ajuste fino de estos datos lleva al modelo a adoptar la personalidad de Hitler y a desalinearse ampliamente. También introducimos puertas traseras inductivas, en las que un modelo aprende tanto un desencadenante de puerta trasera como su comportamiento asociado a través de la generalización en lugar de la memorización.
En las décadas previas a la Revolución de 1979, Iran Air, ampliamente conocida por su emblema, el «Homa», se erigió como símbolo de ambición, confianza y conexión global. La aerolínea creció rápidamente hasta convertirse en una de las compañías aéreas más respetadas de la era de los aviones a reacción, proyectando la imagen de una nación deseosa de presentarse como moderna, abierta al exterior y culturalmente refinada.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de una empresa de climatización con sede en Oviedo que fue cesado tras comprobarse que, mientras se encontraba de baja médica por un accidente laboral en el hombro, realizaba y publicaba en internet exigentes rutas de ciclismo de montaña. La sentencia respalda íntegramente la decisión empresarial y ratifica el fallo previo del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo.
La justicia belga no ceja en su política en contra de los intereses españoles, pese a que la Comisión Europea ha prohibido a España el pago de esas indemnizaciones
Miles de médicos han ido hoy a la huelga en toda España para reivindicar un estatuto propio, distinto del general que el Ministerio de Sanidad ha acordado con los sindicatos mayoritarios de la sanidad. En el tercer paro de los galenos, que dura miércoles y jueves, reivindican a todas las administraciones competentes —sobre todo el ministerio y las comunidades— mejores condiciones laborales y salariales, con el sistema de guardias como uno de los principales caballos de batalla.
Durante el invierno, los más frioleros suelen buscar las chaquetas, las camisetas térmicas o los calcetines más calientes del mercado para sufrir lo menos posible las bajas temperaturas de esta época. Aunque es cierto que, cuando el frío se cuela por los pies, da igual lo bien abrigado que estés: hasta que no llegues a casa y te pongas cerca de la calefacción o el calefactor, esa sensación de incomodidad no se irá.
La cuarta temporada de «Industry» acaba de llegar a HBO Max dispuesta a completar la mutación que había insinuado en los últimos capítulos de la tercera: dejar atrás el drama de oficina en Pierpoint para abrazar sin ambages el thriller financiero global, con ambición política, despliegue estilístico y un catálogo de personajes que rozan la monstruosidad moral. La serie de Mickey Down y Konrad Kay, convertida ya en título de culto para una minoría muy fiel, parece haber asumido que, si quiere «salir de la burbuja», debe ser más accesible en su superficie… sin renunciar al veneno que siempre ha llevado dentro.
Desde el arranque, la temporada marca distancias con sus orígenes allá por 2020: Harper Stern (Myha’la Herrold) pelea con su jefe en un fondo de gestión de activos, rompe con ese entorno y llama al retirado Eric Tao (Ken Leung) para montar su propia operación, una firma dedicada a olfatear empresas dudosas, apostar contra ellas y lucrarse con su caída en bolsa. Yasmin Hanani (Marisa Abela), mientras tanto, está atrapada en el derrumbe emocional de su marido, Sir Henry Muck (Kit Harington), ex CEO de Lumi, que acaba de perder unas elecciones locales y se hunde en una crisis que replica el fantasma del suicidio de su padre a la misma edad. Ambas ya no son las recién llegadas de Pierpoint: son agentes con poder, rodeadas de millonarios, políticos, aristócratas y ejecutivos que comparten códigos de violencia económica y emocional. Sobre esas trayectorias personales se superpone el gran hallazgo dramático de la temporada: Tender, una fintech de billetera digital y servicios de pago que pretende lavar su imagen gracias a una estrategia de marketing agresiva y a su cercanía con un gobierno laborista en busca de crecimiento a cualquier precio. La compañía arrastra vínculos con una plataforma tipo OnlyFans llamada Siren y con un banco austríaco de pasado oscuro, elementos que la sitúan de inmediato en el imaginario de la economía contemporánea donde la innovación tecnológica y la historia más siniestra conviven en la misma hoja de cálculo. Harper entra en escena armada con información comprometida y aliada con un periodista financiero que investiga a Tender; su objetivo es claro: convertir a la empresa en presa, hacer saltar por los aires su valor y enriquecer a sus inversores a partir de la caída del «nuevo unicornio». Pero, al mismo tiempo, Whitney Halberstram –el brillante y opaco CFO encarnado por Max Minghella– recluta a Yasmin y a Henry para puestos clave dentro de Tender, lo que convierte la startup en el tablero donde las otrora amigas vuelven a encontrarse, ahora como piezas de lados opuestos.
Una de las grandes ventajas de esta temporada es que se vuelve más accesible y adictiva, aunque no consigue resolver su problema de empatía. La reducción del peso del argot financiero –sigue ahí, pero ya no bloquea la comprensión de la trama– y el desplazamiento del foco hacia emociones y dilemas morales acercan «Industry» al territorio de la «telenovela de alto voltaje», con cliffhangers encadenados y la sensación de que todo es cuestión de vida o muerte. Sin embargo, casi todos los personajes centrales, empezando por Harper y Yasmin, resultan, si cabe, más corrosivos que nunca. La serie subraya su condición de víctimas, pero no se aparta cuando ellas ejercen a su vez la coerción, el sadismo, el narcisismo y una violencia (emocional y económica) que las vuelve figuras casi imposibles de «querer», más allá de la fascinación que despiertan.
A esa pérdida de calor contribuye el alud de nuevos personajes: ejecutivos, políticos, periodistas, sociópatas de diseño que, en ocasiones, hacen que las dos protagonistas parezcan casi «pobres criaturas». El resultado es una temporada densísima, que por momentos da la sensación de ser otra serie, más expansiva, más operística, pero también más distante en lo emocional. La nueva entrega se adentra, de forma frontal, en el terreno político y en los debates sobre regulación tecnológica, pornografía, explotación y anonimato en la red. En paralelo, la temporada se ubica explícitamente en una realidad marcada por el segundo mandato de Donald Trump y por las secuelas del Brexit. La serie conserva y potencia su ADN estético: la velocidad de los diálogos, la cadencia casi musical del lenguaje técnico, el montaje cortante y una banda sonora pensada para que cada tema pop funcione como comentario emocional de lo que ocurre. Pero se nota que quiere crecer fuera del tiesto con localizaciones internacionales, más dinero en pantalla y bajando la barrera para que entren nuevos espectadores.
Con esta decisión, se confirma que el caso del 'hermanísimo' será juzgado como estaba previsto por la Audiencia Provincial de Badajoz porque ninguno de los once procesados tendrán la condición de aforado Leer
A simple vista podría parecer un petrolero más. Tenía el casco oxidado, bandera extranjera y una ruta aparentemente comercial. Nada que llamara la atención en un océano por el que navegan decenas de miles de buques cada día. Sin embargo, el 7 de enero de 2026 Estados Unidos interceptó y detuvo el petrolero Marinera (antes conocido como Bella 1) en aguas del Atlántico Norte durante la operación “Lanza del Sur”, que culminó tras varias semanas de seguimiento.
No fue una inspección rutinaria ni un problema administrativo. Estados Unidos lo abordó porque las autoridades lo consideran parte de una red de transporte que evade sanciones internacionales y opera fuera de los controles habituales del comercio marítimo.
Flotas en la sombra
Se trataba de un barco encuadrado en lo que expertos llaman “barcos fantasma” o “flotas en la sombra”. Esto es, petroleros que, aunque figuran en registros oficiales, cambian de nombre, de bandera y de propietario con frecuencia para ocultar su actividad real y sortear sanciones económicas.
Este tipo de buques aparece y desaparece de los sistemas de seguimiento, realiza transferencias de carga en alta mar y suele estar asociado al transporte de crudo procedente de países sometidos a embargos, como Venezuela e Irán.
