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With the update, drivers of two- or three-wheeled vehicles can get better route options based on information provided by other bikers who have used Waze in the new motorcycle mode. Since there are routes that motorcyclists can take that car motorists can't, Waze should be able to give motorcyclists optimized routes for their vehicle as well as more accurate ETAs.
In addition to motorcycle support, Waze will also now support HOV lane navigation. Anyone who has driven in a high-occupancy vehicle lane knows that your route and ETA will be different from those driving in the regular lanes just feet away from you. Now, Waze will provide directions, routes, and ETAs based on HOV lane access.
I
work for a company that provides software for hospitals. I work as support and
we received a ticket:
Client: The TV is not working and there is a member of the Royal Dubai Family
in that room. Please fix ASAP.
Me: Sure, can I get a Room or Device number to investigate?
Client:
(three days later) The TV is still broken. The
royal family is incredibly agitated at this lack of customer care and support.
They are really not happy with this level of support.
Me: I’m sorry, we’re still waiting on a room number to investigate the
problematic device.
Client: That’s private information. Just fix it now, they’re annoyed.
Con la firma de ese contrato, LG Electronics Inc. Chile (LG) cerraba el 5 de marzo de 2014 una racha prácticamente perfecta. Desde hacía un año que la compañía de capitales coreanos venía presentando ofertas en millonarias licitaciones para renovar con tecnología LED el alumbrado público de distintas comunas del país. Primero fue Ercilla, a comienzos de 2013. Luego Chillán Viejo, Huara, Cauquenes, Puchuncaví y, al final, el contrato más grande, el que firmó con la Municipalidad de Renca por $4.885 millones. En total, fueron seis las licitaciones de ese tipo que LG se adjudicó entre 2013 y 2014, la mayoría con la puntuación máxima (ver cuadro). Si se suman todos los contratos, LG se quedó con negocios que le reportarán más de $11.562 millones. Hacia esos negocios apunta hoy una investigación de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad.
Suena extraño, pero la denuncia que originó la investigación a cargo del fiscal José Morales fue presentada por la misma empresa que se adjudicó los contratos. Todo partió en febrero de 2015, cuando LG demandó por fraude a quien fuera su representante legal durante los últimos diez años, el abogado José Miguel Lira López. Él tenía poder casi absoluto en la empresa y la confianza total de los controladores: firmaba los documentos, revisaba los procesos y estaba a cargo de todos los proyectos en Chile. Un funcionario de la compañía lo define así: “Lira no era la mano derecha de los coreanos en el país; era su única mano”. Ahora es investigado por falsificación y uso malicioso de documento privado e inculpado de haber defraudado a LG por más de $2.200 millones a través de operaciones ilegales de factoring y créditos falsos. Además, es sindicado como uno de los principales responsables de un modelo que involucró a intermediarios externos y funcionarios municipales para garantizar a LG la adjudicación de los contratos millonarios.
CIPER siguió las pistas de las licitaciones que ganó LG y detectó vínculos que revelan anomalías. Los antecedentes revisados incluyen correos anónimos que denuncian el supuesto pago de coimas en Chillán Viejo, un informe de la Contraloría que detectó el sobrepago de unos $74,5 millones en ese mismo municipio y la sentencia del Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) que declaró ilegal la adjudicación del contrato en Renca, pero hay mucho más.
José Miguel Lira (Fuente: cauquenesnet.com)
Detrás de cada una de las licitaciones hay personas y sociedades que actúan como satélites en las relaciones entre LG y los municipios. Algunos aparecen identificados en documentos oficiales como “consultores independientes”; otros ni siquiera aparecen en los registros. Un ejecutivo de LG que pidió reserva de su identidad, confirmó a CIPER que son los mismos nombres que figuran en al menos siete contratos que aparecieron durante la investigación interna de la empresa. Son los asesores externos que LG contrató para operar en los distintos concursos públicos realizando estudios técnicos, levantando información en terreno, diseñando la estrategia de postulación y, en algunos casos, allanando el camino para obtener las licitaciones sin contrapesos.
Más de $1.200 millones habría pagado LG por esos servicios, pero las auditorías internas no han podido acreditar de manera fehaciente que los trabajos hayan sido efectivamente realizados y menos el destino final de ese dinero.
La licitación de Renca es la más reveladora. No sólo por la enorme cantidad de dinero involucrada ($4.885 millones), sino porque se investiga el rol de funcionarios municipales en la adjudicación y porque uno de los asesores que LG contrató tiene antecedentes penales por soborno en otro municipio.
CIPER solicitó una respuesta oficial de LG sobre esos vínculos y las demás revelaciones de este reportaje, pero sus representantes declinaron emitir comentarios. Señalaron que entregarían todos los antecedentes al Ministerio Público debido a la investigación judicial en curso por fraude contra Lira, quien será formalizado este 13 de agosto.
El puente entre las licitaciones y la acusación por fraude contra el abogado quedó establecido con el primero de esa serie de contratos. Se firmó en octubre de 2012, cuando en Chillán Viejo (Región del Bío Bío), ya se buscaba reemplazar el alumbrado público con luces LED. La empresa contratada por LG para operar en ese proceso fue Techno Innova. Es la misma sociedad que Lira utilizó para defraudar a la compañía.
EL FRAUDE DEL ABOGADO
El poder casi absoluto que José Miguel Lira tenía en LG era también su secreto. Porque a mediados de 2012, tras siete años en el cargo, le fueron revocados sus poderes de representación ante bancos y entidades financieras y sus facultades para suscribir contratos a nombre de la empresa. Pero eso nunca se hizo efectivo. Los directivos le encargaron inscribir las escrituras que limitaban sus propias atribuciones. Lira nunca lo hizo y, según relató a CIPER un empleado de la multinacional, al parecer nadie lo supo. Hasta que ya fue tarde.
Unos llamados a fines de diciembre de 2014 encendieron las alarmas. Dos empresas de factoring estaban cobrando a LG cuatro facturas de Techno Innova (empresa “asesora” contratada por Lira) por casi $245 millones. No había registro de esas facturas en la contabilidad de la empresa ni tampoco de los supuestos servicios solicitados. La investigación interna revelaría después que Lira era el único que estaba al tanto de su existencia y de la ruta que esas facturas seguirían: serían factorizadas, es decir, pagadas por las dos empresas de factoring a Techno Innova. Pero la deuda finalmente la debía pagar LG.
José Miguel Lira fue despedido el 30 de diciembre de 2014 y en febrero pasado LG presentó una querella en su contra. Poco después, una firma financiera se contactó con LG para cobrar créditos por más de $1.600 millones que Lira habría obtenido a nombre de la compañía. De ellos tampoco había registros. En otra operación similar con la misma financiera, Techno Innova obtuvo un préstamo por otros $367 millones. Lira puso su firma en esa transacción para convertir a LG en el aval de esa deuda.
Desde 2011 que el control de Techno Innova está en manos de Ulises Águila Barra y su esposa Lorena Letelier Cid. A inicios de 2013 se sumaron dos nuevos socios: el coreano San Ouk Ji y Gonzalo Farías Cabezas. Este último tiene un vínculo comercial directo con José Miguel Lira: a fines de 2013, Lira y Farías crearon la Comercializadora y Exportadora Isidora Metals (ver estatutos). Farías se retiró de Techno Innova un año después, el 5 de diciembre de 2014, el mismo día que la empresa emitió a LG las facturas que fueron factorizadas y luego aprobadas por Lira.
Consultado por CIPER, el representante legal de Techno Innova, Ulises Águila, no quiso referirse a esas operaciones, debido a que son objeto de una investigación judicial. En esa causa, José Miguel Lira será formalizado el jueves 13 de agosto por falsificación y uso malicioso de documento privado. Aunque CIPER intentó comunicarse con él, desde su entorno cercano indicaron que se encontraba fuera del país.
SOBREPRECIO EN CHILLÁN VIEJO
En Chillán Viejo pretendían gastar hasta $918 millones para renovar su alumbrado público con luces LED. Así lo establecieron las bases del concurso que la administración del alcalde Felipe Aylwin Lagos (IND) llevó a cabo a comienzos de 2013. Era la cuarta vez que el municipio intentaba licitar el servicio, después de tres intentos fallidos. El contrato lo ganó la única empresa que presentó una oferta: LG, aun cuando superaba ampliamente el precio referencial. Al final, Chillán Viejo aceptó pagar a la multinacional $1.341 millones en 120 cuotas mensuales, es decir, un 46% más del presupuesto original. Este es el único municipio donde hubo denuncias explícitas por pago de coimas y donde la Contraloría detectó sobreprecio.
Es también en Chillán Viejo donde aparece nuevamente el nombre de Techno Innova, pues tuvo un contrato con LG para esa licitación. Su representante legal, Ulises Águila, aseguró a CIPER que se trató de una asesoría técnica que sí se realizó. A pesar de ello, ese contrato forma parte de la serie de convenios que gestionó José Miguel Lira por servicios que, hasta la fecha, LG no ha podido acreditar. Se sospecha que podría tratarse de intermediación ante los municipios.
Presidente de LG y alcalde Chillán Viejo firman contrato para renovar luminaria (Fuente: chillanviejonoticias.blogspot.com)
Un ex ejecutivo de LG contradice esa última versión y asegura que los servicios pactados en esos contratos sí se realizaron, y que si no hay registro de ellos, es por el desorden interno de la empresa. Y sentencia: “Los coreanos no pueden alegar desconocimiento porque los protocolos para las contrataciones son súper estrictos y deben pasar sí o sí por la aprobación del jefe de línea de productos, del gerente comercial y del presidente de LG en Chile. Es cierto que estos dos últimos consultaban a Lira, pero ellos sabían y ponían la firma. Nada se paga si no pasa por ese proceso. Y eso ocurrió con todos estos contratos”.
En la misma línea, Ulises Águila dijo a CIPER que el contrato que pactó Techno Innova con LG no sólo lleva la firma de Lira, sino que también la de Daeho Shin, presidente de LG en Chile entre 2011 y 2015. También niega haber tenido contacto con personas de la Municipalidad de Chillán Viejo. Lo que sí reconoce es que fue él quien contrató como asesor a la persona que funcionarios del municipio identifican como el intermediario de la empresa coreana en esa licitación.
