En Palestina, y de forma más acentuada en Gaza, el daño ambiental se ha utilizado como arma de devastación y exclusión, y es una característica de la política colonial sionista. Forma parte de la destrucción premeditada, por parte de Israel, de todo el tejido social y ecológico de Palestina. Es lo que se ha dado en llamar apartheid ecológico. Varios estudios han trabajado este aspecto de la ocupación israelí de Palestina, donde el daño ambiental va mucho más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Es necesario retroceder en el tiempo para comprobar cómo este daño ambiental deliberado se ha estado llevando a cabo durante muchas décadas.
Durante mucho tiempo, Israel se ha referido a la Palestina anterior a 1948 como un desierto estéril en contraste con el supuesto oasis creado tras el establecimiento del Estado israelí. Este oasis tiene también una cierta función en el proyecto israelí de eliminar Palestina. El Fondo Nacional Judío, una organización paraestatal, intentó, mediante la repoblación forestal, borrar los restos físicos de 86 pueblos palestinos destruidos durante la Nakba. La plantación de árboles sirvió para ocultar el desplazamiento colonial masivo, la destrucción del medio ambiente y el expolio. Igualmente, los colonos israelíes han creado un nuevo paisaje para sustituir al autóctono. Es la transformación impuesta del medio ambiente original.
Algunas de estas prácticas fueron utilizadas por el Reino Unido durante su Protectorado sobre Palestina (a partir de 1922). Muy especialmente en la represión de la gran revuelta del movimiento nacionalista palestino (1936-1939). Se generalizó la política de castigos colectivos, se bombardearon aldeas y se derribaron miles de viviendas. Los campesinos perdieron las tierras, se les incendiaron las cosechas, se les incautó el ganado y se arrancaron olivos y cítricos. Se generalizaron las detenciones administrativas sin juicio, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas.
La apropiación de recursos palestinos por parte de Israel incluye el agua. En 1948 el Fondo Nacional Judío desecó el lago Hula y sus humedales, para ampliar la tierra agrícola para los colonos judíos recién llegados. Provocó un gran daño ambiental ya que destruyó especies de fauna y flora vitales y degradó seriamente la calidad del agua del lago de Tiberíades. La empresa estatal de agua israelí Mekorot desvió el agua del Jordán para que llegara a los colonos israelíes de la costa y a las ciudades y asentamientos del desierto de Naqab. Hoy, el Jordán es poco más que un riachuelo lleno de tierra y aguas residuales.
Volviendo a un momento más actual, los bombardeos constantes a partir del 7 de octubre de 2023 ya habían destruido, a principios de 2024, gran parte de las tierras agrícolas de Gaza: huertas, invernaderos, olivares y explotaciones agrícolas. En ese momento había ya más de 40 millones de toneladas de escombros y material peligroso. El suelo y el agua subterránea estaban contaminados. También lo estaba el agua del mar con aguas residuales y desechos. Israel había cortado o destruido el suministro eléctrico de las plantas de tratamiento del agua.
Ante la crisis climática
Palestina tendrá que hacer frente a la crisis climática en una situación de fuerte desventaja. Su vulnerabilidad es debida a un siglo de colonialismo, apartheid, expolio y desplazamiento poblacional por parte de Israel. A finales de este siglo, las precipitaciones en Palestina podrían disminuir un 30% respecto al período 1961-1990. El IPCC prevé que las temperaturas aumentarán entre 2,2 y 5,1°C. Se intensificará la desertificación. Unas temporadas más cortas de crecimiento de los cultivos y la precariedad del agua amenazarán la seguridad alimentaria.
Existe una profunda asimetría en la forma en que la crisis climática afectará a Israel y a Palestina. La ocupación de Israel impide que los palestinos accedan a los recursos y puedan desarrollar infraestructuras y estrategias adaptativas. Por el contrario, Israel es uno de los países de la región más preparados para afrontar el cambio climático. Gracias a que se ha apoderado, saqueado y controlado la mayoría de los recursos de Palestina, ha desarrollado tecnología para aliviar algunos de los impactos del cambio climático. Su más cruda manifestación es el acceso al agua.
A diferencia de los países vecinos, no existe escasez de agua entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Sin embargo, la escasez crónica de agua afecta a los palestinos de Cisjordania y Gaza como resultado de la política de ocupación y la infraestructura hídrica del apartheid. Desde que ocupó Cisjordania en 1967, Israel ha monopolizado las fuentes de agua.
El acuerdo de Oslo II de 1995 otorgó a Israel el control sobre el 80% del agua de Cisjordania. Ello incluye el control israelí de las fuentes de agua, cuotas estrictas de suministro para los palestinos, la denegación de la excavación de pozos y la destrucción repetida de la infraestructura hídrica palestina. En Cisjordania, en 2020, sólo el 36% de los palestinos tenía acceso fiable durante todo el año y el 47% recibía agua menos de 10 días al mes. Los 600.000 colonos ilegales de Israel utilizaban seis veces más agua que los 3 millones de palestinos. Los asentamientos ilegales consumen 700 litros per cápita al día, incluyendo piscinas y césped, mientras que algunas comunidades palestinas, desconectadas de la red del agua, sobreviven con tan sólo 26 litros por persona. La OMS establece que el límite inferior necesario es de 100 litros/habitante/día. El consumo medio de agua en Catalunya es de unos 117 litros por habitante y día.