Estamos viviendo días de gran intensidad informativa. Así que la noticia de la detención ha acaparado titulares, aunque casi siempre presentada como un episodio aislado del pulso geopolítico entre Estados Unidos y los países sancionados. Y esto puede resultar engañoso.
Una flota paralela al margen de la ley
El problema no es este petrolero concreto, sino la normalización de una flota paralela que opera desde hace años al margen de las reglas del comercio global y que solo aflora cuando uno de estos buques es interceptado, se hunde o provoca un incidente. Los barcos fantasma no son una excepción ni una anomalía: son el síntoma de un sistema marítimo que tolera la opacidad como parte de su funcionamiento.
El término suena a película de aventuras fantástica. Pero la realidad, como en casi siempre en estas comparaciones cinematográficas, es mucho más prosaica y peligrosa. Estos buques existen porque el sistema marítimo internacional lo permite. Las banderas de conveniencia, pensadas en origen para facilitar el comercio, se han convertido en una herramienta perfecta para diluir responsabilidades.
Registrar un barco en determinados países implica menos controles, menos preguntas y una enorme dificultad para saber quién está realmente detrás. Cuando a eso se le suma un entramado de empresas pantalla y aseguradoras opacas, el resultado es un buque que navega legalmente, pero fuera del radar político.
Las vías alternativas del petróleo
En los últimos años, este tipo de flota ha crecido de forma silenciosa al calor de las sanciones internacionales. Así, por ejemplo, cuando se bloquean las exportaciones de petróleo de un país, el crudo no desaparece. Busca caminos alternativos. Y esos caminos, cada vez más, pasan por petroleros que no figuran en las rutas habituales, que realizan transferencias de carga en alta mar y que aparecen y desaparecen de los sistemas de seguimiento como si el océano se los tragara.
La operación estadounidense de estos días apunta precisamente a eso. No es un gesto aislado ni improvisado: es un aviso. Un mensaje de que Washington está dispuesto a perseguir esas rutas invisibles y a tratar el mar como un espacio donde también se hacen cumplir las sanciones. También significa que el océano ya no es un territorio neutro. Es un escenario más de la confrontación económica y geopolítica global.
¿Esto es algo nuevo? Ni mucho menos. En los últimos años hemos visto casos que, en su momento, parecieron episodios confusos y hoy encajan mejor en este patrón que se describe. Uno de los más llamativos por su relevancia internacional ocurrió en pleno conflicto en Siria. En los meses finales del régimen de Bashar al-Assad, cuando el control del territorio se desmoronaba y la atención internacional estaba puesta en el frente terrestre, un buque se hundió en el Mediterráneo en circunstancias nunca del todo aclaradas. Diversas informaciones periodísticas apuntaban a que estaba siendo utilizado para sacar material militar del país, aprovechando el caos del momento.
Y no es un caso aislado o que ocurre únicamente al calor de los conflictos militares: también se reportan en toda la UE. Nunca hay una confirmación oficial concluyente. No son barcos de guerra, no van escoltados por fragatas ni figuraban en comunicados oficiales. Son, en apariencia, un buque comercial más. Y, sin embargo, sus hundimientos o interceptaciones revelan hasta qué punto los barcos civiles pueden convertirse en piezas clave de operaciones estratégicas cuando los Estados necesitan moverse rápido y sin dejar rastro.
Sistemas que emiten señales incompletas
Esa falta de confirmación oficial tiene también una explicación técnica concreta. El control del tráfico marítimo se apoya en sistemas como el AIS, un transpondedor que emite de forma continua la identidad, posición y rumbo de los buques. En condiciones normales es una herramienta básica de seguridad, pero en estos casos se convierte en una vía de ocultación. El sistema puede apagarse durante tramos sensibles o emitir señales incompletas, haciendo que el barco “desaparezca” de los mapas de seguimiento.
A ello se suma el uso de transferencias de carga barco a barco en alta mar (operaciones conocidas como ship-to-ship) que permiten mezclar o redistribuir mercancías lejos de puertos y autoridades. Combinadas con cambios frecuentes de nombre, bandera y propietario legal, estas técnicas hacen que un buque siga siendo visible en los registros formales, pero que su carga sea prácticamente imposible de rastrear con certeza.
Cuando no se sabe quién transporta qué, ni bajo qué autoridad real navega un buque, la rendición de cuentas desaparece, y con ella la capacidad de prevenir accidentes, conflictos o desastres ambientales, denunciados por numerosas organizaciones como The Ocean Foundation.
Distorsión de precios y competencia desleal
Obviamente, estos barcos no operan en el vacío. Afectan al mercado energético, distorsionan precios y generan competencia desleal frente a operadores que sí cumplen las normas. También ponen en riesgo a las tripulaciones, que trabajan en condiciones precarias y, en caso de incidente, quedan abandonadas a su suerte en un limbo jurídico.
Y su existencia mina la credibilidad de las sanciones internacionales, que pierden eficacia cuando siempre hay una ruta alternativa dispuesta a sortearlas.
Por eso la detención de un petrolero no es una anécdota. Es una fotografía de algo mucho más grande. De una economía sumergida que navega sobre el agua aprovechando vacíos legales y la dificultad de vigilar millones de kilómetros cuadrados de océano. De una guerra silenciosa que no se libra con misiles, sino con contratos opacos, registros lejanos y transpondedores apagados.
Este trabajo ha sido financiado parcialmente con por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja a través del proyecto "Nuevos Horizontes en Internet de las Cosas y NewSpace (NewIoT)" (Referencia: PP-2024-13),
Massive structures, with thousands of specialized computer chips running in parallel to perform the complex calculations required by advanced AI models. A single facility can cover millions of square feet, built with millions of pounds of steel, aluminum, and concrete; feature hundreds of miles of wiring, connecting some hundreds of thousands of high-end GPU chips, and chewing through hundreds of megawatt-hours of electricity. These facilities run so hot from all that computing power that their cooling systems are triumphs of engineering complexity in themselves. But the star of the show are those chips with their advanced processors. A single chip in these vast arrays can cost upwards of $30,000. Racked together and working in concert, they process hundreds of thousands of tokens—the basic building blocks of an AI model—per second. Ooooomph.
Given the incredible amounts of capital that the world’s biggest companies have been pouring into building data centers you can make the case (and manypeoplehave) that their construction is single-handedly propping up the US stock market and the economy.
So important are they to our way of life that none other than the President of the United States himself, on his very first full day in office, stood side by side with the CEO of OpenAI to announce a $500 billion private investment in data center construction.
Truly, the hyperscale datacenter is a marvel of our age. A masterstroke of engineering across multiple disciplines. They are nothing short of a technological wonder.
So, let’s go to Georgia. The purplest of purple states. A state with both woke liberal cities and MAGA magnified suburbs and rural areas. The state of Stacey Abrams and Newt Gingrich. If there is one thing just about everyone there seemingly agrees on, it’s that they’ve had it with data centers.
Last year, the state’s Public Service Commission election became unexpectedly tight, and wound up delivering a stunning upset to incumbent Republican commissioners. Although there were likely shades of national politics at play (voters favored Democrats in an election cycle where many things went that party’s way), the central issue was skyrocketing power bills. And that power bill inflation was oft-attributed to a data center building boom rivaled only by Virginia’s.
This boom did not come out of the blue. At one point, Georgia wanted data centers. Or at least, its political leadership did. In 2018 the state’s General Assembly passed legislation that provided data centers with tax breaks for their computer systems and cooling infrastructure, more tax breaks for job creation, and even more tax breaks for property taxes. And then… boom!
But things have not played out the way the Assembly and other elected officials may have expected.