Esos mismos funcionarios señalan que la persona que hizo lobby a favor de LG durante todo el proceso fue Armando Romero Saavedra, conocido por ser muy cercano al alcalde y al administrador municipal y por sus contratos vía trato directo para prestar servicios de web hosting y mantención al sitio web del municipio (ver cuadro). Su rol como intermediario de LG es refrendado por el concejal Jorge del Pozo (PRSD), quien desde un inicio se opuso al proyecto por su alto costo y las irregularidades que a su juicio habrían marcado la licitación. El concejal señaló a CIPER que desde el comienzo se allanó el terreno para que LG se adjudicara el contrato:
-El presupuesto estimado en las bases era tan bajo que no era atractivo para las demás empresas. Por eso no participaron. Pero de alguna forma LG sabía que si ofertaba un precio mucho mayor, igual se lo iba a ganar. Y ni siquiera cumplió con los requisitos, porque no acreditó experiencia en la entrega del servicio: sólo incluyó haber ganado una licitación similar en la comuna de Ercilla apenas dos meses antes y unos trabajos en Peumo donde ni siquiera fue la empresa titular del proyecto.
Del Pozo denunció después ante la Contraloría modificaciones irregulares del contrato: aumentos y disminuciones de obras que si bien no alteraban el precio final, sí extendieron los plazos. La modificación del contrato lleva la firma de José Miguel Lira. La Contraloría investigó y determinó que sí hubo irregularidades: problemas con las fechas de vigencia de las boletas de garantía; el contrato se hizo en base a una normativa peruana que no tiene vigencia en Chile y otras falencias. Pero lo más grave tiene que ver con la modificación denunciada por el concejal. En rigor, el aumento y la disminución de obras pactadas implicaban un menor costo final del proyecto, ya que se cambiaron ciertas luminarias por otras más baratas. Aun así, se mantuvo el precio original, lo que se tradujo en un sobrepago de $74,5 millones.
La Contraloría ordenó el 22 de julio de 2014 la modificación del contrato y sumarios para determinar responsabilidades administrativas. Consultado por CIPER, el alcalde Felipe Aylwin respondió por escrito que el sumario aún está en curso.
Un informe de la comisión de recepción de obras de Chillán Viejo del 7 de julio pasado, señala que algunas de sus observaciones de marzo de 2014 aún no habían sido subsanadas, e indica que por el atraso de 447 días en la ejecución de las obras, LG acumula multas por $280 millones. Dos semanas después, el alcalde Aylwin ordenó a la comisión aprobar la recepción provisoria de obras con observaciones. “Lo anterior evitará demandas al municipio”, escribió el alcalde en su oficio. Según dijo Aylwin a CIPER, “a la fecha el municipio no ha realizado pago alguno”.
LOS CORREOS QUE LA FISCALÍA NO INVESTIGÓ
“Tengo entendido que usted está averiguando respecto a las luminarias LED de Chillán Viejo. Pues bien, tiene razón. Hay dos altas autoridades del municipio involucradas y un prestador de servicios externo. Si quiere mayor información, tengo datos, montos involucrados, cómo se gestó todo, si le interesa, responda a este mail”.
Cuando el concejal Jorge Del Pozo recibió ese primer correo, había pasado poco más de un mes desde la firma del contrato. El email no llevaba firma ni alguna forma de identificar el remitente. El concejal dice que no sabía si confiar o no. De todos modos respondió y tres días después recibió más detalles:
“Son dos personeros, los más altos cargos de Chillán Viejo. Ellos recibieron algo, y también la persona externa quien fue la encargada de hacer todo el trámite. Incluso fue quien diseñó y confeccionó las bases de licitación de las luminarias para que calzaran justo y sólo para que la empresa adjudicada pudiese ganarla. (Esta persona lleva años trabajando como prestador de servicios, y mágicamente después de este contrato apareció con un vehículo 4×4 de casi $20 millones, con el cual llega todos los días al municipio)”.
Aunque no está clara la veracidad de la denuncia, algunos datos cuadran y hacen creer a Del Pozo que la “persona externa” es Armando Romero. Al mes de haberse cerrado el proceso, Romero efectivamente compró una camioneta Hyunday Santa Fe, cuya tasación fiscal supera los $12,4 millones. Su valor comercial es mucho mayor. Tiempo después comenzaría su “carrera empresarial”. Entre octubre de 2013 y junio de 2015 creó cinco empresas. Una de ellas lo vincula con el jefe de proyecto de Techno Innova, Marcelo Riffo Sáez, con quien el 7 de mayo de 2014 se asoció para crear la firma Consultoría e Ingeniería Energética, que partió con un capital de $5 millones (ver estatutos).
Del Pozo creía que los dos personeros del municipio a los que se refería su fuente anónima eran el alcalde Felipe Aylwin y el administrador municipal, Ulises Aedo, pero no estaba seguro. Por eso le preguntó en el siguiente correo. Pasaron meses antes de que recibiera respuesta. Cuando su fuente se lo confirmó, ya era público el informe de la Contraloría. Según el informante, las cifras del sobrepago cuadrarían con las supuestas coimas.
Aunque el remitente anónimo se comprometió a enviar más datos, ese fue el último correo que recibió el concejal. Ante la gravedad de la denuncia, Del Pozo envió copia de todos los correos a la Fiscalía Local de Chillán para que se investigara la veracidad de las acusaciones. El fiscal a cargo ordenó a la PDI que averiguara más. Sólo entrevistaron a Del Pozo. No se hicieron más diligencias y la causa quedó archivada.
Consultado por CIPER, Aylwin respondió que “respecto de suposiciones y/o anónimos de cualquier tipo, este alcalde no se pronuncia” (ver respuesta completa). También intentamos comunicarnos con Romero, pero no logramos ubicarlo.
ERCILLA: EL ORIGEN DEL MODELO
La de Chillán Viejo fue la segunda licitación pública en que LG participó. La primera había sido un par de meses antes, en Ercilla, en un proceso que empezó a tomar forma a fines de marzo de 2012, cuando el alcalde José Vilugrón Martínez (UDI) dijo al concejo que una de las debilidades de su comuna era la iluminación y que era el momento preciso para cambiar la historia, mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y reducir los altos costos del sistema de alumbrado público (ver acta). “Por lo tanto, quiero dejar a ustedes a don Rodrigo Cisternas para que él nos haga una exposición”, concluyó.
-Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Cisternas. Tengo una empresa de consultoría con el tema de eficiencia energética. Ese es mi rubro. Soy ingeniero con mención en energía renovable. Manejo muy bien el tema del alumbrado público.
Cisternas llegó en representación de la sociedad Ingeniería y Servicios C y C, la que había creado unos meses antes junto a su padre. En esa reunión le aseguró al concejo que las luces LED reducirían los costos de energía del municipio entre un 40% y 60%, que su vida útil es hasta cuatro veces más prolongada que la de la luminaria normal, que no contaminan porque no emiten gases ni calor, que resisten los cambios de voltaje, que son “anti-delincuenciales” –algo que estaría “científicamente comprobado”, aseguró– y que ya en la comuna de Peumo una empresa que nada tenía que ver con él estaba desarrollando un proyecto similar: LG.
Alcalde José Vilugrón firma contrato con representante de LG (Fuente: emb.cl)
El consultor dijo también que en Chile había sólo dos empresas que no trabajan con productos chinos, y por lo tanto, eran de mejor calidad. Una era LG, la otra era SHARP. Dijo Cisternas: “Lo que yo les recomiendo siempre a las distintas comunas es cuál es la gracia de trabajar con LG o SHARP: hay un respaldo económico gigante, hay una empresa gigante detrás”. Un concejal le preguntó si las empresas eran de Santiago. Cisternas sólo respondió por LG, una empresa que tiene representación en Chile desde 2003 y con oficinas en la Torre Titanium, en Las Condes.
Tras seguir largamente explicando las bondades del sistema LED, el alcalde Vilugrón le pidió a Cisternas apoyo técnico para la elaboración del proyecto. Cisternas dijo que lo haría por $250 mil y aseguró: “No trabajo con LG ni SHARP, sino que son dos empresas con las cuales nosotros estamos de la mano para ofrecer sistema de alumbrado público. Ahora, en una licitación pública, tengo que tratar de ser lo más imparcial posible. Tienen que llegar distintas empresas y ustedes verán la oferta”.
Se acordaron dos cosas al final de esa sesión: un viaje a Peumo para que los concejales vieran en terreno las luces instaladas por LG y la contratación de Cisternas para que elaborara el proyecto, aunque este último aseguró a CIPER que ese trabajo nunca se realizó. Lo que Cisternas sí le ocultó al concejo de Ercilla fue su vínculo comercial con LG: trabajó como subcontratista en la instalación de las luces de LG en Peumo. Nueve meses después se aprobaron las bases y en enero de 2013 la comisión evaluadora emitió su informe: con el puntaje máximo y una oferta de $599 millones, LG ganó un contrato que duraría diez años.
Apenas se abrió la licitación, LG encargó a la empresa de Cisternas la preparación técnica de la oferta. El pago por ese servicio quedaría justificado en la contabilidad interna de la multinacional con un contrato firmado en noviembre de 2013, a diez meses de cerrada la licitación. Aunque Cisternas asegura que sí realizó el trabajo y que tiene una copia de todos los informes que envió a su mandante, ese contrato es uno de los que hoy son cuestionados por no tener respaldo en los registros de LG. Su contacto en LG, dice, siempre fue Roldán Díaz Delgado, gerente del área de los proyectos de iluminación de LG hasta fines de 2014. Hoy ambos son socios en dos empresas también dedicadas al rubro de los proyectos de eficiencia energética. La relación entre los dos se hizo cada vez más estrecha a medida que Cisternas repetía la experiencia de Ercilla con LG. Otros tres contratos lo vinculan a las licitaciones que ganó LG en Huara, en Cauquenes y en Renca, aunque en ésta última, y a pesar del contrato, Cisternas asegura que el trabajo no se realizó.