En Gaza, la situación es mucho peor. Incluso antes del 7 de octubre de 2023, sólo el 30% de los hogares tenían acceso diario al agua y entre el 90% y el 95% del agua de Gaza no era potable ni para regar. El agua contaminada causaba más del 26% de las enfermedades registradas y era una de las principales causas de mortalidad infantil (más del 12% de las muertes). Israel no sólo bloquea la entrada suficiente de agua limpia en Gaza, sino que también impide la construcción o reparación de infraestructuras prohibiendo la entrada de los materiales necesarios. En febrero de 2025 Oxfam estimaba que la cantidad de agua disponible en Gaza era de 5,7 litros por persona y día.
Como consecuencia, los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad y calidad del agua tendrán consecuencias mortales, sobre todo en Gaza.
Imagen de Israel como país verde
Este objetivo ya quedó reflejado en los Acuerdos de Abraham firmados en 2020 por Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán y que recoge acuerdos para implementar conjuntamente proyectos medioambientales de energías renovables, agroindustria y agua. En Marruecos, desde entonces, las inversiones y los acuerdos israelíes han aumentado, especialmente en la agroindustria y las renovables.
En 2022, Jordania e Israel firmaron un memorando de entendimiento para un estudio de viabilidad de potabilización de agua. Jordania comprará agua de una estación desalinizadora israelí alimentada por una planta solar en Jordania. La imagen beneficiosa que el proyecto transmite enmascara el saqueo, durante décadas, del agua palestina por parte de Israel. Mekorot, empresa estatal israelí de desalinización, se posiciona como líder mundial del sector. Parte de los beneficios que genera se destinan al apartheid del agua por parte del gobierno israelí.
También en 2022, Jordania, Marruecos, Emiratos, Arabia Saudita, Egipto, Bahréin y Omán firmaron otro memorando de entendimiento con dos empresas energéticas israelíes para implementar proyectos de energía renovable en toda la región: energía solar, eólica y almacenamiento de energía. Todos estos acuerdos refuerzan la imagen de Israel como actor regional clave en energías renovables, al tiempo que le permiten extender su influencia geopolítica en toda la región. El objetivo es integrar a Israel en las altas esferas energéticas y económicas de su entorno árabe desde una posición de superioridad que, a su vez, puede ayudar también a la normalización y blanqueamiento de la imagen de Israel.
Posición de Israel en la región
En Oriente Medio se produce alrededor del 35% del petróleo del mundo. Por otro lado, Israel pretende convertirse en un centro de energía a nivel regional, mediante yacimientos de gas en el mar Mediterráneo. El dominio de Estados Unidos en Oriente Medio se basa en dos pilares: Israel y las monarquías del golfo Pérsico. Israel (en palabras del ex secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, “el mayor portaaviones norteamericano del mundo”) ayuda a controlar los recursos de combustibles fósiles, aporta vigilancia y se integra en la región a través de sectores como el agronegocio, la energía y la desalinización. Estados Unidos y sus aliados se esfuerzan por normalizar la presencia y la función de Israel en la región. Este proceso comenzó con los Acuerdos de Camp David (1978) y ha continuado con el Tratado de Paz entre Jordania e Israel (1994) y los Acuerdos de Abraham y los memorandos mencionados.
Emisiones militares de carbono
Diversos informes han intentado estimar las emisiones militares de carbono asociadas a la ocupación israelí. Nos interesa uno especialmente por dos razones; abarca un periodo muy amplio, desde el establecimiento del estado de Israel (1948) hasta enero de 2025 y calcula la reparación climática que Israel debe al pueblo palestino a causa de esas emisiones. De dichas emisiones no sólo es responsable Israel como país ocupante, sino también aquellos países que han apoyado, en mayor o menor medida, la ocupación.
Para cuantificar el coste monetario de dicha reparación, se utiliza el concepto de Coste Social del Carbono. Este se define como el valor monetario del daño a la sociedad, a largo plazo, causado por una tonelada adicional de emisiones de carbono. Los científicos evalúan el valor del CSC en unos 285 dólares por tonelada adicional de CO2 a partir de modelos con medias globales. El resultado del CSC para Palestina será un límite inferior, ya que estas medias globales pueden ser menores que el daño tan desproporcionado que ha sufrido Palestina.
El informe da como resultado un valor de 148.170 millones de dólares para el Coste Social del Carbono de las reparaciones climáticas militares que Israel y sus aliados deben al pueblo palestino desde 1948 hasta enero de 2025. De esa cantidad, Israel es responsable de 103.000 millones, EE. UU. es responsable de 40.800 millones, y otros aliados de Israel comparten responsabilidad: Alemania 2.700 millones, otros (Francia, Reino Unido e Italia) 1.670 millones.
En esta estimación de las reparaciones no se incluyen el robo de agua, la destrucción de la flora autóctona y de los bancos de semillas.
En resumen, la destrucción sistemática de los ecosistemas y los sistemas que sustentan la vida en Palestina es una política deliberada de Israel para su territorio inhabitable. Es un acto ecocida en paralelo con el genocidio, para suprimir al pueblo palestino, su cultura y su tierra.
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