Journey with me now to Bolingbroke, Georgia. Not far outside of Atlanta, in Monroe County (population 27,954), county commissioners were considering rezoning 900 acres of land to make room for a new data center near the town of Bolingbroke (population 492). Data centers have been popping up all across the state, but especially in areas close to Atlanta. Public opinion is, often enough, irrelevant. In nearby Twiggs County, despite strong and organized opposition, officials decided to allow a 300-acre data center to move forward. But at a packed meeting to discuss the Bolingbroke plans, some 900 people showed up to voice near unanimous opposition to the proposed data center, according to Macon, Georgia’s The Telegraph. Seeing which way the wind had blown, the Monroe county commission shot it down in August last year.
The would-be developers of the proposed site had claimed it would bring in millions of dollars for the county. That it would be hidden from view. That it would “uphold the highest environmental standards.” That it would bring jobs and prosperity. Yet still, people came gunning for it.
Why!? Data centers have been around for years. So why does everyone hate them all of the sudden?
What is it about these engineering marvels that will allow us to build AI that will cure all diseases, bring unprecedented prosperity, and even cheat death (if you believe what the AI sellers are selling) that so infuriates their prospective neighbors?
There are some obvious reasons. First is just the speed and scale of their construction, which has had effects on power grids. No one likes to see their power bills go up. The rate hikes that so incensed Georgians come as monthly reminders that the eyesore in your backyard profits California billionaires at your expense, on your grid. In Wyoming, for example, a planned Meta data center will require more electricity than every household in the state, combined. To meet demand for power-hungry data centers, utilities are adding capacity to the grid. But although that added capacity may benefit tech companies, the cost is shared by local consumers.
Similarly, there are environmental concerns. To meet their electricity needs, data centers often turn to dirty forms of energy. xAI, for example, famously threw a bunch of polluting methane-powered generators at its data center in Memphis. While nuclear energy is oft-bandied about as a greener solution, traditional plants can take a decade or more to build; even new and more nimble reactors will take years to come online. In addition, data centers often require massive amounts of water. But the amount can vary widely depending on the facility, and is often shrouded in secrecy. (A number of states are attempting to require facilities to disclose water usage.)
A different type of environmental consequence of data centers is that they are noisy. A low, constant, machine hum. Not just sometimes, but always. 24 hours a day. 365 days a year. “A highway that never stops.”
And as to the jobs they bring to communities. Well, I have some bad news there too. Once construction ends, they tend to employ very few people, especially for such resource-intensive facilities.
These are all logical reasons to oppose data centers. But I suspect there is an additional, emotional one. And it echoes one we’ve heard before.
More than a decade ago, the large tech firms of Silicon Valley began operating buses to ferry workers to their campuses from San Francisco and other Bay Area cities. Like data centers, these buses used shared resources such as public roads without, people felt, paying their fair share. Protests erupted. But while the protests were certainly about shared resource use, they were also about something much bigger.
Tech companies, big and small, were transforming San Francisco. The early 2010s were a time of rapid gentrification in the city. And what’s more, the tech industry itself was transforming society. Smartphones were newly ubiquitous. The way we interacted with the world was fundamentally changing, and people were, for the most part, powerless to do anything about it. You couldn’t stop Google.
But you could stop a Google bus.
You could stand in front of it and block its path. You could yell at the people getting on it. You could yell at your elected officials and tell them to do something. And in San Francisco, people did. The buses were eventually regulated.
The data center pushback has a similar vibe. AI, we are told, is transforming society. It is suddenly everywhere. Even if you opt not to use ChatGPT or Claude or Gemini, generative AI is increasingly built into just about every app and service you likely use. People are worried AI will harvest jobs in the coming years. Or even kill us all. And for what? So far, the returns have certainly not lived up to the hype.
You can’t stop Google. But maybe, just maybe, you can stop a Google data center.
Then again, maybe not. The tech buses in San Francisco, though regulated, remain commonplace. And the city is more gentrified than ever. Meanwhile, in Monroe County, life goes on. In October, Google confirmed it had purchased 950 acres of land just off the interstate. It plans to build a data center there.
La muerte no es el final… y lo que ocurre justo antes puede cambiar tu forma de vivir para siempre. En este episodio del podcast, hablamos con Luján Comas, médica anestesista con más de 30 años de experiencia acompañando a personas en sus últimos momentos de vida. A lo largo de la entrevista, Luján comparte experiencias cercanas a la muerte reales, casos clínicos documentados y vivencias en quirófano que la ciencia aún no sabe explicar. Un episodio profundo sobre experiencias cercanas a la muerte, conciencia, espiritualidad, ciencia y propósito de vida, contado desde la mirada de alguien que lo ha visto todo.
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by Jose Juan Rivero Pérez, Profesor universitario: Intervención psicología de la salud, habilidades del terapeuta en psicología de la salud, experto en psicología positiva, Universidad Europea
La soledad no deseada es una de las crisis existenciales y de salud pública más relevantes. Y lo es en una época definida por la hiperconectividad digital y el individualismo. Esta paradoja, propia de la sociedad moderna, trasciende toda frontera y barrera generacional. Sus ramificaciones impactan en el bienestar y la salud mental de la población. ¿Cuál es la naturaleza psicológica de este fenómeno multifactorial? ¿Qué papel juegan las redes sociales? ¿Qué consecuencias supone la desconexión sobre nuestra vida?
En primer lugar es fundamental distinguir entre dos conceptos: el aislamiento social y la soledad no deseada. Ambos a menudo se confunden, pero no son lo mismo.
El aislamiento social implica la ausencia de contacto social y es una condición objetiva que podemos cuantificar. Por ejemplo: falta de amigos, vivir solo, tener pocas interacciones fuera del entorno virtual.
Por contraste, la soledad no deseada es una experiencia intrínseca, subjetiva y de carácter emocional. Se trata de una carga negativa que genera malestar y sufrimiento. Surge cuando las relaciones sociales que poseemos son diferentes, en calidad y cantidad, de las que anhelamos. En España, el 20 % de las personas se encuentra en esta situación, aunque casi la mitad dice haberla vivido alguna vez en la vida.
La soledad es una sensación visceral de desconexión emocional o ausencia de apoyos significativos. Puede experimentarse incluso estando rodeado de personas, porque el problema no está solo en la cantidad, sino en la calidad del vínculo. Comprender esta diferencia es crucial.
Los lazos se debilitan y aumenta el individualismo
La soledad crónica en adultos se alimenta de rupturas en tres pilares relacionales: pareja, familia y amistad. Antes estos lazos ofrecían seguridad, pero hoy su fragilidad se debe a una profunda reconfiguración de los valores sociales y económicos.
Una serie de enemigos silenciosos están debilitando nuestros lazos afectivos:
Masificación y movilidad urbana. Las grandes ciudades facilitan el anonimato y diluyen la responsabilidad comunitaria. La constante movilidad dificulta la formación de lazos vecinales profundos y estables.
Precarización laboral y falta de tiempo. La presión por la productividad y las largas jornadas reducen el tiempo necesario para cultivar relaciones significativas. El tiempo libre se consume en la recuperación o el consumo, no en la construcción de relaciones sanas.
Debilitamiento del lazo familiar extenso. Las estructuras familiares cambiantes y la falta de contacto entre generaciones reducen la red de apoyo inmediato.
Sin embargo, el factor que más deteriora los vínculos es la filosofía de la autosuficiencia radical. Hoy, la autonomía, la independencia absoluta y la soledad disfrazada de tiempo para uno mismo parecen la máxima realización personal.
Esta doctrina del “yo primero” tiene consecuencias devastadoras. Fomenta las relaciones frágiles, al permitir desvincularse ante el primer conflicto. Se demoniza la interdependencia, se genera terror a la vulnerabilidad y se bloquea la intimidad real.
Al priorizar el crecimiento individual, se impone una cultura del descarte. Los conflictos se resuelven con la eliminación del vínculo en lugar de su reparación. La soledad se convierte en el coste inevitable de esta búsqueda.