SORPRESA EN RENCA
El triunfo de LG en Renca sorprendió a varios funcionarios municipales. Quienes conocieron la génesis del proyecto, aseguraron a CIPER que era otra empresa la que tenía asegurada la licitación: Ingeniería en Construcción y Administración (Raise). Aunque es mucho más pequeña que LG, ha sido la favorita histórica de la alcaldesa Vicky Barahona (UDI) a la hora de contratar servicios de instalación y mantención de alumbrado público. El antiguo dueño de Raise, Sergio Muñoz Caro, fue jefe de seguridad ciudadana del municipio y cuestionado por la Contraloría en 2008 por los contratos simultáneos de Raise y ESE con Renca. Luego, la empresa pasó a manos de otros dueños: Luis Raibaudi Cabrera y Luis Serey Ruiz. Pero el cambio fue sólo estético. Según estableció otro informe de la Contraloría, Raibaudi era gerente general en otra empresa de Muñoz dedicada a la iluminación, y que también ha tenido negocios con el municipio: la Empresa de Servicios en Electricidad y Comunicaciones (ESE). Este año Muñoz cambió legalmente su nombre y ahora su primer apellido es Wicki.
El vínculo entre Raise y Renca sigue siendo cercano. El de Cristian Aránguiz Rivera, ex gerente de Finanzas en Raise, es un nombre que constantemente se repite como asistente en las sesiones del concejo municipal. Aránguiz dijo a CIPER que lleva cinco años con contratos a honorarios en el municipio como apoyo en la coordinación del Programa de Recuperación de Barrios, pero no figura en los registros de personal en el sitio web de Transparencia Municipal. Concejales y empleados municipales consultados por CIPER reconocen a Aránguiz como un funcionario de SECPLA, y por pertenecer al círculo íntimo de la alcaldesa Barahona. Una relación que habría sido clave para que Raise lograra adjudicarse varios de los contratos que ha obtenido en la comuna.
Por todo lo anterior, muchos esperaban que el contrato para reemplazar la luminaria de la comuna con luces LED se lo adjudicara nuevamente Raise, pero no fue así. La empresa ni siquiera se presentó a la licitación. Ni al primer llamado, que fue declarado desierto, ni al segundo, donde participaron dos compañías: LG y Chilectra. Al final, el contrato fue adjudicado a la empresa coreana. Aun así, LG no instalaría las luces: el trabajo lo haría Raise como empresa subcontratista. Fuentes que conocieron el proceso señalaron a CIPER que ese acuerdo habría sido pactado entre los representantes de LG para esa licitación, Aránguiz y otros funcionarios municipales.
CIPER se contactó con Aránguiz para obtener su versión. Aunque declinó responder en detalle las preguntas, sí aseguró que no tuvo participación en ninguna etapa de esa licitación.
HISTORIA DE UN CONTRATO CUESTIONADO
Entre los contratos por asesorías técnicas externas objetados en las auditorías de LG, hay dos que están asociados a la licitación de Renca. El primero le encargó el trabajo a Eric Cifuentes Jaque, a través de Condeg, la empresa personal que creó en noviembre de 2013, cuando la primera licitación aún no era desechada. Su contrato con la multinacional lo firmó apenas 10 días después de creada esa sociedad. Los antecedentes de Cifuentes en este tipo de procesos son negativos: en 1996 fue representante de KDM (empresa que en este momento es protagonista de un juicio donde es acusada de ganar fraudulentamente licitaciones de la basura en la Municipalidad de Maipú) ante el entonces alcalde de Rancagua, Esteban Valenzuela (PPD), y le ofreció $30 millones para que esa empresa se adjudicara un millonario negocio de recolección de basura. Cifuentes fue detenido cuando le entregaba a Valenzuela un primer “adelanto” de $8 millones (ver reportaje de CIPER). Un fallo de la Corte Suprema lo condenó en agosto de 2000 por soborno. La pena fue una multa de apenas $2 millones y el pago de costas.
El segundo contrato asociado a esa licitación de Renca fue con Rodrigo Cisternas, el mismo asesor externo de LG que trabajó también en Ercilla, Huara y Cauquenes con su empresa Inversiones y Servicios C y C. Cisternas asegura que no trabajó con LG en la licitación de Renca y que ese contrato sólo sirvió para respaldar pagos previos pendientes. Ese contrato se firmó el mismo día que el concejo municipal ratificó el triunfo de LG en la licitación.
El 31 de enero de 2014, Vicky Barahona sometió a votación ante el concejo la adjudicación del proyecto para renovar con tecnología LED el 95% del alumbrado público de Renca (ver acta). Dos días antes, la comisión evaluadora había emitido su informe: con 83,3 puntos, Chilectra no tenía nada que hacer contra la puntuación perfecta de 100 puntos que le dieron a LG. El contrato dio 210 días para concretar la instalación de 10.941 luminarias y comprometió más de $4.885 millones del presupuesto municipal, que se pagarían en cuotas mensuales durante 10 años. Antes de votar, Barahona cedió la palabra. Ninguno de los ocho concejales presentes habló. “Votación: Se aprueba por unanimidad”, registra el acta.
En las actas del concejo no hay registros de que el tema se haya discutido antes de esa votación. El concejal Cristian Sandoval (DC) dice no recordar montos, plazos ni detalles del contrato y asegura que los únicos antecedentes que tuvo a la vista fueron los que entregó la comisión evaluadora al concejo un día antes. Los mismos que según reconoció a CIPER, no alcanzó a revisar en detalle ni a entender en sus aspectos técnicos. Aun así, votó a favor. Dice que fue para apoyar la seguridad ciudadana. Lo mismo señala la concejal Silvia Contreras (PC), quien agrega: “Lo que hicimos fue tratar de resolver un tema de seguridad, quizás sin contar con toda la información”.
En el municipio reconocen que efectivamente los antecedentes se entregaron apenas un día antes, pero dentro de los plazos legales. Carlos Galleguillos, actual director de SECPLA y parte de la comisión que evaluó las ofertas, señaló a CIPER que ese día los concejales podrían haber votado contra la adjudicación o al menos plantear sus dudas al equipo técnico si no entendían algo. Y que si no lo hicieron, la responsabilidad es de ellos.
El contrato se cerró el 5 de marzo de 2014. A nombre de LG firmó el abogado José Miguel Lira. Dos días después, Chilectra, la empresa que perdió la licitación, demandó al municipio ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP). Quería invalidar todo el proceso por considerarlo arbitrario.
UNA ADJUDICACIÓN ILEGAL
Chilectra reclamó que el municipio debió rechazar la oferta de LG por no cumplir las bases: no había presentado el certificado de proyección de consumo que se incluyó como requisito, no se habría ajustado a los parámetros establecidos en las bases técnicas y no presentó todos los certificados que se exigían para los modelos de luminarias ofertados.
El municipio basó su defensa en que la demanda era extemporánea y en que las mismas bases establecían que la comisión evaluadora tenía la facultad de decidir si omisiones como las denunciadas por Chilectra eran lo suficientemente importantes como para echar abajo una propuesta.
El contrato siguió su curso. En julio de 2014 comenzaron los trabajos. Siete meses después, cuando faltaba apenas una semana para que acabara el plazo de entrega de las obras, el contrato fue modificado: se aumentaron las obras y los plazos. El documento establece un pago extra a LG por $89,7 millones por “la provisión e instalación de ganchos” que no se habían contemplado en el plan inicial y la extensión del plazo en otros 77 días. No fue la última modificación. El pasado 29 de mayo, nuevamente se acordó un aumento y una disminución de obras que, según la jefa de inspección de obra, Myriam Parra, no tendrían impacto en el valor final del contrato, pero sí atrasaría aún más la entrega de las obras. El plazo inicial de 210 días se extendió hasta superar el año: vence recién el 31 de agosto de 2015. El detalle de esos últimos cambios aparecen en el decreto alcaldicio N° 587, que no ha sido publicado en el portal de Transparencia del municipio. CIPER solicitó copia de ese decreto, pero no ha obtenido respuesta.
En el municipio dicen que fue casualidad, pero el mismo día que se selló esa última modificación al contrato, el TCP emitió su sentencia: la no entrega del certificado de proyección de consumo fue un incumplimiento a las bases y la comisión no está en posición de ponderar arbitrariamente qué omisiones son o no importantes para elegir al adjudicatario. Según el tribunal, LG fue elegido a pesar de estar fuera de bases y por la tanto su adjudicación fue ilegal.
Pero ya nada se podía hacer. De acuerdo a los plazos establecidos en el contrato original, a esa fecha los trabajos ya debían estar terminados. Dice la sentencia: “Se reconoce a la parte demandante de Chilectra S.A. el derecho a entablar en la sede jurisdiccional competente, las acciones indemnizatorias que crea corresponderle”. CIPER intentó comunicarse con el abogado de Chilectra para saber si tomarían acciones legales, pero no obtuvo respuesta.
LOS OTROS MUNICIPIOS
Después de Chillán Viejo, vino la licitación en Huara, en la Región de Tarapacá. Rodrigo Cisternas reconoció que llegó ahí tal como lo hizo en Ercilla: como consultor independiente ofreciendo un proyecto de luces LED. Tiempo después, ya había licitación. En mayo de 2013 la comisión evaluadora desechó la propuesta de EPCOM Chile –que era un 46% más barata– y recomendó la adjudicación a LG, cuya oferta fue de casi $720 millones. Todos los concejales votaron a favor. La empresa de Cisternas nuevamente había sido contratada por LG, ahora no sólo para la asesoría técnica, sino también como subcontratista a cargo de la instalación de las luces.
Cisternas aseguró a CIPER que nunca intermedió a favor de LG con los municipios una vez abiertas las licitaciones y que tiene respaldo de todos los trabajos que realizó en Ercilla, en Huara y en la licitación que le siguió: Cauquenes.
Equipo de LG se reune con alcalde de Cauquenes (Fuente: Radiogeminis.cl)
La firma del contrato entre LG con la Municipalidad de Cauquenes incluso salió en la prensa. En el artículo que en julio de 2013 publicó El Mostrador, dice: “Hasta el despacho del alcalde, Juan Carlos Muñoz, llegó el representante de LG en Chile, Gunhwan Son, el encargado de proyectos de la empresa coreana, José Miguel Lira, la técnico encargada del proyecto en Cauquenes, Carolina Inostroza, y el director de Aire Acondicionado y Energía de LG, Roldan Díaz”. La licitación se había adjudicado casi 20 días antes a LG, que corrió sin competencia. El contrato cerró en $2.491 millones y se firmó el día 10 de ese mismo mes.