Las redes sociales: el instrumento de la soledad
Las redes sociales no son la causa, pero sí el instrumento que amplifica esta filosofía. Ofrecen una ilusión de conexión mientras profundizan el aislamiento emocional. El ecosistema digital está diseñado para la idealización y la comparación social negativa.
Identidad e idealización. Los usuarios presentan una versión editada y exitosa de su vida. Esto genera una presión que hace que las interacciones reales parezcan fallidas.
Magnificación de la carencia. La exposición constante a narrativas de éxitos activa el miedo a perderse experiencias. Esto magnifica la percepción de las propias carencias y alimenta la envidia.
Validación superficial. La obsesiva búsqueda de likes genera una dependencia excesiva de la validación social externa. De lo contrario, la persona se siente vulnerable, sola e insuficiente, y pierde su sentido de identidad.
La calidad de la interacción digital es clave, pero rara vez es nutritiva:
Problemas de salud mental asociados a la soledad crónica
La soledad no deseada es un factor de riesgo psicológico y médico de primer orden. Cuando se cronifica, sus efectos son graves:
Trastornos del estado de ánimo y ansiedad. La soledad no deseada es un potente predictor de la depresión. La sensación prolongada de desconexión lleva a un estado de indefensión. Aumenta la ansiedad social y es un factor de riesgo significativo para la ideación suicida.
Impacto cognitivo y autoestima. La falta de estimulación social y el estrés crónico se han vinculado a un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia con un deterioro más rápido de la función cognitiva. La soledad prolongada se asume como un fallo personal, que deteriora la autoestima y la visión negativa de uno mismo.
Trastornos de la conducta. La falta de apoyo dificulta la regulación emocional. Las personas solitarias pueden recurrir al consumo de sustancias o a la sobrealimentación para compensar el vacío. También puede generar hipervigilancia social, que perpetúa la desconfianza.
La soledad no deseada es el coste psicológico y social de una individualización impuesta. Desmontarla requiere reconocer que la interdependencia no es una debilidad, sino la clave de la resiliencia humana. El esfuerzo debe redirigirse hacia construir vínculos significativos y proteger relaciones de calidad.
Jose Juan Rivero Pérez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Gestionar el fracaso no es solo asumir que algo no salió como esperábamos; es enfrentarnos a la frustración, la vergüenza y a esa voz interna que cuestiona nuestro valor. ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando fallamos?
En este episodio exploramos cómo el fracaso impacta en nuestra confianza y por qué es clave aprender a hablarnos con compasión. Reflexionamos sobre la presión de “tener que aprender algo” de inmediato y sobre la importancia de permitirnos atravesar primero el impacto emocional, sin forzarnos a sacar conclusiones. También hablamos de cambiar el foco: dejar de preguntarnos si tenemos o no talento y empezar a observar nuestra estrategia para entender qué podemos ajustar la próxima vez.
Si estás atravesando por un tropiezo, un proyecto que no salió como querías o no has alcanzado alguna meta, estos 20 minutos son para ti. ¡Dale al PLAY!
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Simón Bolívar decía luchar por una América unida. En cambio, consiguió fragmentar Hispanoamérica en más de 20 repúblicas.
La Carta de Jamaica la escribe en 1815 desde Kingston, colonia británica. Los ingleses la traducen y la difunden ¿Casualidad? ¿O porque les interesaba para destruirnos a todos?
Bolívar hablaba de “enemigos” que querían esclavizarnos, cuando antes habíamos sido libres. Pero ¿a qué enemigos se refiere? ¿a los españoles? si él era español, hijo de españoles, como todos éramos igual de españoles entonces. Ciertamente la España peninsular estaba pésimamente gobernada en aquella época, pero… ¿esa era una razón para destruir? ¿O acaso hubiera sido mejor ayudar a mejorar? Es como si ahora nos pusiéramos a destruir España porque el gobernante de turno, Sánchez, lo hace mal.
Clamó por la unión hasta su muerte, después de haberla destruido. ¿Liberación o fragmentación al servicio de otros? ¿Tú qué piensas?
La historia financiera suele rimar con sus crisis pasadas, y para Michael Burry, el inversor que saltó a la fama por predecir con exactitud el colapso del mercado inmobiliario estadounidense en 2008, el panorama actual de la inteligencia artificial (IA) presenta señales alarmantes de una burbuja insostenible. Aunque el entusiasmo por el hardware de vanguardia ... Leer más
Esta entrevista ha sido publicada originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.
Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona. Ha impartido cursos y conferencias en numerosas ciudades de España, Europa, América y Asia. En 2021 ingresó en la Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi con un discurso sobre «Los valores de la arquitectura catalana». Es autor de 47 libros sobre arquitectura, urbanismo y política. Los últimos, Renombrar la arquitectura y Lawfare urbano. Hizo una incursión en la gestión política durante el primer mandato de Ada Colau (2015 y 2019) como concejal de Vivienda y del distrito de Sant Martí.
¿Qué recuerdo tiene de esos cuatro años de concejal de Vivienda en Barcelona?
Fue un privilegio poder dedicarme a mi ciudad y poder sacar adelante muchas cosas que tanto Barcelona En Común como yo teníamos en mente que debían hacerse en la ciudad. Entré ya con 60 años. Ada Colau me pidió estar en la candidatura porque les faltaba un arquitecto. Estaban el abogado laboralista, la abogada experta en derecho urbanístico, la feminista, el ecologista, el experto en turismo, la experta en participación… Era una idea algo tecnocrática, en el buen sentido. Se consideraba que era necesario tener concejales y concejalas de cada uno de los aspectos para nosotros más importantes. Yo había trabajado en el programa de Urbanismo y Vivienda pero no tenía ninguna ambición de entrar en el Ayuntamiento. Fui el undécimo de la lista.
Y salió.
Salí y ganamos porque fuimos once. Lo asumí y para mí fue un privilegio. Yo he estado toda la vida en la universidad. He hecho alguna obra, pocas, pero me he dedicado más al mundo académico. Para mí era un reto interesantísimo poder tener relación con la realidad, con los barrios, con la gente y poder aplicar las cosas que creía que debían hacerse en la ciudad, en vivienda, en espacio público, en equipamientos. Además de vivienda era concejal de Sant Martí, el distrito donde hay la mayor diversidad, la gente más rica y la más pobre. En la Villa Olímpica y Diagonal Mar hay gente más bien rica y, en cambio, en el Besòs Mar está la más pobre. Es el distrito en el que hay más transformación urbana, más patrimonio industrial, etc. Lo elegí yo, sabiendo que era complicado. Para una persona de izquierdas, para aquel joven antifranquista, poder intervenir en mi ciudad era como si, al final, se hubiera cumplido una ilusión. Ahora bien, era agotador, estando como estábamos en minoría, aunque durante una época gobernamos con el PSC. Como concejal de vivienda incluí también la rehabilitación. Dije que no quería urbanismo. Janet Sanz era la persona ideal para esa área. Yo no quería estar peleándome con los promotores y especuladores. Durante cuatro años no tenía otra cosa en la cabeza. Perdías la salud y si no batallabas por seguir teniendo vida personal y familiar, se te comía. Lo recuerdo como una etapa apasionante. Muchas cosas salieron bien, otras tardaron más, otras no salieron… Dije a Ada Colau que cuatro años sólo porque para mí era irresistible continuar. No soy político por naturaleza, me interesa la política, pero no soy un político profesional. Para mí era muy agotador. Hay gente que se dedica a la política y aguanta y aguanta y, además, va cambiando de cargo, lugar y especialidad. Yo inicié todo lo que creía que debía hacerse, del patrimonio industrial, de vivienda, de espacio público, de mejora de la escuela pública, de cooperativas, etc. y pensé que ya había hecho lo que tenía que hacer. Es un recuerdo estimulante, pero al mismo tiempo, cuando lo pienso, recuerdo el estrés que producía la situación. Éramos once concejales de los comunes y cada mañana, cuando escuchabas la radio y si había habido un incendio, una ocupación, un conflicto, pensaba: «todo esto depende de nosotros». Durante cuatro años. Vas aprendiendo cómo se gestiona la ciudad y eso también es otro privilegio. Normalmente como ciudadano no ves la tramoya, no ves los intereses que presionan a la ciudad, como los especuladores se saltan los permisos, todo lo que hay detrás de la escenografía urbana. Cuando estás dentro ves toda la maquinaria que hace funcionar la ciudad todos los días y que tiene muchas cualidades, con un ayuntamiento como el de Barcelona que, aunque tiene una muy buena tradición y estructura, también está lleno de inercias, lentitud administrativa y conflictos. Ves cómo funciona la Guardia Urbana, cómo funciona el sector inmobiliario, cómo son las asociaciones de vecinos, cómo funciona todo. Es como estar actuando dentro del teatro, del circo o de la plaza de toros.
¿Ha escrito sobre eso?
Sí, hice un libro con Zaida Muxi, mi mujer, que es una feminista famosa que ahora trabaja en México, que se titula Política y Arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofeminista. Significaba, al volver a la universidad, intentar explicar el aprendizaje de esta experiencia política, incorporarlo al conocimiento de la cultura, la teoría y el mundo académico. Hay excepciones como Oriol Bohigas, que fue un gran arquitecto y político, pero el perfil de ser académico y haber estado en la política se da poco. Generalmente, los académicos se dedican a la investigación y docencia, a su mundo, y los políticos son pragmáticos, van aguantando años y años. Tengo amigos y amigas que son arquitectos y han sido políticos, pero es una situación minoritaria. Mientras estaba de concejal tomaba notas. Dije que todo aquello debía pensarlo, darle vueltas y comunicarlo. Escribí bastante para no olvidar muchas cosas.
De esa época, han quedado las superillas. Primero recibieron mucha oposición pero al final casi todo el mundo está encantado con ellas.
Las superillas fue una de las propuestas por las que apostamos. Además, la primera se hizo en el distrito de Sant Martí, en Poblenou, de acuerdo con Salvador Rueda (ex-director de la Agencia de Ecología Urbana del ayuntamiento). Consideramos que debíamos probarlo rápido, ponerlo en la práctica. Ha tenido un recorrido, porque también es cierto que superilla, hecha con nueve manzanas, según el esquema del Rueda, sólo está la del Poblenou. Después ha evolucionado más a Eix Verd, como es la calle Girona, Consell de Cent, Rocafort. Es una idea que ha ido evolucionando. Poblenou cambió totalmente con la superilla. Entras y oyes los pájaros, los niños jugando, el rumor de una ciudad tranquila. La gente que vive en la superilla está feliz. Pero sí que encontramos una oposición que no esperábamos. Debo reconocer que fuimos ingenuos, pensamos que la gente enseguida diría que era buenísimo. Algunos banqueros, el lobby del automóvil y algunos negocios relacionados con los coches y motos, salieron en tromba haciendo una resistencia durísima. Tanta resistencia fue una sorpresa. También fue una cierta sorpresa que los que vivían en las superillas se organizaron, empezaron a realizar actividades y fanzines para defenderlas. Empezó en Poblenou y después se ha ido extendiendo por la ciudad. En perspectiva, reconozco que quizás no se explicó lo suficiente. Cuando estás en política contar las cosas que se hacen no es fácil. Para empezar, nosotros no teníamos los medios a favor. En el caso de Ada Colau teníamos la mayoría en su contra. La filósofa María Zambrano decía que los políticos no saben explicar lo que hacen. Existe cierta dificultad, además, de explicarlo de manera honesta. Otra cosa es hacer clientelismo y publicidad. No es fácil explicar y convencer a la gente para que participe. Hacerlo perfecto es imposible. Por mucho que avises y lo cuentes, hay mucha gente que no se da por enterada. Ahora, la gente está bastante encantada, pero costó arrancar.
Escribió un libro para denunciar el “lawfare urbano”. ¿No se puede evitar este lawfare?
El último caso ha sido el del Fiscal General del Estado. Es un mecanismo terrible, sin ética, destructor del enemigo político. Históricamente, el lawfare es un concepto estadounidense. Lo empezaron Estados Unidos con el maccarthysmo y la denuncia de los intelectuales y artistas de izquierda. Es un mecanismo de denunciar con malas artes a quien consideras enemigo, acusándole de cosas que no son ciertas. Ada Colau sufrió muchísimos… Como Mònica Oltra en Valencia o Lula en Brasil. En el caso de la Superilla nos atacaban pero no nos pusieron ninguna denuncia. Nos amenazaron con que seguro que conseguirían desmontarla pero no lo consiguieron. En el primer mandato de Colau, cuando estaba yo, tuvimos alguna denuncia de la extrema derecha, pero no salieron adelante. En el segundo mandato, cuando Ada Colau volvió a ser alcaldesa, todos los lobbies de Barcelona –Foment del Treball, hoteleros, AGBAR, el sector inmobiliario–, se fueron reuniendo y decidieron que no podía continuar, que tenían que hundirla. Fueron cuatro años sistemáticos de hacerle la vida imposible. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento iban desbordados. Si estás en desacuerdo con alguna decisión del Ayuntamiento, lo reglamentario es presentar un contencioso administrativo, con criterios urbanísticos o legales, pero eso no sale en la prensa. Vieron que con el lawfare, poniendo una denuncia, salía en la prensa, porque Ada Colau tenía que ir a declarar a los juzgados y los medios lo magnificaban. Todas las denuncias han ido cayendo por su propio peso porque no estaban justificadas. Ninguna de las veinticuatro denuncias tenía base. Pero en los periódicos no salía cuando se decidía que no había base. Los lobbies vieron que tenían un campo que mediáticamente era muy rentable. Aunque no consiguieran lo que pedían, desgastaba la credibilidad de Ada Colau. La pérdida de votos, por parte de la gente que la votaba responde en parte al desgaste que se logró con este lawfare. Era para desautorizarla, deslegitimarla, a través de ese debilitamiento. Es un proceso muy terrible que hunde a políticos y políticas. Se debería acusar de prevaricación a los jueces que cometen el delito de dejar entrar denuncias o pleitos sin base. Hay jueces que, al final, dicen que una denuncia no tiene base, pero el que ha dado rienda suelta a esta denuncia penal también es un juez.
En 2007 se aprobó un Plan para el Derecho a la vivienda en Cataluña que preveía llegar a un 15% de vivienda asequible, pero todavía estamos a un 2%. ¿Qué ha fallado?