Posteriormente, a fines de 2013, vino Puchuncaví, donde la propuesta de LG también obtuvo puntaje máximo. El contrato se sometió a votación en el concejo: no hubo acuerdo y la adjudicación se rechazó en dos oportunidades. El concejal Marcelo Vegas lo rechazó por los atrasos e incumplimientos que la empresa enfrentaba en Peumo. Guillermo Herrera votó en contra por no tener claros los beneficios de la tecnología LED y porque comprometería a las autoridades del siguiente período por ser un convenio por 10 años. Y Ramón Barría se opuso por considerar que la tecnología LED podría tener efectos negativos sobre la salud.
El contrato recién fue aprobado al tercer intento, en enero de 2014, con el único voto en contra de Barría (ver acta). Esta vez, la empresa que actuó como intermediaria de LG fue Profesionales Asociados, una sociedad sobre la cual CIPER no pudo obtener mayores antecedentes. LG se hizo así de un contrato por $1.525 millones.
Las obras, explicó a CIPER el concejal Vegas, debían finalizar el 23 de agosto de 2014. Pero eso no ocurrió. En septiembre de ese año se destinaron dos sesiones del concejo para discutir los atrasos. De hecho, todas las obras que LG se había adjudicado estaban fuera de plazo. El contrato en Puchuncaví establece una multa diaria de $261.174, y para entonces ya llevaban 17 días de atraso, es decir, más de $4,4 millones de sanción. En la segunda de esas sesiones, el alcalde Hugo Rojas (IND) aseguró: “Se están descontando multas por cada día de atraso, las que se harán efectivas al momento de presentarse el estado de pago”.
En esa misma reunión, el concejal Herrera dijo: “El día en que visitó el concejo municipal el representante de la empresa LG, daba la impresión que la señora directora de SECPLAN estaba velando por los intereses de la empresa y no del municipio, señalando que el contrato se firmó el 10 de febrero de 2014, mientras que la entrega de terreno se realizó el día 25 de abril del año en curso, lo que dio una ventaja mayor a dos meses a la empresa para agilizar su gestión. No obstante, eso no ocurrió”.
Han pasado diez meses desde esa última reunión y aún no se han entregado las obras. El concejal Vegas agrega que tampoco se han cobrado las multas. “Licitaron con el maletín”, dice.
Esta investigación es parte de un proyecto financiado por la Escuela de Periodismo y el Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales.
A menos de 10 años de haber sido constituida con un capital de sólo $2millones, Asesorías en Recursos Hídricos S.A. logró lo que para cualquier empresa de ese tamaño es prácticamente imposible: hizo crecer en 6.500 veces su patrimonio inicial. Y para ello le bastó una sola jugada. Fue en junio de 2008 cuando se saldó la operación más jugosa de su breve y meteórica historia, dejándole a su dueño –el discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga Moreno (62 años)– ganancias por casi $13 mil millones en tiempo récord.
El acelerado desarrollo minero en Atacama y la rampante demanda por agua para sostener la expansión de esa industria, llevó a Quiroga y sus socios a presentar en la Dirección General de Aguas (DGA) entre el 2004 y el 2006 cinco solicitudes para constituir derechos de agua -a través de Asesorías en Recursos Hídricos y otras sociedades relacionadas– en las provincias de Huasco, Chañaral y Copiapó (Tercera Región). Al año siguiente de la última solicitud, la DGA le entregó derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por un volumen total anual de 3.894.696 m3. Así consta en escritura pública con fecha 22 de abril (ver escritura).
Tramo donde el río Copiapó se secó
A partir de ahí, sólo hubo que esperar. Y no fue tanto, porque a los 14 meses la operación rindió frutos. Andina Minerals, de capitales canadienses, le compró hasta la última gota de agua -la misma que Quiroga había obtenido gratuitamente de manos del Estado-, para abastecer su proyecto aurífero Volcán, en la Región de Atacama. La transacción, que en ese momento se concretó mediante un traspaso de acciones correspondientes al 8,4% de la propiedad de la minera, le reportó a Asesorías en Recursos Hídricos S.A., una vez que liquidó los títulos al año siguiente, la suma de 25.795.000 dólares canadienses ($13 mil millones). Negocio redondo en una de las zonas del país más azotadas por la sequía y en la que la DGA ha otorgado derechos que al menos cuadruplican la disponibilidad real de agua dejando en serios aprietos el consumo humano y agrícola, tal como reveló CIPER en la serie de reportajes “Se muere el río Copiapó”, publicados en 2009.
Ese fue el gran despegue de Isidoro Quiroga luego de su aterrizaje en el mercado de las aguas en Chile y en el que opera a través de un complejo entramado de sociedades que se extienden de norte a sur del país. Asesorías en Recursos Hídricos S.A. es tan sólo una de al menos ocho sociedades ligadas a Quirogaque intervienen en este mercado y que acaparan desde hace al menos cinco años derechos de agua sin utilizar por más de 273.000 litros por segundo desde la Provincia del Loa, en el norte, hasta la de Palena, en plena Patagonia.
Fue allí, en Palena, donde en enero de este año Quiroga obtuvo su última gran victoria al doblarle la mano al Estado de Chile y tumbar en tribunales un decreto del Ministerio de Obras Públicas (MOP) –instruido por la entonces presidenta Michelle Bachelet– que prohibía la entrega de derechos de aprovechamiento de agua sobre los ríos Palena y Cisnes por ser “zona excepcional y de interés nacional”. Al momento de dictarse el decreto en 2009, una de las sociedades de Quiroga tramitaba la obtención de 643 m3 por segundo de agua sobre el prístino Palena. La reciente resolución judicial dejó al río desprotegido y a merced de los intereses privados.
La férrea arremetida de Quiroga para derogar el decreto en la justicia coincide con la creciente inversión de numerosas mineras –entre ellas Minera Fuego, propiedad del mismo empresario– que, atraídas por la llamada “fiebre del oro” en la Provincia de Palena, han puesto sigilosamente sus intereses en la zona.
Lo llamativo de esta historia es que, según la legislación vigente sobre aguas en Chile, Isidoro Quiroga no viola la ley. Esto porque el Código de Aguas de 1981 entregó de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad la propiedad sobre el agua a privados, dejándole al mercado la tarea de asignar el recurso. Hoy en Chile el derecho al agua no está asegurado por la Constitución de la República. Bajo los mecanismos establecidos por el código redactado en dictadura, el agua no necesariamente va a dar a manos de quienes la necesitan, sino a las de aquellos que tienen los medios económicos para hacerse de su propiedad.
A más de 30 años de su entrada en vigencia, el Código de Aguas chileno se desmorona a pedazos. No sólo es considerado una excepción a nivel mundial por diversos estudios, sino también un “anti-ejemplo” sobre cómo llevar a cabo la gestión de los recursos hídricos en un país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación ociosa con fines especulativos en desmedro de las necesidades básicas de la población, son sólo algunas de las graves falencias que en buena parte explican la actual crisis hídrica que vive el país.
EL DIVERSIFICADO HOLDING DE ISIDORO QUIROGA
Isidoro Ernesto Quiroga Moreno egresó de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile en 1974. Dio sus primeros pasos como empresario al alero de la producción frutícola en Los Andes (Quinta Región), introduciendo a principios de los ’80 el cultivo de kiwis en Chile. Es un empresario de bajo perfil y son muy pocos los que conocen sus movimientos. Nunca ha dado entrevistas. CIPER intentó comunicarse con él en cuatro oportunidades, pero rechazó todo contacto.
La producción de kiwis fue la primera semilla de lo que a la larga se transformaría en un gran imperio que abarca principalmente el sector agrícola, minero, eléctrico, inmobiliario, bursátil y alimenticio. Aunque es difícil hacer una estimación de su patrimonio con exactitud, atendiendo a sus inversiones y operaciones financieras éste rondaría los US$ 500 millones. Su peso específico en el mercado lo ubica entre los empresarios más adinerados de Chile. Y si bien rechaza toda figuración pública, no adopta la misma actitud a la hora de ejercer influencia política. Son públicas al menos dos reuniones en las que ha participado junto a otros empresarios de renombre (Rafael Guilisasti, Lázaro Calderón, Julio Ponce, Juan José y Enrique Cueto, por nombrar algunos) con el ex presidente Ricardo Lagos. La primera, en 2008, en un inmueble de Valle Escondido, sociedad de la que Quiroga es accionista. La segunda, en marzo de 2012, en casa del influyente abogado Darío Calderón. En ambas se trataron temas ligados al clima político y al futuro económico del país. En la última se insistió en la necesidad de colaborar en la construcción de consensos transversales que permitieran evitar la inestabilidad económica y la ausencia de “reglas del juego claras”, según consignó la revista Qué Pasa.
Quiroga y su directorio de Australis Seafood (Fuente: australis-seafoods.com)
Isidoro Quiroga fue director de Soquimich entre 1996 y el 2002, compañía en la cual poseía acciones desde 1988 y en la cual fraguó una sólida amistad con Julio Ponce Lerou. En 1995 ingresó al directorio de la Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A., de la que posee el 10,82% de las acciones. Pilmaiquén estrenó a fines de 2012 su central hidroeléctrica de pasada Rucatayo, ubicada entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, en medio de la fuerte oposición de las comunidades mapuche y huilliche que habitan la zona.
La mayoría de las empresas de Isidoro Quiroga están agrupadas en el holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Constituido en 1987, este holding agrupa a las sociedades de inversión El Aromo, Lago Colico, Safora, Kinacu, Río Loa Limitada, Jemad, Mavimadoqui, BP y el fondo de inversión privado Australis, entre otras. También a las sociedades agrícolas Los Pinos y El Canelo de Santa Teresa de Los Andes; la inmobiliaria San Manuel S.A. y la sociedad Educacional San Esteban Limitada.