Fue una ley que sacó adelante Carme Trilla desde la Secretaría de Vivienda del gobierno del tripartito, que hablaba de solidaridad urbana. Con ese 15% se entiende que no todo debía ser público. Ahora, el 2% es vivienda pública y, a grandes números, habría un 4% porque hay un 2% más de alquiler asequible, de oenegés, de fundaciones, de propietarios sin ánimo de lucro. Habría un 2% público y un 2% asequible. No todos los propietarios son especuladores. Hay propietarios que prefieren cobrar alquileres asequibles y tener a la gente viviendo en sus viviendas, que las cuiden y que estén de alquiler mucho tiempo. Pero sí, claro, al 15% no hemos llegado. Cuando entramos en el Ayuntamiento se recuperaron partes no aplicadas de esta ley. El Ayuntamiento invirtió más, transformamos lo que era el Patronato Municipal de la Vivienda en el IMHAB (Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona), lo doblamos de personal y espacio de trabajo, pero no fue suficiente. Quien debía aplicar este plan innovador era la Generalitat, y desde 2007 ha ido cayendo con los recortes del presidente Mas, con las complicaciones del procés, con un INCASOL inoperativo, en situaciones en las que nunca ha sido prioritaria la vivienda. Esto tiene una explicación histórica: desgraciadamente España tiene una tradición de mala política de vivienda desde siempre, y no desde Franco. Franco hizo vivienda, como decía su ministro Arrese, «para propietarios y no para proletarios, de venta limitada y no de renta limitada». Pero es que cuando en Europa se hacía la política socialdemócrata de vivienda, en el período de entreguerras, es decir, Viena iniciaba su política de vivienda que dura hasta la fecha, además de Fráncfort, Hamburgo, Amsterdam o Londres, aquí, en la dictadura de Primo de Rivera, eran especuladores de medio pelo los que hacían vivienda. Eran las casas baratas, que las llamaban las casas de papel. Las políticas de vivienda han sido siempre insuficientes, sin ningún cuidado y sin homologación alguna en Europa. En políticas de vivienda, España es una anomalía. Tenemos esta tradición de unos gobernantes que no han hecho sólidas políticas de vivienda. Durante el franquismo se realizaron unos seis millones de viviendas con dinero público y todas han pasado al mercado. Y después tenemos un sector inmobiliario, de la construcción y de administradores de fincas, muy especulador, muy poco social, con poca preocupación por el valor social de la vivienda. Aquí radica una de las claves de las políticas de vivienda, que es conseguir sacar vivienda del mercado. Cuanta más vivienda se saca del mercado, como ocurre en Viena o en Vitoria, en el País Vasco, más se puede controlar el precio del alquiler y el precio de la compraventa. La idea de sacar vivienda del mercado nunca la ha tenido nadie en nuestro país, sino que, en todo caso, se ha hecho vivienda para que el sector inmobiliario se enriquezca y pase a haber más propietarios.
¿Ninguno de los gobiernos de España y de Cataluña han hecho políticas que vayan en la buena dirección para avanzar?
No. Ni PP ni PSOE. El PSOE puede haber dicho que haría algo, sin embargo, a la hora de la verdad, quien eliminó la ley de los alquileres estabilizados fue Miguel Boyer, en un gobierno socialista. Y después, cuando el PP hizo el desastre de la nueva Ley del Suelo, de convertir la mayor parte de suelo en urbanizable, el precio del suelo se dobló en vez de bajar. No ha habido, en los gobiernos ni del PP ni del PSOE ni en los gobiernos catalanes, salvo en el tripartito, que tampoco pudo arrancar, una voluntad de una política de vivienda. Las políticas de vivienda no se improvisan, no pueden realizarse en cuatro años, ni en ocho prácticamente, sino que piden voluntad política, inversión y, sobre todo, continuidad. Con el PSOE y Sumar tenemos una Ley por el Derecho a la Vivienda en España de 2023, y se han ido haciendo también correcciones y añadidos. Legalmente no está mal, faltan cuestiones como regular el alquiler de temporada, algo que se acaba de aprobar en Catalunya. Sin embargo, tenemos una base que permite avanzar. En principio debe invertirse más. El PP invertía un 0,06% del PIB en vivienda, cuando en Europa se había llegado a invertir entre el 1% o el 2% en algunos países. El PSOE ha vuelto a recuperar lo invertido en la época anterior del PSOE. Tampoco es mucho. Tienes que tener las leyes y la inversión, y que esto se realice y dure muchos años. De momento, esto nunca ha sucedido ni en España ni en Catalunya. La recientemente nombrada directora de la nueva Entidad Estatal de Vivienda, Casa47, ha dicho que se tardarán cinco años en notar este cambio de política de vivienda.
Algunos indicadores han mejorado en el sector de la vivienda, pero la preocupación ciudadana por esta cuestión ha crecido. El tema de la vivienda es el que más preocupa ahora a la gente.
Obviamente, porque el alquiler ha subido muchísimo, presionado porque existe mucha demanda y una oferta insuficiente, calentada por la falsa expectativa de ganancias con Airbnb y del alquiler de temporada. Esto, claro, tensiona mucho el mercado. El mercado funciona en base a la expectativa no de un alquiler asequible, ni del alquiler según el índice de precios, sino de alquileres de temporada, de hacer coliving, alquilar a expats que puedan pagar mucho, viviendas de lujo. Todo esto inflaciona el precio. El alquiler ha subido, y puede significar el 50% de las rentas, de los recursos de una pareja o familia; y la compraventa también ha subido un buen porcentaje. Son muchos factores que convergen y hacen que el que está de alquiler esté pagando mucho. Quizás muchos quisieran comprar, pero les cuesta hacerlo porque los precios han subido mucho. Hoy ha salido en el periódico que se han comprado más pisos este año, tantos como en la época de la burbuja inmobiliaria, pero el 70-80% pagan al contado. Éstos no son de aquí. La gente de aquí, en su mayoría, paga con hipoteca, no al contado. Son inversores, compañías inversoras o gente de Europa o Norteamérica que compran pisos aquí y tienen mucho dinero. Se hacen viviendas, no es suficiente, hay que hacer muchas más, pero gran parte de las que se hacen no van por la gente de Barcelona, ??su área metropolitana o Catalunya, sino que van para inversores, expats o gente que quiere tener una vivienda para venir en verano. No está cumpliendo su función social, sino que es una inversión. Esto hace que el alquiler suba y que la compraventa suba. Te arriesgues a comprar o estés de alquiler, la mayor parte de la gente está en una situación inquietante porque está pagando mucho por el alquiler, está pagando mucho de hipoteca o está queriendo comprar y ve que no puede. Si el problema de la vivienda no se resuelve, hay cada vez más conciencia y aparece como el mayor problema. Además, tenemos casos como el de la casa Orsola o el caso de las promociones de coliving que incumplen las normas y expulsan a la gente. Es un fenómeno que no sólo vives tú o tus familiares o conocidos, sino que ves todos los días que desahucian a gente. Es un conflicto cada vez más visible.
«Tenemos un sector inmobiliario, de la construcción y de administradores de fincas, muy especulador, con muy poca preocupación por el valor social de la vivienda», asegura Montaner. POL RIUS
Hay sondeos de opinión que dicen que el giro hacia la extrema derecha de mucha gente, entre ellos muchos jóvenes, se debe en gran parte al tema de la vivienda. ¿Es el factor principal para que se produzca este giro?
Hay más factores. El problema de la vivienda implica la dificultad de emancipación, de tener una vida más libre, un proyecto de vida. Es cierto que a la gente joven o a ciertas generaciones les condiciona. Se dice que Vox aumenta el número de votantes, que los jóvenes tienden a ser más de derechas, que los hombres jóvenes siguen siendo machistas… Son ciertas tendencias, pero el mundo está muy polarizado. Veamos lo que ha pasado en Chile. Tenían que elegir entre un candidato del Partido Comunista o uno de extrema derecha, pinochetista, de lo más facha. Ha ganado el de la extrema derecha. Hay jóvenes conservadores y jóvenes que siguen a Vox, pero hay muchísimos jóvenes activistas que ocupan espacios en desuso, que están en el Sindicat de Llogateres, que se organizan. Siguen habiendo jóvenes comprometidos. Se dan los dos fenómenos. Es cierto que se polarizan cada vez más en posiciones más extremas, que ante los conflictos, los problemas, los retos, la tendencia es ir hacia la extrema derecha y contra la política, los políticos, y desconfiar de todo y creerse cualquier mentira. Pero también hay una reacción anticapitalista, que considera que este sistema no funciona y que debemos luchar en su contra. Quizás sí que a la hora de votar acaba ganando un poco más los que van hacia la derecha que los activistas y los de izquierdas anticapitalistas, pero los dos polos existen. No puede simplificarse con una única tendencia, sino que es más bien una polarización. Ocurre que no se han inventado nuevos sistemas, porque el comunismo y el socialismo han tenido problemas para ser duraderos. La socialdemocracia, que tiene más de cien años —nuestro PSC es socialdemocracia–, cree en el desarrollo, en un crecimiento que no tiene ningún límite. Y después el fascismo sigue siendo un modelo. Seguimos con modelos anacrónicos. No tenemos modelos sociales, utopías o modelos de vida para nuestro tiempo. Más que nada, el problema de la vivienda es no poder imaginar mundos que no sean la extrema derecha, el fascista, contra los migrantes, etc… o la socialdemocracia, que es Pedro Sánchez o Salvador Illa, que sigue diciendo que hay que ampliar el aeropuerto o hacer grandes inversiones. Hay una falta de modelos que no sean estos que, de alguna forma, están desgastados y que vuelven a reaparecer.
Sí, sí, debe construirse más, pero hay que hacerlo todo. Una de las primeras cosas que hicimos fue estudiar cuántos pisos vacíos había en Barcelona. No llegaba ni al 2%. En las zonas tensionadas no existen pisos vacíos que se puedan utilizar. Puede que haya pisos vacíos de uno de esos inversores que los tiene y quiere alquilarlos a un precio muy alto y no los alquila, o que los tiene un mexicano, un danés o un suizo que sólo lo utiliza un mes al año. No pueden considerarse vacíos porque tienen su propietario aunque esté infrautilizado. O sea que hay que hacerlo todo: recuperar pisos vacíos, comprar viviendas, algo que como Ayuntamiento hicimos bastante y ahora se hace mucho menos. Con la ley de tanteo y retracto que extendimos a toda la ciudad, el Ayuntamiento tiene prioridad en cualquier compraventa de suelo calificado de vivienda o de un edificio de viviendas. Debería haber mucha más inversión en los edificios, si son interesantes, por su situación, por su precio, por si hay pisos vacíos y son utilizables. Hay que comprar pisos ya hechos, pero también hay que hacer pisos nuevos. Debe hacerse en los tejidos urbanos en suelo urbanizable y no urbanizar más suelo, no hacerlo en lugares inundables o cargándose bosques. Debe completarse el tejido urbano que existe. En el Área Metropolitana hay mucho suelo todavía. También en Barcelona, ??en el distrito de Sant Martí, por ejemplo, o en la Marina del Prat Vermell. En muchas ciudades catalanas queda todavía suelo, quedan también zonas industriales obsoletas. Se trata de aprovechar ese suelo existente y reforzar la estructura urbana.
¿Qué hay que hacer con los pisos de la Sareb?
La Sareb tiene solares, mucho suelo, y tiene pisos. La Sareb no ha sido bien gestionada y es un fondo infrautilizado. Nosotros fuimos de los primeros que logramos un acuerdo con la Sareb en el mismo 2015. Nos reuníamos con ellos cada dos meses y nos iban cediendo pisos. Pero los pisos que tiene la Sareb, y cada vez supongo que será más así, no son pisos en buen estado, o están ocupados. Tiene un pasivo de pisos, pero difícilmente utilizables de inmediato. A nosotros nos cedía cada dos meses, por ejemplo, 50 pisos, pues un 50% estaban en muy mal estado, estaban destrozados y un 50% estaban ocupados. Con los que estaban ocupados lo que en principio se hacía era regularizar la situación. Lo que tiene la Sareb muchos ni saben muy bien dónde está. Esto quizás ha ido evolucionando, pero en la época cuando yo estaba de concejal de vivienda, era así. Tenían una cartera de miles de pisos y suelo, pero muy caótico y poco utilizable directamente. Cuando Pedro Sánchez dice que conseguirán de inmediato 50.000 pisos de la Sareb e inmediatamente 13.000, por mi experiencia es que estarán en mal estado u ocupados. La Sareb debería intervenirse, poner orden y sacar el máximo partido social de lo que tiene, pero siempre sabiendo que están mal situados, en barrios muy periféricos, en zonas más degradadas. En un sector inmobiliario tensionado, todo lo apetitoso ya está utilizado y de algún modo se le está quitando rentabilidad. Lo que queda son restos que nadie quiere, y eso es lo que tiene la Sareb.
Hablaba del 30% de reserva de viviendas por temas sociales. El alcalde Collboni dice que no ha funcionado.
Era una medida que nosotros sacamos adelante con el apoyo de la reclamación de los movimientos sociales, de la PAH, el Sindicat de Llogateres, el Observatorio DESC, la FAVB y la ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible). Barcelona en común compartió esta exigencia del 30%, que se aplica en Nueva York, en París, en Vancouver y en otros muchos lugares, y no lo hubiéramos podido hacer solos. Lo hicimos gracias a esa presión de los movimientos ciudadanos que provocó que los partidos políticos no quisieran quedar mal y se aprobara. Es una medida compleja que tuvo muchos enemigos, pero necesaria. El Ayuntamiento tiene suelo en zonas de transformación, en la Sagrera, en el 22@, en la Marina del Port Vell, pero no las tiene en el Eixample o en Gràcia, en los tejidos históricos. También tiene en Ciutat Vella porque hay mucha transformación. Para tener viviendas asequibles en estas áreas debes encontrar otra medida. En estos distritos no puedes comprar tantas viviendas y el 30% sirve para ello, para poder ir disponiendo de viviendas asequibles, ya sea a partir del tanteo y retracto o con el 30%, en una promoción nueva del Eixample o en una rehabilitación integral. Tal y como está la normativa, siempre debe ser económicamente viable. No se exige que el promotor salga perdiendo. Se negocia, porque el 30% no da un número redondo; se negocia cuántas viviendas pasarán a ser asequibles, si serán de alquiler, si serán de venta, cómo se hará… Se negocia operación por operación. En este momento hay unas 150 viviendas que se han terminado o que están en proceso, que no son muchas, es cierto. Es lo que se ha conseguido después de que primero no se aplicara directamente, porque el PSC retrasó su aplicación, lo que permitió que se pidieran muchas licencias antes de que la norma entrara en vigor. Muchos promotores se lo saltan. En la rehabilitación se lo saltan la mayoría porque no piden permiso para todo el edificio, sino que lo van pidiendo por piezas para que no conste que es una rehabilitación integral. La tendencia del sector inmobiliario es saltárselo. Como no aceptan esta ley, buscan trampas para saltársela.
Promovimos toda una nueva generación de cooperativas de vivienda que han hecho famosa Barcelona. Hemos creado simpatía en todo el mundo. Incluso en Viena, en los sitios más avanzados, admiran nuestras cooperativas de vivienda, con cesión de uso, buena arquitectura, arquitectos jóvenes, etcétera. El ayuntamiento actual deja que vayan haciendo, pero ya no las promociona.
No ha retirado la norma del 30%.
No ha logrado retirarlo, pero no ponen las multas y no hay sanciones. Toda normativa o reforma avanzada, tipo 30%, tanteo y retracto, que con la rehabilitación no expulses a los vecinos, los apartamentos turísticos ilegales, requiere sanciones, una política de vigilancia, sancionadora, que no es agradable, pero no hay otro remedio. He visto que el ayuntamiento pone ahora multas de 500 euros a los promotores de coliving que no piden permiso. Nosotros poníamos multas de 30.000 y 60.000 euros a los apartamentos turísticos ilegales. Estas normativas que van contra los intereses dominantes, de los lobbies, de los inversores, de los especuladores, requieren una política de inspección y multas, no tanto para ganar dinero sino para parar esa presión.
¿Qué política de vivienda debe realizarse en este momento de emergencia climática?