Quiroga participa también del rubro minero con Minera Fuego, la sexta en Chile con mayor cantidad de suelo concesionado para exploración, con 438.700 hectáreas, según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). Andacollo Gold, mina de oro que opera en una zona de 22 mil hectáreas ubicada en la provincia de Neuquén, Argentina, y que produce cerca de 500 toneladas de concentrado diariamente, también forma parte de la cartera de empresas del holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Andacollo no es el único negocio de Quiroga en Argentina. A través de Asesorías e Inversiones Lago Ranco posee más del 50% de la propiedad de Agroamerican, productora de aceite de oliva, uvas y vino en Mendoza.
Otra de las empresas mineras de Isidoro Quiroga es Junior Investment Company, que registra inversiones mineras en Australia y que, a su vez, es la accionista principal de Inversiones Kinacu Limitada, que cuenta con un capital de $9 mil millones.
Uno de los negocios que más le ha quitado el sueño a Quiroga es el de los salmones, industria en la que de a poco ha ido adquiriendo una posición más que relevante. Australis Seafood, una de sus pocas empresas –junto a Pilmaiquén– que transa en la Bolsa de Comercio de Santiago, posee un capital cercano a los US$185 millones según registra la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Michelle Bachelet da su apoyo a defensores del río Achibueno
Rucatayo ha sido casi la única satisfacción que ha tenido Quiroga en el rubro de la generación eléctrica. Porque el dinero y el tiempo dedicado al proyecto “Central Hidroeléctrica Achibueno”, impulsado por otra de las empresas de Quiroga, Electro Austral, hasta ahora no ha rendido frutos. Se trata de dos centrales de pasada –Castillo y Centinela– que intervendrían 430 hectáreas de bosques nativos en la Región de El Maule, desviando la mayor parte del caudal del río en un tramo de 44 kilómetros. La zona fue declarada uno de los cinco sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad en la Región del Maule por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), en 2002. Un informe evacuado por el Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2012, por solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), fue categórico al señalar que el proyecto tal como está concebido, además de poner en peligro cientos de hectáreas de bosque nativo, va a producir la pérdida de vegetación endémica y flora nativa; de especies de flora en categoría de conservación; mortalidad de fauna nativa de vertebrados terrestres y de peces en estado de conservación crítica, entre varios otros perjuicios. (ver informe).
Al rechazo transversal que concita el proyecto en la comunidad agrupada en el movimiento “Salvemos el Río Achibueno”, se ha sumado el público cuestionamiento hecho por la candidata presidencial Michelle Bachelet en una visita a Linares en septiembre pasado. “Vengo a comprometerme con ustedes, si soy electa presidenta, en mi gobierno no vamos a apoyar el proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Achibueno, porque no cumple ni con los estándares técnicos, ni procedimentales y mucho menos con los estándares de participación ciudadana”, señaló Bachelet, dejando en suspenso el futuro de uno de los proyectos más emblemático de Quiroga.
EL TURBIO MERCADO DEL AGUA
Poco antes de la suculenta venta de derechos de agua a Andina Minerals, Quiroga estuvo a punto de cerrar otro multimillonario negocio. BHP Billiton tramitaba el permiso medioambiental para poner en marcha un proyecto para satisfacer la creciente demanda de agua que requería la expansión de Minera Escondida en la Segunda Región. El proyecto necesitaba la extracción de 1.027 litros de agua por segundo desde acuíferos situados en pleno Altiplano, en el sector de Pampa Colorada, a 160 kilómetros de San Pedro de Atacama. La propiedad de esas aguas subterráneas estaba entonces en manos de Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A(EMSA), otra de las sociedades de Quiroga que opera en el Norte Grande. La oposición de las comunidades aledañas de Socaire, Talabre y Peine, donde el agua no alcanza para satisfacer las necesidades de consumo y riego de todos sus habitantes, no se hizo esperar. Después de un año, en 2007, la Comisión Regional de Medio Ambiente de Antofagasta rechazó el proyecto y Escondida detuvo la compra de los derechos de agua de Quiroga.
La decisión de la autoridad significó el fin de un millonario negocio para Quiroga, quien desde entonces, a través de su empresa EMSA, mantiene derechos de agua sin utilizar por 1.022 litros por segundo en la provincia de El Loa, una zona de escasez declarada y en la que la unidad (1 lt/seg) puede alcanzar los $70 millones.
CIPER revisó archivos de la Dirección General de Aguas (DGA) desde 2008 a 2012 con la información de empresas o personas naturales que pagaron patente por no uso para identificar quiénes son los que acumulan mayores cantidades de agua sin ser utilizada. Para ello, se tomó en cuenta a los propietarios de derechos de agua consuntivos (el agua se extrae y no se devuelve al caudal) y no consuntivos (el agua utilizada se debe devolver al caudal). El ejercicio buscó conocer cuáles son las empresas o los particulares –después de los ya conocidos Endesa, Colbún y Aes Gener- que se inscriben en la nómina de los mayores titulares de derechos de agua no consuntiva en el país y que participan del mercado de las aguas en Chile, acaparando el recurso con fines presumiblemente especulativos.
La revisión permitió identificar numerosas empresas a lo largo de todo Chile que a diciembre de 2012 acumulaban de manera ociosa miles de litros de agua por lo menos desde hace cinco años. Entre ellas destacan: Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A, que opera principalmente en el norte; Exploraciones, Inversiones y Asesorías Arlequín S.A., que opera en el centro-sur;y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A., que lo hace en el sur y extremo sur de Chile. Todas ellas pertenecen a los mismos propietarios: Isidoro Quiroga y sus dos hermanas, María Victoria y María Dolores Quiroga Moreno, según consta en las escrituras de cada una de estas sociedades.
Nacimiento del río Limarí
Inversiones Mundo S.A. fue creada en 2001 y su propietario es Asesorías e Inversiones Benjamín S.A, holding de Quiroga. Acumula derechos de agua de tipo consuntivo por 1.022 litros por segundo en la provincia de El Loa, tal como se señaló. Inversiones Arlequín S.A. se constituyó en 1998 con un capital inicial de $5 millones aportado por María Victoria y María Dolores Quiroga. Es Arlequín, a su vez, el propietario de Asesorías en Recursos Hídricos S.A. protagonista del multimillonario negocio con Andina Minerals. Arlequín acumula a la fecha derechos de aprovechamiento de agua de tipo consuntivo por 13.414 litros por segundo, los que no ha utilizado desde al menos el año 2008, y que están repartidos por las provincias de El Loa, Limarí, San Felipe, San Antonio, Melipilla y Malleco.
Inversiones Huturi S.A., constituida en 2002, es controlada por Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. e Inversiones El Aromo S.A. Actualmente cuenta con derechos de tipo no consuntivo por 259.290 litros de agua por segundo, gran parte de los cuales no se han utilizado para ningún fin desde 2009. Los derechos están repartidos por las provincias de Bíobío, Ñuble, Cautín, Malleco, Valdivia, Ranco, Llanquihue, Puerto Montt y Palena.
A estas grandes sociedades se añaden otras más pequeñas: Exploraciones, Inversiones y Asesorías Yaku S.A (2002) y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Intiyaka S.A (2002), de las que si bien hay registros de decenas de peticiones de derechos de agua en el Diario Oficial, la DGA no las registra con derechos constituidos. A ellas se agregan, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Pachingo S.A. (2002), que en diciembre de 2011 obtuvo 245.000 litros por segundo de agua sobre los ríos Mañihuales y Nireguao en Aysén; y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Manantiales S.A. (2004), la que posee 3.010 litros de agua por segundo en Melipilla, sin utilizar desde 2008.
Todas ellas son controladas por Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. e Inversiones El Aromo S.A. y están dedicadas “al estudio y ejecución de todo tipo de proyectos relacionados directa o indirectamente con constitución, ejercicio, transferencia o extinción de toda clase de derechos de aprovechamiento de aguas, así como su explotación y comercialización”. El Diario Oficial registra cientos de peticiones a la DGA para constituir derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, de tipo consuntivo y no consuntivo, realizadas por las distintas sociedades de inversión de Quiroga a lo largo de todo Chile.
En Chile, las transacciones de compra y venta de derechos de agua deben quedar registradas en el Conservador de Bienes Raíces de la localidad en la que se llevó a cabo la operación. Sin embargo, un porcentaje de ellas se realiza de manera informal sin dejar huella. Otras quedan registradas en los conservadores pero no son informadas a la DGA y unas cuantas son informadas de manera incompleta sin mencionar el monto ni el destinatario de la transacción. Teniendo en cuenta ese hecho, CIPER indagó en las bases de datos de la Dirección General de Aguas para rastrear cuáles han sido las últimas operaciones de venta de agua de las sociedades ligadas a Quiroga, además de aquella por $13 mil millones realizada por Asesorías en Recursos Hídricos S.A. a Andina Minerals en 2008.
Entre el 2005 y 2012, Inversiones Arlequín registra ventas de derechos de agua de tipo consuntivo sobre los ríos Maipo y Rapel principalmente, que en total ascienden a $300.612.549. Tuvo como compradores a personas naturales, empresas agrícolas y un fondo inmobiliario.
Inversiones Manantiales S.A. registra cinco ventas entre 2008 y 2011 por $239.935.000. Se trató de derechos consuntivos sobre el río Maipo que fueron a parar a manos de una sociedad agrícola y una minera.
Inversiones Huturi S.A. vendió derechos de agua de tipo no consuntivo entre 2009 y 2012 por $16.276.400 sobre los ríos Las Damas (Osorno), Butamalal (Bíobío) y Cayucupil (Arauco) a dos hidroeléctricas y una constructora.
Sólo el total de las operaciones de ventas de derechos de aguas ejecutadas por las empresas de Isidoro Quiroga en los últimos cinco años y que CIPER pudo rastrear, supera los US$25 millones.
AL ACECHO DEL RIO PALENA
El 16 de diciembre de 2009 los habitantes de La Junta y de Alto Palena, en la Región de Aysén, respiraron tranquilos. Ese día la ex presidenta Michelle Bachelet –previo análisis de dos informes técnicos de la DGA (informe 1 – informe 2)– instruyó al Ministerio de Obras Públicas -vía decreto exento Nº 2.270- denegar cualquier solicitud de derechos de aprovechamiento de agua sobre el río Palena. Con temor sus habitantes habían visto cómo la región se estaba transformando en la “pila de Chile”, como la llaman con ironía algunos lugareños, debido al creciente interés minero en la zona que amenaza severamente el ecosistema de la Patagonia.
Río Palena (Fotografo: Francisco Pardo)
“El rol del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto por sobre el interés particular y privado”, señala el decreto, agregando que “una de las cuencas en que se dan las condiciones de circunstancias excepcionales e interés nacional es la del río Palena (…) el cual presenta condiciones ecológicas y ambientales particulares, con mínima intervención antrópica y con importantes expectativas para el desarrollo local” (ver documento).
Cabe señalar que el río Palena cruza por dos reservas y dos parques nacionales: la Reserva Nacional Lago Palena, con una superficie de 49.415 hectáreas; la Reserva Nacional Lago Rosselot, con 12.750 hectáreas; el Parque Nacional Queulat, con 154 mil hectáreas y el Parque Nacional Corcovado, con 295 mil hectáreas.
El decreto fue tajante “al denegar las solicitudes de aprovechamiento no consuntivos de aguas superficiales y corrientes de los cauces ubicados en la provincia de Palena de la Región de Los Lagos y en las provincias de Aysén y Coihaique de la Región de Aysén, formuladas por personas naturales y jurídicas” a partir de esa fecha.
Al momento de conocerse el decreto, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A. tramitaba la obtención de 12 derechos de agua de tipo no consuntivo por 643 m3 por segundo sobre la cuenca del río Palena en las provincias de Palena, Aysén y Coihaique. El decreto dejó sin efecto la solicitud.
La arremetida de Quiroga en la justicia no se hizo esperar y lo hizo por partida triple. Entre los reclamantes –tres en total– no sólo figura Inversiones Huturi S.A, también Exploraciones, Inversiones y Asesorías Pachingo S.A., otra de las sociedades de Quiroga y que acaba de obtener 245.000 litros por segundo en dos ríos de Aysén. El tercer reclamante fue Rodrigo Arriagada Astrosa, brazo derecho de Isidoro Quiroga en Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., quien actuó en representación de Sur Electricidad y Energía S.A. (SURELEC). En el otro extremo del país, Arriagada registra desde 2009 casi una veintena de peticiones a la Dirección General de Aguas de alumbramiento y posterior constitución de derechos consuntivos de agua en San Pedro de Atacama, El Loa, Taltal, Chañaral, Copiapó y Vallenar, por un total equivalente a 3.000 litros por segundo de agua subterránea.
Los abogados de Isidoro Quiroga cumplieron su misión en tribunales con eficiencia. Porque el 25 de enero de este año, laCorte de Apelaciones de Santiago desestimó la medida impuesta por la DGA que prohibía la cesión o entrega de derechos de agua sobre los ríos Palena y Cisnes. “Del análisis que hace esta Corte de los aspectos de forma y de procedimiento que llevaron a la dictación de los decretos que se reclaman (…) es suficiente para advertir la concurrencia de un conjunto de defectos e infracciones en la dictación de los decretos (…) que sólo son subsanables por la vía de dejarlos sin efecto”, señala el dictamen (ver resolución).
Uno de estos errores procedimentales que inclinaron la decisión judicial de los jueces a favor de las empresas de Quiroga dice relación con que, al ser un decreto presidencial, éste debía venir con la firma del Presidente de la República y no únicamente con la de los funcionarios del MOP, cartera desde la cual fue finalmente expedido. Desde entonces, las solicitudes hechas por Inversiones Huturi S.A. volvieron a activarse, sin que el presidente Sebastián Piñera –el único que por sus facultades puede volver a validar la medida– se haya manifestado hasta hoy respecto a la reposición del decreto.
Rivera del río Palena
La embestida de Quiroga contra el decreto presidencial puede ser explicada en parte por el creciente interés minero en la zona. De hecho, de las más de 430.000 hectáreas concesionadas a Minera Fuego –de propiedad de Quiroga– a lo largo de todo Chile para exploración minera, cerca de 50 mil están ubicadas en la Región de Aysén, en la zona de los lagos Pollux y Castor. Allí Minera Fuego pretende iniciar actividades extractivas de oro y plata, según reveló un especial de minería publicado por El Mercurio en noviembre de este año. Al interés minero del dueño del holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. se suma el de las canadienses Kinross y Mandalay Resources Co., la suiza Glencore Xstrata y la británica Patagonia Gold plc.
Según cuentan habitantes de la zona, en los últimos años ha sido frecuente el desembarco de representantes de consultoras que, sin explicitar para quién trabajan, no han escatimado esfuerzos por impulsar el desarrollo explosivo de la minería, industria que requiere como condición esencial para su operación de agua y energía.
On some laptops, brightness seems to get stuck at maximum, and trying to
change the brightness with either the function keys or in the desktop
settings doesn't work.
There is one thing to try that usually fixes this.
Open /etc/default/grub in your favourite editor and find
the line that starts with GRUB_CMDLINE_LINUX.
Append acpi_backlight=vendor to this line, so that it looks
something like this:
The GRUB2 configuration file then needs to be updated.
This is usually located at /boot/grub2/grub.cfg.
On UEFI-enabled systems, it is probably located at
/boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg.
If you're not sure where the GRUB configuration file is on your system,
there is usually a symlink to it from within the /etc
directory.
Once you've found out where it is, run the following command to update
the GRUB2 configuration file:
Fue a fines de junio de 2012 cuando al interior del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estalló el primer conflicto. La dura discusión que se instaló entre el equipo técnico de la entidad y su director Francisco Labbé, fue zanjada por éste con la marginación del cuerpo técnico del proceso de análisis y decisiones en torno al Censo 2012. Y culminó ahora, diez meses más tarde, en un cuestionamiento a la credibilidad del organismo estatal que elabora los índices más sensibles del país, debido a las evidencias de que las cifras del Censo fueron manipuladas.
Todo habría sido distinto si se hubiera puesto atajo a tiempo a la decisión de Labbé de presentar los 16 millones 600 mil habitantes “estimados” en el Censo, como efectivamente censados. Una decisión motivada por su deseo declarado de ser el protagonista del “mejor censo de la historia de Chile”, para lo cual debía exhibir a lo más una “omisión” del 2%,(cantidad de gente a la que no se llegó) lo que fue provocando una cadena de errores que hoy tiene al INE paralizado y al Censo 2012 y también al IPC, otro de sus productos estrella, bajo severo cuestionamiento.
Todos los protagonistas entrevistados por CIPER coinciden en que el hito de la crisis tuvo lugar en una de las últimas reuniones del equipo del Censo 2012 en la que participó el cuerpo técnico del INE. Fue allí que se asumió por primera vez que las cifras preliminares indicaban una enorme diferencia de habitantes respecto de las proyecciones de más de 17 millones para 2012. Y también, que debía reforzarse el trabajo para bajar los altos índices de casas ocupadas pero con moradores ausentes.
Fueron precisamente esas casas ocupadas pero con moradores ausentes el foco principal del conflicto. Porque el análisis indicaba que con los datos a la vista, iban a quedar a lo menos 600 mil personas sin censar. Una cifra que no se condice con el “mejor censo de la historia” en cobertura. Uno de los jefes técnicos del INE, afirmó a CIPER: “Y como el director quería llegar a un 2% de omisión, y no fue así, hizo calzar los datos. Así de simple”.
En esa reunión, los miembros del equipo técnico del INE insistieron en que, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, es posible entregar una cifra de población total que considere una cifra de moradores ausentes o de viviendas que no fueron censadas por falta de cobertura. Pero, en ese caso, debe quedar absolutamente clara la diferencia entre esa estimación y la población efectivamente censada. Otro de los puntos que advirtieron fue que, cualquier tabulado posterior, debe hacerse sobre la “población censada” y no sobre la población estimada por falta de cobertura.
Labbé desestimó cada una de las advertencias e incluso exigencias del cuerpo técnico y decidió marginarlo del proceso. Acto seguido, concentró toda la toma de decisiones de la última etapa del Censo 2012 -validaciones e imputaciones- en un reducido grupo de tres asesores personales. Fue ese team el que decidió presentar la cifra de 16 millones 600 mil personas como efectivamente censadas, sin precisar que la cifra correspondía a las 15 millones 800 mil personas realmente empadronadas, a la que se sumaron los 600 mil moradores ausentes.
Una prueba de ello está en la respuesta que entregó el jefe del Censo 2012 del INE, Eduardo Carrasco, a la jefa de los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan), Carolina Casas-Cordero, el pasado 5 de abril (ver correos).
Su pregunta fue precisa: “El día de ayer me pareció escuchar al ministro Longueira decir que los resultados entregados sobre el Censo 2012 corresponden a una “muestra censal”, que los resultados definitivos serán entregados en un año más, y que por lo tanto, no se podrían realizar -a partir de los resultados entregados ayer- estimaciones de PIB per cápita, entre otros. Revisé el documento “Resultados XVIII Censo de Población y Vivienda” y no encontré ninguna referencia que indique que los resultados publicados hayan sido estimados a partir de una muestra. Tal vez interpreté mal el comentario del ministro. 1. ¿Me puedes aclarar si la fuente de los datos publicados corresponde al total de las viviendas censadas (4+ millones de viviendas) o corresponde a una muestra del total de las viviendas censadas?”.
La respuesta de Carrasco fue categórica: “Con respecto a tus consultas del correo adjunto, las respuestas son las siguientes: 1.- Los datos entregados y publicados el día martes 2 de abril corresponden al total de viviendas censadas, es decir, son los resultados oficiales del Censo 2012. 2.- Lo que se tendrá a fines de año, una vez determinada la omisión censal, son las nuevas Proyecciones de Población por sexo y grupos de edad para total país, región, provincia y comuna, y que son las que se deben utilizar para el cálculo del PIB per cápita. Lo anterior fue lo que señaló el señor ministro de Economía Pablo Longueira”.
La afirmación de Carrasco, de que los datos entregados y publicados “corresponden al total de viviendas censadas, es decir, son los resultados oficiales del Censo 2012”, no hacen más que ratificar que las cifras abultadas han sido presentadas como las cifras oficiales y definitivas.