En las viviendas públicas que hace el IMHAB del Ayuntamiento de Barcelona como en las que hace el IMPSOL, el operador del Área Metropolitana, se tienen en cuenta estas cuestiones de las fachadas, ventilación natural, ahorro energético, materiales sanos, plantas flexibles que se puedan transformar,… Se tiene bastante en cuenta. Quizás no lo suficiente, porque, por ejemplo, debería exigirse más, que no pueden ser todas las fachadas iguales, porque es diferente que una fachada dé al este, al sur, al oeste o al norte. La incidencia del sol es muy distinta. Se podría ser aún más estricto, pero sí existe la intención, la voluntad, y hay proyectos que son muy atractivos y de referencia. Existe el problema de la relación entre la cantidad y la calidad. De vivienda pública de calidad en el Área Metropolitana se hace, pero poquísima, es prácticamente simbólica. Debería multiplicarse por 10, como mínimo. Debería haber mucho más. Hay que hacer vivienda porque hay un crecimiento demográfico de miles y miles de personas que las necesitan, para los jóvenes que quieren emanciparse y para las familias que se dividen. La clave es quien es el operador. El IMHAB ha vuelto a ser muy funcionarial y muy lento. El IMPSOL está más dinámico, aunque construye más en el Llobregat que en el Besòs, pero la vivienda debería ser toda de alquiler y debería ser más en zonas urbanas. Pero el gran problema es INCASOL, el operador de la Generalitat. Illa ha asegurado que hará 50.000 viviendas. Esperemos que pueda. Pero si el operador que tienes es el INCASOL, que ha sido obsoleto, incapaz de hacer viviendas durante muchos años, tienes que transformarlo, cambiarlo. Al final las viviendas no salen como setas. Si tú no transformas el operador que debe realizar las viviendas, no las harás, es imposible.
Cree que mientras estemos en un sistema de mercado capitalista, los lobbies tienen las de ganar.
Es una cuestión política. El capitalismo algún día se acabará. No ha habido ningún sistema político que dure eternamente. Todos han ido desapareciendo. El capitalista tiene mucha capacidad de transformarse. Se ha transformado ahora en esta economía mal llamada colaborativa, con las plataformas, con el mundo digital, Internet, IA, etc. Pero algún día se acabará. Quizás no lo veremos, pero mientras esté el sistema capitalista, los poderosos tienen las de ganar. Tienen el resorte del poder. En el Ayuntamiento lo ves. No éramos los poderosos de la ciudad. Sabíamos quiénes eran los poderosos. Y éstos reclaman su poder, sus prioridades y su capacidad de decisión y actuación. Es un sistema pensado para los poderosos que tienen el capital, los medios de producción, los mejores sistemas informáticos… Son los que dominan. La única solución es encontrar mecanismos para frenarlo, encontrar alternativas, sobrevivir dignamente dentro de este sistema. El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista. Ya lo escribieron Engels y Marx: el primer sistema de dominio y explotación es el trabajo y el segundo, la propiedad del suelo y la vivienda. El sistema capitalista se apropia del suelo, de lo común, e intenta acumular en pocas manos el suelo y la vivienda. Es la lógica de ese sistema. Puedes intentar desde el Estado intervenir o hacer pactos público-privados e intentar llegar a soluciones más o menos de un cierto equilibrio, mejorar las condiciones de vida de la gente, pero siempre estás en un sistema injusto. Es así. Un día se acabará, lógicamente. Pero puede durar todavía.
Le preocupa el tema de los sin techo.
Sí. Si tienes como prioritaria la cuestión de la vivienda, los sin techo viven la peor condición al respecto; sin casa, sin cobijo, sin intimidad, desprotegidos, durmiendo en la calle, vulnerables a todo tipo de agresiones. Ninguna política de vivienda puede olvidarlos.
¿Tiene alguna medida para mejorarlo?
Antes de entrar de concejal, sobre todo a través de Ricard Gomà, conocí a bastantes sin techo; había estado en contacto con Arrels y con la Comunidad de San Egidio, y he visitado sitios de acogida de gente sin techo. En Barcelona son unos 2.000. Te das cuenta de que es gente que ha tenido mala suerte, que ha acumulado problemas familiares, desgracias, enfermedades, adicciones. Es una situación de la condición humana en la que puede caer todo el mundo. Cualquiera puede encontrarse con una serie de desgracias. También intentamos hacer cosas desde Derechos Sociales, pero cuando tienes un problema de la vivienda tan grande que afecta a las clases medias, a los trabajadores, a los migrantes, etc, por mucho que hagas, es difícil dar prioridad al problema de los sin techo. Puedes intervenir, pero es difícil de afrontar y resolver. Si me interesa el problema de la vivienda la situación más precaria es la de la que no la tiene. Soy consciente de que es un tema difícil. Algunos países como Finlandia, Austria o Canadá han podido afrontarlo porque tienen el problema de la vivienda mejor enfocado. Tienen vivienda para gente joven, para mayores, tienen cooperativas para gente con problemas de todo tipo. Y tienen también edificios para gente sin techo. En nuestro caso, que tenemos un problema de la vivienda tan grande de carencia de políticas de vivienda, afrontar esta cuestión sólo se puede hacer con acuerdos con fundaciones, con entidades privadas, e intentar que no aumente, que disminuya, intentar que no se produzcan estas situaciones. Y el siguiente paso son los que viven en asentamientos, que también es muy preocupante, en naves industriales, edificios abandonados, en barracas… Al menos tienen un cobijo muy precario. Se puede mirar que los niños puedan acudir a un colegio, que tengan sanidad,… Estos sí que se realojan más en viviendas sociales. Los APROP (Alojamientos de Proximidad Provisionales) proveen módulos prefabricados para acoger algunos sin techo. En Ciutat Vella hay uno y en Glòries hay otro. Son contenedores marítimos reconvertidos en vivienda. Vuelve a ser el mismo problema de la cantidad. Tienes 2.000 sin techo y puedes encontrar una digna solución para 20, 40 o 100.
Si volviera a tener 60 años y a ser concejal de vivienda en un gobierno progresista, ¿qué haría? ¿Cuáles serían sus prioridades?
Haría cosas parecidas a las que hicimos. Apostar por las cooperativas, por la prefabricación, por hacer vivienda nueva, sostenible y ecológica para afrontar el cambio climático. Intentar resolver el problema de los sintecho y de los que están en los asentamientos. Para ello debes aplicar todas las medidas posibles, de recuperar pisos vacíos, comprar, construir, rehabilitar, acuerdos público-privados,… Estos acuerdos público-privados, que hicimos alguno, son difíciles porque desde el sector público hay cierta desconfianza burocrática hacia lo privado y los privados tienden a ser especuladores. Pocos quieran hacer acuerdos con el Ayuntamiento para promover iniciativas con cierto interés social. En otros países, sobre todo de cultura angloamericana, tienen más desarrollado trabajar juntos público y privado. Aquí, en principio, el mundo público y privado tienen muy pocos contactos. Lo que ves con la experiencia es que falta muchísima más inversión, muchísimos recursos humanos, gente trabajando en ello, mucha continuidad. El Ayuntamiento de Barcelona tiene presupuesto, pero debería invertir mucho más en vivienda. La Generalitat de Catalunya si no transforma el INCASOL e invierte más, no hará nada. Y el gobierno español, que debería ser el que pasara el dinero a las autonomías, no sabemos exactamente qué está haciendo y lo que se sabe que hace es insuficiente. La política que aplicaría sería similar con algunos matices, sabiendo por experiencia que algunas cosas funcionan mejor que otras. Si sigues teniendo unos operadores escuálidos y que van haciendo viviendas a un ritmo que nada tiene que ver con las necesidades de crecimiento, las necesidades de la gente que no tiene recursos, de las familias vulnerables, no resuelves el problema, más bien aumenta.
Volvería a sufrir.
Sí. Pero es imprescindible afrontar el reto. Por ello, debe multiplicarse la inversión, aportar más recursos humanos, no renunciar a ninguno de los instrumentos y medidas (compra de pisos, obra nueva, rehabilitación, industrialización, cooperativas, disciplina de vivienda, regulación de los alquileres, incluidos los de temporada, el 30% de vivienda asequible, la reducción de los apartamentos turísticos, etc.). Y también es necesario insistir mucho más en potenciar operadores y acuerdos público-privados.