Esa manipulación a la cifra global, provocó una cadena de errores. Como las tabulaciones para sacar otros indicadores, por ejemplo, la fecundidad no declarada en mujeres en edad fértil, bajó de 1.100.000 a sólo 200.000. Lo mismo ocurrió con la cantidad de hogares donde el “jefe de hogar” es un hombre y existe servicio doméstico puertas adentro, que subió de 2.228 hogares a 16.206. En el caso de jefas de hogar mujeres con servicio doméstico puertas adentro, el dato inicial era de 20.670 y bajó con la fe de erratas a 7.637.
Una cifra para la cual no hay ninguna explicación hasta ahora es la del 45% de inmigrantes con estudios superiores. A pesar de que la cifra hace ruido usando sólo el sentido común sobre la ola migratoria de los últimos años, existen serias dudas entre los expertos de si se construyó la variable –indispensable- para obtener un resultado más exacto o simplemente la cifra se desprende de un tabulado directo de la pregunta 28 del Censo.
Las tres fe de erratas, cada una con varias correcciones (3, 9 y 22 de abril – ver nota de prensa), que ha debido realizar el INE desde que entregara las cifras del Censo 2012, el 2 de abril pasado, le han dado la razón a su equipo técnico: no era posible agregar datos estimados a la base de datos principal del Censo. Porque tal como ellos lo advirtieron, los datos erróneos ensucian el diseño y ejecución de todas las políticas públicas, las que se verían afectadas por un efecto dominó distorsionador de la fotografía que se supone es la más exacta de la sociedad chilena. Y que, además, debe durar diez años.
Esos errores metodológicos, como la supuesta “pérdida” de más de 200 mil hombres en las cifras oficiales, afectan al propio Presidente de la República, y al ministro de Economía, Pablo Longueira, quienes sin tener conciencia de los errores estadísticos, anunciaron desde el Cerro Santa Lucía, el 2 de abril, las cifras oficiales del Censo 2012.
Los 200 mil hombres “perdidos” bien podrían corresponder a uno de los aspectos más polémicos de este Censo: las omisiones. Un informe hasta ahora desconocido (ver documento), elaborado por el consultor internacional en Demografía, Eduardo Arriaga, sobre la base de datos de las 16 millones 600 mil personas, estimó una omisión censal de 4,8% aproximada, una cifra muy alta para los estándares promedio. Y eso que nadie le advirtió que la cifra incluía la estimación de moradores ausentes.
La alta omisión que registró el Censo 2012, tiene para uno de los mayores expertos del INE en estadísticas sociales un claro significado:
-Se debe a que el levantamiento fue muy mal diseñado y como tienen que construir una imputación muy a la rápida, que pasa a llevar todas las recomendaciones metodológicas del Celade (Centro Latinoamericano de Demografía), ello ineludiblemente redunda en una alteración de la estructura de población.
LA ENTRELINEA DESCONOCIDA DEL IPC
El cuestionamiento a la hasta ahora sólida institución pública -la que entrega el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cifras de seguridad ciudadana y de empleo, entre otras- irrumpe en los precisos momentos en que ésta estaba a punto de lograr la tan ansiada independencia y autonomía a través de una ley que la normara. Un hito que se uniría a la celebración de sus 170 años. A menos de una semana que la Comisión de Economía del Senado inicie la votación de la idea de legislar, la manipulación del Censo 2012 así como los cuestionamientos al IPC, presagian una turbulenta discusión parlamentaria.
Al igual que con el Censo, y tal cual lo pronosticó el equipo técnico del INE hace unos meses, las objecciones a la precisión del IPC terminaron por estallar. Hacía ya algún tiempo que el mercado evidenciaba síntomas de nerviosismo al respecto. Y se entiende: el IPC es la herramienta con la que se calcula la inflación, la UF, los arriendos, dividendos, variación de sueldos y otros indicadores financieros. Al interior del INE estaban conscientes de qué había problemas con el IPC. Los testimonios recogidos por CIPER indican que éstos se arrastran desde 2011 y que ya en 2012 se hicieron algunos ajustes metodológicos. Pero los problemas persistían.
Durante un año se trabajó en el INE en determinar con exactitud la raíz del problema. Hasta que llegaron al convencimiento de cuál era la causa del problema en el ítem “vestuario”. Y trabajaron en la solución, un cambio metodológico que fue conversado con el Banco Central y con un operador del mercado antes de presentársela al director. Siempre teniendo presente que se hacía necesario un ajuste más profundo al momento de cambiar los componentes de la canasta.
La idea del equipo técnico era anunciar los cambios de este “ajuste de temporada”, como lo llamaron, el 1 de abril y llamar a un comité técnico externo para mostrárselos, y así contar en agosto de 2013 con un nuevo IPC. Pero el plan se desmoronó: el director rechazó tajante la existencia de problemas metodológicos y también se negó a convocar a un comité externo técnico. Una idea que refrendó en entrevista con Que Pasa, cuando afirmó “la metodología del IPC es perfecta”. Trece días más tarde, cuando ya distintos actores del mercado advertían del problema e incluso El Mercurio lo abordó en su editorial del miércoles 24 de abril, Labbé asumió la duda sobre su precisión, aceptando que una comisión de expertos revise su metodología. En entrevista con el mismo periódico, afirmó: “Sin la caída del IPC que provoca el precio del vestuario, la inflación en 2012 en lugar de 1,5%, habría sido de 1,9%”.
Un economista del INE, especialista en IPC, afirmó a CIPER:
-Lo que ha dicho el director en esa entrevista es muy grave tanto para el Ministerio de Hacienda como para el Banco Central, porque el órgano oficial de la estadística en Chile no puede cuestionar la cifra oficial del IPC que la misma entidad que dirige sancionó. Podría dar origen a demandas de cualquier inversor institucional por daños económicos. ¡Qué irresponsable!
En la extensa entrevista con El Mercurio (24 de abril), Labbé por primera vez se hizo cargo de los cuestionamientos al IPC al admitir diferencias reales de hasta cuatro décimas de punto porcentual. Sus dichos están generando gran ruido en el mercado, al ratificar los cuestionamientos metodológicos ya expresados por el BCI, Géminis y por economistas como Eduardo Engel y Jorge Selaive, quien sostiene que el INE puede estar utilizando precios de productos desactualizados, subestimando la inflación anual en 1,5 puntos porcentuales.
LA CARTA DE LOS 11
En medio del cuestionamiento público tanto por la precisión del Censo como del IPC, se conoció una carta firmada por 11 de los 14 jefes técnicos operativos y de infraestructura estadística del INE. La suscribieron el 17 de abril, un día después del despido “por temas de feeling” de la subdirectora técnica, Marcela Cabezas. La carta evidenció la magnitud de la enfermedad que hoy paraliza al INE.
En la carta, los profesionales detallan los puntos negros de la gestión de Labbé, la que califican como la “amenaza de un retroceso en el manejo de los temas técnicos…, además de generar incertidumbre en relación al resto de los productos estadísticos actuales y a los futuros proyectos institucionales, lo que no es sano para la institucionalidad estadística del país”.
La misiva fue entregada personalmente por los firmantes a Labbé, quienes profundizaron en ese cara a cara sus duras críticas. A diferencia de lo que Labbé informó después, de que se había producido un acercamiento, la sensación que impera en el equipo técnico es que la crisis recién comienza (ver carta).
JÓVENES LÍDERES
Una vez desmantelado el otrora respetado comité directivo del Censo, Francisco Labbé se ha atrincherado junto a sus tres asesores personales: Eduardo Carrasco, jefe del Proyecto CENSO; el jefe comunicacional del INE, el ingeniero comercial Sebastián Mathews Capetillo; y Maximiliano Raide Prune.
Mathews comenzó el 27 de octubre de 2010 su relación contractual con el INE, recibiendo honorarios por $1.503.300. Sus ingresos han aumentado año a año por lo que hoy registra $3.678.667 al mes (ver documento). Maximiliano Raide (31 años) no aparece en ninguna dotación del INE a pesar de que goza de todos los privilegios de los miembros de la plana ejecutiva. Por ello, no fue posible encontrar sus honorarios en Gobierno Transparente. Sin embargo, la investigación de CIPER indicaría que sus honorarios actuales, que alcanzan a $3.900.000, se le pagan a través de contratos con dos de sus cercanos: su hermano Juan Pablo Raide, quien recibe honorarios por $1.674.001, pero que nadie conoce en la institución; y Antonio Hartmann Ramírez, quien recibe $2.225.522 como asesor económico, aparece sin título profesional en Gobierno Transparente en el año 2012, aunque el 2013 se registra como ingeniero comercial. También es un “fantasma” en el INE. Los informes de actividades de ambos son visados mensualmente exclusivamente por el director.
En 2012, Raide habría recibido honorarios por $3. 896.000, a través de otros dos contratos triangulados a nombre de Constance Pooley Toplai, relacionadora pública, con $1.670.111 por mes; y el mismo Hartmann, con honorarios que ascendieron en 2012 a $2.225.522.
Raide, quien tampoco tiene título profesional y que registra estudios de Derecho en la Universidad de Los Andes, habría recaudado más de $90 millones en estos dos años de asesoría a Labbé. A pesar de que sigue siendo un misterio la razón por la que no ha firmado contrato en el INE; su rol de asesor del director lo exhibe profusamente, al menos hasta hace pocos días. En Linkedin, registró ser “asesor Director en INE”. En la reciente actualización que hizo a su perfil, eliminó esa función en el INE.
Es muy probable que esa repentina decisión obedezca a la investigación que se inició al día siguiente de la carta de los 11 jefes del INE, por la filtración de las cifras del Censo a El Mercurio el día antes de la entrega oficial. Una “fuga” que fue denunciada por la entonces directora de Comunicaciones del INE, Marcela Martínez, al director Labbé, en mail del 1 de abril pasado, en el que afirma: “Lamentablemente, y tal como le anticipé después de la reunión que tuvimos en La Moneda, El Mercurio publicará cifras del Censo mañana. Acaban de llamarme para confirmar varios datos. Yo no confirmé nada y nunca he entregado información. Dentro de los datos me llamó la atención que estaba la cifra de cobertura. Esa cifra la sacamos de sus palabras en la presentación debido a que usted mismo me pidió eliminarlas”.
La preocupación por la filtración de datos del Censo también fue motivo de inquietud en La Moneda. Así lo prueba el correo enviado por María Irene Chadwick, encargada de Contenidos de la Presidencia, al director del INE, a la asesora del director Mariana Alcérreca y a Marcela Martínez, el mismo día de la entrega de los datos por el Presidente. Allí se lee una línea corta y precisa: “¿Quién pasó los datos del Censo a los diarios?” (ver correo).
Juan Radrigán, jefe del Departamento de Infraestructura del INE, envió un mail a la plana directiva del INE pidiendo la instrucción inmediata de un sumario por la filtración de datos a El Mercurio. Días más tarde, e inmediatamente después de haber exigido a su vez que se hiciera esa investigación interna, Marcela Martínez, simpatizante del gobierno de Piñera, fue despedida sin previo aviso. En el INE todos alabaron su profesionalismo.
No es la misma percepción que se recoge en las oficinas del INE cuando se habla de Maximiliano Raide. Por no estar sujeto a contrato en el INE, Raide no firmó la declaración de confidencialidad de los datos del Censo que todos los funcionarios que tuvieron acceso a ellos debieron firmar. Sí lo hizo su amigo Sebastián Mathews, quien por estos días, y según constató CIPER con funcionarios del INE, ha intentado por todos los medios recuperar el documento que suscribió.
Tanto Raide como su amigo Antonio Hartmann forman parte de Jóvenes Líderes, organización creada por Raide e integrada por estudiantes ABC1 quienes desde mediados del 2000 cenaban con prominentes personajes, políticos y empresarios, como Ricardo Claro, Cristián Larroulet o Sebastián Piñera para intercambiar opiniones sobre la contingencia. Por esos años, Raide destacaba en algunas revistas chilenas como la mezcla perfecta entre lobista bien contactado y ejecutivo joven.
A los 25 años, en revista Capital, aseguraba que cumplidos los 30 años debería tener resuelto si sería un empresario, un ejecutivo o un hombre público. Hasta ahora aparece más inclinado a lo último. Así lo muestra la foto que registra el momento de la entrega de los resultados preliminares del Censo 2012, donde figura en la testera junto a su jefe y amigo, Francisco Labbé, Eduardo Carrasco y Sebastián Mathews.
EL ROL DE VOX COM
Además de sus tres estrechos asesores, Labbé ha enfrentado los avatares del Censo y de esta crisis institucional con el apoyo de Vox Comunicaciones, agencia de la que Gabriele Lothholz es socia y gerenta general. Hasta febrero de 2010, el candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne, tuvo una participación en Vox Com, a través de Inversiones e Inmobiliaria Kos Limitada. Pero una vez que Piñera le ofreció ser ministro de Minería vendió sus 275 acciones, según registra su declaración de patrimonio. Lo anterior no ha impedido que siga ligado a esta agencia estratégica. Profesionales del INE y de fuera de la institución aseguran que una llamada del ex ministro fue clave en la decisión de Labbé de quedarse con la asesoría comunicacional de Vox Com para las actividades del Censo, desechando la propuesta entregada por la agencia de Cristina Bitar y la presentada por la periodista Isabel de Gregorio durante el segundo semestre de 2011. Golborne y Lothholz son muy amigos, además de ex socios. Se conocieron en Cencosud cuando ambos eran ejecutivos de la empresa de Paulmann. Gabrielle fue gerente de Asuntos Corporativos entre 2005 y 2009. En 2010, asumió como asesora del Magister de Gestión de la Comunicación Estratégica de la Universidad de Los Andes, la misma en la que estudió Maximiliano Raide. En ese proyecto Vox Com figura como empresa asociada.
Para evitar pasar el contrato por Contraloría, Labbé no hizo licitación: le paga a Vox Com a través de contratos primero con Gabriele Lothholz, su gerenta y dueña, la que recibió en 2011 más de $27 millones del INE, mientras que en 2012 figura con $33 millones. En diciembre de 2012 se agregó a los pagos para Vox Com la periodista que se hizo cargo de la cuenta del INE en dicha empresa: Carmen Paz Maldonado, a quien se le pagan honorarios por $2.000.000 por media jornada.
Desde hace unos días Carmen Paz Maldonado ha reemplazado a la anterior jefa de Comunicaciones, Marcela Martínez, lo que significa que tiene a su cargo la contingencia y tiene acceso a los principales productos del INE, su patrimonio más sensible para el funcionamiento del mercado. De hecho, la regla número uno de quienes han pasado por comunicaciones en el INE es que las cifras estadísticas no se anticipan nunca a la prensa y las coyunturas deben ser entregadas con horario y calendarios comprometidos anticipadamente.
Por lo mismo, resulta muy complejo que haya una periodista de Vox Com a cargo del manejo de esas cifras cuando entre sus clientes se encuentran empresas como ABCDin, BancoEstado, LAN, la consultora y administradora de fondos Claro y Asociados, Masvida, Metrogas y la Sociedad Chilena del Litio, entre otras.
Fue la misma Carmen Paz Maldonado quien respondió la solicitud de CIPER de entrevista con Francisco Labbé. No fue posible realizarla, dijeron, porque el director del INE se encontraba aún el jueves 25 en Pucón, en una actividad del instituto.
A las críticas que recaen sobre Francisco Labbé por estar desmantelando los equipos técnicos, mala gestión, ignorancia de los productos del INE y de las funciones de sus encargados, así como por haber dado acceso a datos sensibles y estratégicos a gente externa con claros vínculos con el mundo empresarial, además de pagarles por trabajos no especificados sumas que están en los más alto del escalafón, se suma otra contratación polémica. Esta vez no es un cargo en Santiago, sino en la Región del Maule, donde figura el único relacionador público contratado por el INE en regiones. Es el técnico agrícola y primo de Francisco Labbé Opazo, Hernán Opazo, quien percibe honorarios por $1.433.250.
En el discurso público, Labbé ha sido categórico: “Los resultados del Censo 2012 son una poderosa herramienta que permitirá diseñar políticas públicas adecuadas y, con ello, producir avances importantes en la calidad de vida de la población”. Una declaración de principios que hoy se ve seriamente amenazada –con las consecuencias para el diseño de las más importantes políticas públicas- por una manipulación de datos cuyos efectos múltiples recién empiezan a evidenciarse.
El desenlace de esta historia está por verse. Hay quienes aseguran que la gravedad de lo sucedido impone una urgente auditoría para recuperar la base de datos original del Censo, sin datos erróneos anexados y así parar la cadena de desaciertos. Otros indican que ya es tarde porque tanto en Chile como en el extranjero ya miran de reojo el Censo, el IPC y comienzan a hincarle el diente a otros productos del INE. Para muchos sin embargo, incluidos economistas y especialistas del mundo académico, hay que actuar urgente para recuperar sus equipos y salvar al INE de la crisis. Una decisión que está en manos del ministro Longueira, quien acaba de inaugurar en Pucón la XII Conferencia Estadísticas de Las Américas, con Francisco Labbé en la testera.
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Aunque no está clara la veracidad de la denuncia, algunos datos cuadran y hacen creer a Del Pozo que la “persona externa” es Armando Romero. Al mes de haberse cerrado el proceso, Romero efectivamente compró una camioneta Hyunday Santa Fe, cuya tasación fiscal supera los $12,4 millones. Su valor comercial es mucho mayor. Tiempo después comenzaría su “carrera empresarial”. Entre octubre de 2013 y junio de 2015 creó cinco empresas. Una de ellas lo vincula con el jefe de proyecto de Techno Innova, Marcelo Riffo Sáez, con quien el 7 de mayo de 2014 se asoció para crear la firma Consultoría e Ingeniería Energética, que partió con un capital de $5 millones (ver estatutos).
El vínculo entre Raise y Renca sigue siendo cercano. El de Cristian Aránguiz Rivera, ex gerente de Finanzas en Raise, es un nombre que constantemente se repite como asistente en las sesiones del concejo municipal. Aránguiz dijo a CIPER que lleva cinco años con contratos a honorarios en el municipio como apoyo en la coordinación del Programa de Recuperación de Barrios, pero no figura en los registros de personal en el sitio web de Transparencia Municipal. Concejales y empleados municipales consultados por CIPER reconocen a Aránguiz como un funcionario de SECPLA, y por pertenecer al círculo íntimo de la alcaldesa Barahona. Una relación que habría sido clave para que Raise lograra adjudicarse varios de los contratos que ha obtenido en la comuna.
El 31 de enero de 2014, Vicky Barahona sometió a votación ante el concejo la adjudicación del proyecto para renovar con tecnología LED el 95% del alumbrado público de Renca (ver acta). Dos días antes, la comisión evaluadora había emitido su informe: con 83,3 puntos, Chilectra no tenía nada que hacer contra la puntuación perfecta de 100 puntos que le dieron a LG. El contrato dio 210 días para concretar la instalación de 10.941 luminarias y comprometió más de $4.885 millones del presupuesto municipal, que se pagarían en cuotas mensuales durante 10 años. Antes de votar, Barahona cedió la palabra. Ninguno de los ocho concejales presentes habló. “Votación: Se aprueba por unanimidad”, registra el acta.
Fueron precisamente esas casas ocupadas pero con moradores ausentes el foco principal del conflicto. Porque el análisis indicaba que con los datos a la vista, iban a quedar a lo menos 600 mil personas sin censar. Una cifra que no se condice con el “mejor censo de la historia” en cobertura. Uno de los jefes técnicos del INE, afirmó a CIPER: “Y como el director quería llegar a un 2% de omisión, y no fue así, hizo calzar los datos. Así de simple”.
Una vez desmantelado el otrora respetado comité directivo del Censo, Francisco Labbé se ha atrincherado junto a sus tres asesores personales: Eduardo Carrasco, jefe del Proyecto CENSO; el jefe comunicacional del INE, el ingeniero comercial Sebastián Mathews Capetillo; y Maximiliano Raide Prune.
